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Más de 20 organizaciones denuncian irregularidades y vulneraciones contra familias y niños por los servicios de protección del menor en la Comunidad de Madrid

Reclaman que se abra urgentemente el debate parlamentario, se escuche antes a los colectivos implicados en la defensa de los menores tutelados y que las autoridades intervengan en vez de encubrir las prácticas descritas

Juan Carlos Ruiz
Juan Carlos Ruiz
Periodista y Licenciado en Ciencias de la Información
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análisis

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Los colectivos firmantes del documento sostienen que ya son demasiadas las evidencias documentales y los testimonios sobre «las permanentes, y muy graves, vulneraciones de derechos fundamentales, todas susceptibles de responsabilidad penal». Se trata de hechos, dicen, que cada día se repiten en los Centros de Atención a la Infancia (CAI), contratados por el Ayuntamiento de Madrid y por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.

Recordemos que algunos de los 12 CAI de Madrid están adjudicados a la empresa GRUPO 5 Acción y Gestión, que durante estas semanas soporta una huelga indefinida de sus trabajadores «debido a las irregularidades que comete contra ellos. Mucho se habla de sus vulneraciones en lo laboral, y muy poco de sus prácticas que vulneran derechos fundamentales de familias, en connivencia con la Comisión de Tutela», órgano autonómico del Servicio de Protección de Menores de la consejería de Familia, Juventud y Política Social de Madrid, denuncian las organizaciones.

En el resto de CCAA se encargan las gerencias territoriales de Servicios Sociales y las Direcciones Generales de Familia e Infancia. Dentro del Ayuntamiento de Madrid, «tales abusos no son reconocidos por la directora general de Familias, Infancia, Educación y Juventud».

Rendición de cuentas

Critican que no exista apenas «ningún tipo de rendición de cuentas, pues ni se publica quiénes son los funcionarios que viven de retirar hijos a las familias madrileñas, ni por distritos ni por localidades».

Por otro lado, manifiestan que resulta imposible desde fuera de la Administración autonómica verificar «si los fondos europeos que deberían ir destinados a las familias y a niños en situación de vulnerabilidad están llegando a los mismos, al pasar primero por la criba y los planes de negocio de ciertas fundaciones, supuestas ONG y asociaciones con demasiado ánimo de lucro no declarado, así como de empresas del Tercer Sector». Y ponen en el punto de mira a la Plataforma del Tercer Sector de Madrid como «un claro ejemplo de estas prácticas, así como las plataformas del Tercer Sector correspondientes al resto de Comunidades Autónomas».

No obstante, desde la Plataforma del Tercer Sector de Madrid indican a Diario16 que no tienen nada que ver «con las actuaciones que se nombran en el artículo». Aclaran que «nosotros simplemente somos red de unión entre las organizaciones madrileñas, pero no formamos parte de esa problemática y mucho menos somos un claro ejemplo de esas prácticas. En el trabajo que hace la Plataforma de Infancia nosotros no entramos en absoluto. Además, nunca hemos tenido noticias de estas organizaciones con respecto a la reclamación que hacen».

En este sentido exigen que se esclarezca «si las habituales maniobras de estas entidades que se lucran de forma desmedida a través de las tutelas forzadas desde los Servicios Sociales, constituyen presuntos delitos de fraude y malversación de fondos públicos«. Además critican su discurso sobre la “protección de las personas vulnerables”, lo que califican de «marketing falaz y encubridor de sus abusos».

Asimismo, tampoco se proporciona «información detallada sobre los beneficios, prácticas y deficiencias de las empresas que tienen externalizada la atención a la infancia y a las familias. Algunas de estas empresas vienen listadas en el VI Plan de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Madrid (2020-23)».

Ocultación de datos personales de técnicos

Cada vez que la Comisión de Tutela cita a padres y madres, aseguran que «lo hace ocultando el nombre y apellidos del técnico que se encarga de la citación y de cada expediente. De esa manera, las familias no pueden defenderse contra el técnico ni el resto de trabajadores sociales que lleven su caso», lo que califican como «un grave incumplimiento de la ley de Procedimiento Administrativo Común«, que establece la obligación para los funcionarios de identificarse al completo, como forma de responsabilizarse de las gestiones en las que participan.

La citada ley también establece que los ciudadanos tienen derecho a recibir sus citaciones en soporte escrito, además del electrónico. «Es diaria la ausencia de soportes escritos en las citaciones de los Centros de Atención a la Infancia, que no dejan constancia firmada de la asistencia de los llamados a las mismas, quedando estos indefensos para probar su asistencia».

Este mismo tipo de irregularidad se estaría cometiendo «en las empresas y organismos que gestionan los acogimientos y las visitas, cruelmente supervisadas (las visitas se interrumpen si hablan en su idioma materno o si los niños se quejan del trato recibido, o si los padres explican la verdad de lo que están sufriendo), de la familia biológica a sus hijos: a los padres y madres se les cita con una llamada telefónica, a sabiendas de estar incumpliendo la ley 26/2015 y su modificación del artículo del Código Civil 172 ter, punto 2.

“Se buscará siempre el interés del menor y se priorizará, cuando no sea contrario a ese interés, su reintegración en la propia familia y que la guarda de hermanos se confíe a una misma institución o persona para que permanezcan unidos. La situación del menor en relación con su familia de origen, tanto en lo que se refiere a su guarda como al régimen de visitas y otras formas de comunicación será revisada, al menos cada seis meses.”

Empresas que separan a hermanos en diversas familias de acogida

Una de las empresas que gestionan los acogimientos en Comunidad de Madrid es Trama.org. En conjunción con Comisión de Tutela, «Trama separa habitualmente a los hermanos en distintas familias de acogida, de la misma forma que en los centros de menores, los hermanos son separados en pabellones o instalaciones distintas, con prohibición expresa por parte de los directores de los centros de que no se atrevan a relacionarse». Y de todo esto no se deja ninguna documentación, afirman: «sólo la policía y la Fiscalía en sus entrevistas a niños podrían detectarlo y documentarlo, teniendo en cuenta los testimonios de madres y padres. O directamente, los hermanos son destinados a distintos centros de menores. Esto multiplica su sufrimiento e indefensión».

Asimismo, denuncian que «cuando los padres van a las visitas, es habitual que reciban toda clase de desprecios, chantajes, calumnias y coacciones por parte de los educadores, los trabajadores sociales, los psicólogos y los directores de los centros que, entre todos, separan a numerosos hermanos de por vida en España».

Consideran que es urgente analizar las responsabilidades de este tipo de gestiones y depurar las que se hayan dado desde la coordinación de Centros de Protección. A este respecto vuelve a salir a la palestra el Caso Sana, donde la policía detectó prostitución de menores tuteladas en centros de la Comunidad de Madrid «que tienen que dar muchas explicaciones. Las menores prostituidas eran obligadas a residir en los centros de Hortaleza (gestión de la Agencia Madrileña de Asuntos Sociales) y en el tristemente conocido centro Picón del Jarama, cuya gestión está externalizada a la empresa Grupo Norte, y del cual las asociaciones de familia han venido avisando sobre las graves vulneraciones allí cometidas».

La propiedad de las empresas implicadas en todas esta situaciones «se oculta a cuantas personas intentan averiguarla. Es demasiado fácil para grupos de presión financiera y sectas religiosas en nuestro país cambiar cada cierto tiempo los nombres de sus empresas, incluso ir cerrándolas conforme las abren nuevas para seguir con el mismo negocio heredado del franquismo», aseveran.

Régimen de visitas en acogimiento familiar

Las visitas a los menores tutelados en familias de acogida en familias, aseguran que es otro terreno lleno de incumplimientos, «pues no se dan a las familias que sufren el arrancamiento de sus hijos documentos que aclaran un régimen de visitas cuando sus hijos están en acogimiento familiar o residencial, pudiendo pasar meses y meses sin verlos. Claramente, se obstaculiza al máximo la reintegración familiar en beneficio de las empresas, públicas y privadas, del llamado “acogimiento”, todo un eufemismo para hablar de los arrancamientos de hijos«.

Llamada de atención a la Fiscalía de Menores

La revisión de los casos, de la situación de los menores, que debe ser revisada por la Entidad Pública, no se lleva a cabo «ni cada seis meses ni cada año. Sencillamente, no se revisa hasta la mayoría de edad de los hijos tutelados, a no ser que la familia verdadera, la biológica, gane el caso en los tribunales». Por ello, creen que es «una gravísima inacción de la Fiscalía de Menores, una absoluta dejadez de los casos en que los fiscales de protección de menores no obran con la debida diligencia. La inspección individualizada y personalizada de cada niño entrevistado fuera de la injerencia del director del centro de menores o del director de la empresa de acogimientos, no se produce. Es habitual que los niños reciban amenazas y presiones si se atreven a declarar contra la empresa de tutelas».

Las garantías de defensa del ciudadano no se respetan

En las entrevistas a familias, los Centros de Atención a la Infancia y trabajadores sociales de otras empresas u oficinas de Servicios Sociales, no estarían respetando las garantías de defensa de todo ciudadano. «Se prohíbe la toma de acta de la reunión. Se prohíbe que las personas vayan acompañadas, ni de otros individuos de su confianza, ni de abogados. Se les requisa el teléfono móvil para que no puedan grabar las entrevistas bajo la amenaza de que son la Administración y pueden proceder como estimen”.

Cuando padres y madres solicitan copia de los informes que esos trabajadores sociales, educadores o psicólogos sociales emiten sobre ellos, se les niegan: “El CAI no da informes a particulares, solo los damos a Comisión de Tutela o al juez…”, afirman. «Es un incumplimiento descarado de la ley de Procedimiento Administrativo Común, que establece el derecho de todo ciudadano a tener copia de sus expedientes y documentos de la Administración».

Familias psiquiatrizadas con informes favorables de la Seguridad Social

Durante estas entrevistas, los técnicos rehúsan identificarse con sus dos apellidos, «amenazando si son requeridos para ello» y mantienen que se produce maltrato institucional: «las familias soportan coacciones, amenazas, chantajes, son obligadas a aceptar calumnias y falsedades como condición para recuperar a sus hijos, son psiquiatrizadas cuando en realidad disponen de informes de la Seguridad Social acreditando su salud psíquica».

Lejos de esto, no se realizan Planes de Mejora Familiar, «necesarios para justificar y trabajar la vuelta de los hijos arrancados a sus familias». Los propios abogados certifican que esto casi nunca se cumple. «Las entrevistas en los CAI o en las oficinas de Servicios Sociales son usadas exclusivamente para investigar a las familias, pero no para su mejora. A las familias no se les entregan dichos planes, Comisión de Tutela tampoco los exige. Fiscalía de Menores tampoco los exige. Los jueces tampoco los exigen».

Retirada de recién nacidos

Las retiradas de recién nacidos se dan en todos los hospitales públicos de todas las Comunidades Autónomas. «Las propias trabajadoras sociales sanitarias se encargan de ello personalmente. No dejan a las madres que acaban de parir a sus hijos tenerlos en sus brazos ni un segundo. Los directores de hospitales se lavan las manos, así como los responsables de las consejerías de Sanidad y sus coordinadores territoriales». Así, las madres no tienen ninguna protección en los hospitales «en un momento tan vital como el del parto. Incluso se traspasan informes de las mismas de una Comunidad a otra aprovechando el artículo 22.quater de la ley 26/2015».

No solo se retiran hijos recién nacidos, se retiran niños y adolescentes de toda edad en los hospitales españoles, «con denuncias falsas y contrariando los informes médicos positivos hacia el buen trato que la familia dispensa a sus hijos, así como los relativos al buen estado de salud de los mismos. Los propios médicos y facultativos quedan perplejos ante las retiradas. Además, se quejan de que las trabajadoras sociales sanitarias disfrutan de un acceso a historiales médicos y de todo tipo mayores que los de los propios médicos. Estas retiradas se efectúan traicioneramente aprovechando un descanso de los padres, su comparecencia en un despacho, o delante del mismo personal médico y de los padres».

Muchas madres después de sus partos «sufren el acoso de los CAI u otros Servicios Sociales centrados en Infancia. Se inicia un proceso de investigación forzada, sin su consentimiento, soportando toda clase de amenazas, desprecios y coacciones», apuntan. «Si no han encontrado suficientes excusas para la retirada de los hijos en sus primeros años, la fiscalización hacia estas madres continúa durante los años de la Educación Infantil y Primaria de los niños, hasta encontrar una ocasión que les parezca propicia, por más que legalmente sea insuficiente».

Padres y madres solteros

En casos de padres y madres solteros, divorciados o viudos, Servicios Sociales también ejecuta «retiradas injustificadas, alegando falta de apoyo familiar y afirmando falsamente que carecen de habilidades parentales, cuando no lo demuestran fácticamente, sino que sólo hay afirmaciones subjetivas de los técnicos escritas en sus informes». Dicen los colectivos que «si tales padres tuvieran esos problemas, la obligación de Servicios Sociales en los CAI es proporcionar apoyo. Lo contrario es maltrato institucional. Aquí no sólo se obvia, sino que se pervierte, el Artículo 39 de la Constitución Española que obliga a ayudar a las familias jurídica y económicamente, mientras que lo que se está haciendo es robar niños de forma institucionalizada».

Frecuentemente, tras unos meses de investigación y de “entrevistas-encerrona”, relatan, «el proceso se salda con la retirada de los hijos. A partir de ahí, es casi imposible volver a recuperarlos. Entre otras causas, porque Entidad Pública y directores de los centros de menores, como tutores legales de los niños, casi nunca están dispuestos a informar de forma favorable al derecho del niño a estar en su familia».

Incumplimiento de sentencias e injerencia en decisiones judiciales

Cuando en los juzgados de Familia se ha dirimido la custodia de los hijos hacia un cónyuge, «ocurre que a los pocos días desde los Servicios Sociales se dicta resolución de desamparo sobre los hijos, incumpliendo la sentencia del juez, y quitando los hijos a ambos cónyuges. Lo habitual es que los jueces se laven las manos con mentalidad funcionarial, delegando en los Servicios Sociales a pesar de que éstos contradigan e incumplan sus propias sentencias».

Otra de las irregularidades que estarían cometiendo los Servicios Sociales es el «incumplimiento de las sentencias que dictan la liberación de los hijos arrancados, retrasando una y otra vez su vuelta a la familia, presentando informes falsos, recurriendo una y otra vez en aprovechamiento de su presunción de veracidad, reteniendo a los hijos a no ser que se presente la Policía para sacarlos físicamente del centro de menores o de la familia de acogida».

Revictimización de las mujeres víctimas de violencia machista

En este ámbito, vuelven a tomar protagonismo los Centro de Atención a la Infancia «donde a las madres se les culpa de no proteger de la violencia a los niños, neutralizan e ignoran sus denuncias, les cuelgan sambenitos de obstruccionistas a mujeres a las que atribuyen síndrome de Munchaussen sin demostrar, así como el inexistente SAP (Síndrome de Alienación Parental), aunque quienes sufran la obstrucción sean ellas», explican.

A menudo el CAI o los Equipos Psicosociales «se convierten en el brazo institucional que ejerce la violencia vicaria que desea el maltratador«, pues sus informes «condicionan de forma casi irreversible el veredicto del juez, plasmando prejuicios y estigmas insuficientemente probados», reprochan. También hablan de las muchas pruebas que tienen que tienen que pasar a las madres, «mientras que no se aplican igual al maltratador o les basta su aparente simpatía en las entrevistas. Se fuerza a las madres a ir solas, pero el maltratador puede ir acompañado. Se da un porcentaje mayoritario de mujeres que lo sufren, aunque también hay hombres en esta situación». De este modo, «madres y padres protectores sufren la pérdida de custodia de sus hijos, el incumplimiento de las visitas y de las videollamadas». Mientras, advierten de que «los profesionales de los CAI de GRUPO 5, de ciertas oficinas del Ayuntamiento y de muchos equipos psicosociales carecen de formación en violencia de género, orientación o terapia familiar«.

Datos sin consentimiento de la persona interesada

El documento recoge que a menudo «se abusa del artículo 22.4 de la ley 26/2015, que legisla descaradamente que se recabarán datos sin el conocimiento del interesado cuando la Entidad Pública lo estime necesario. Esto es contrario a los derechos legislados en la Ley de Protección de Datos, en la ley de Procedimiento Administrativo Común así como a los derechos constitucionales. Tal artículo es inconstitucional», zanjan.

Del mismo modo, entienden que «se abusa de los artículos del Código Civil que justifican la retirada de todos los hijos con que solo se dé la retirada de un primer hijo. Esto es algo sangrante, tanto con familias de pocos hijos como con las familias numerosas».

Falsedad en los informes

Los colectivos dicen haber detectado «subjetividad, falta de pruebas, fraude, falsos testimonios, intrusismo profesional, prejuicios, falsas acusaciones y calumnias», en los informes, mientras que por otro lado «retienen ilícitamente documentación legal que corresponde a las familias, como informes, carnet de familia numerosa, reconocimientos que les harían disfrutar de prestaciones sociales, DNI, partidas de nacimiento para impedirles demostrar la filiación, números de Seguridad Social o tarjetas de asistencia sanitaria».

La pesadilla puede empezar en el colegio

En Comunidad de Madrid, muchas retiradas de menores se producen en los colegios, a media mañana, sin dar a los padres posibilidad de despedirse de sus hijos. Pasarán semanas o meses hasta que los vuelvan a ver, siempre vigilados en una sala «sin poder contarse lo ocurrido bajo amenaza de anulación de las visitas».

Los docentes describen que «llega un coche perteneciente al Servicio de Protección del Menor, de calle Manuel de Falla, 7 (Madrid). Los técnicos llegan con agentes de seguridad o policía y sacan al niño de clase engañándolo, con permisividad por parte de la Dirección de los centros educativos, sean escuelas infantiles, centros de Educación Infantil y Primaria o Institutos de Enseñanza Secundaria».

Pobre o nula protección a las víctimas de abuso sexual infantil

Las organizaciones afean a la Comunidad de Madrid, Trama.org y GRUPO 5, «encargados supuestamente de velar por la infancia» que ignoren «en bastantes ocasiones las denuncias de abuso sexual», volviendo a materializarse la denuncia que ya la UE realizó contra a España «por sus deficiencias en la evaluación del ASI, y su posterior protección y tratamiento por organismos públicos, incluyendo la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, ya recogida en la ley 8/2021 LO de Protección Integral de la Infancia frente a la Violencia».

Retiradas abusivas con violencia policial

Las retiradas de hijos abusivas, sin avisar ni notificar, usando la irrupción violenta de Policía en los domicilios, «ocurren también contra niños y familias extranjeros, tanto comunitarios como no comunitarios, con refugiados ucranianos, que tienen su residencia temporalmente en Comunidad de Madrid». En estos casos, se incumple la ratificación de España de los convenios internacionales reseñados en el preámbulo de la ley 26/2015. «De nuevo, la consejería de Familias de Madrid comete abusos en su tutela», denuncian.

Falta de estímulos para el desarrollo

Otra de las contradicciones que ponen de relieve es que, en los centros de protección o acogida, «lo que más falla es precisamente la protección de los niños, como muy bien demuestran la operación policial Sana en Vallecas, los abusos sexuales en estos centros, la laxitud a la hora de controlar la relación de los menores con la droga, forzados a tomar medicación psiquiátrica dañina e innecesaria para que sean fácilmente controlables, el aislamiento respecto a familia y amigos… En definitiva, una total falta de estimulación para su desarrollo».

Parcialidad, ausencia de garantías judiciales y niños con menos derechos que un criminal

En las retiradas de hijos, una única entidad denuncia, investiga, instruye, ejecuta y castiga. Se trata de los Servicios Sociales con su Comisión de Tutela. «La figura del juez es excluida por ley para quitar hijos. Cualquier criminal tiene derecho a un juicio con un juez antes de ser juzgado, los niños en España no. Son encerrados en centros de menores sin garantía judicial».

A fin de que tales vulneraciones no se sigan produciendo, como un fruto más de la nueva ley de Infancia y familias de la Comunidad de Madrid y la nueva ley de Servicios Sociales, «proyectos de ley que prolongan y retuercen los abusos de leyes anteriores sin derogarlas, incumplimientos descarados de la Convención de Derechos del Niño y de más derechos constitucionales», las organizaciones firmantes «reclaman que se abra urgentemente el debate parlamentario escuchando previamente a los colectivos implicados en la defensa de los menores arrancados y de sus familias rotas, que las autoridades intervengan en vez de encubrir las prácticas descritas, cuando no las propician, que los fiscales cumplan su cometido de una vez, que los medios hegemónicos de comunicación dejen de desviar la atención hacia los casos flagrantes de maltrato familiar frente a la gran mayoría de robos institucionalizados de menores para mantener el negocio a costa de su dolor, y que la sociedad en su conjunto reaccione porque esta infamia es la más dañina de cuantas se perpetran actualmente en España, y está organizada desde dentro de las instituciones que tendrían que estar ayudando a las familias en vez de destruirlas para el lucro a su costa, y para colmo desarraigando y adoctrinando a sus niños».

Creen que la que se ofrece como solución ahora que todo empieza a salir a la luz, la acogida por familias ajenas, «es simplemente la reconversión de tan execrable negocio» y piden que son las familias vulnerables «por todo tipo de situaciones o de carencias en un país en el que crece si control la brecha social, a las que urge ayudar a mantenerse unidas y con sus derechos fundamentales intactos, cumpliendo la Constitución en algo más de lo que favorezca a los poderes fácticos».

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2 COMENTARIOS

  1. ¿En que ofendieron a los dioses los madrileñ@s para que les enviase la plaga de Calamidad Ayuso? Todo su historial político, antes de acceder a la presidencia de la Comunidad madrileña era llevar una página virtual del perro de su patrona; con este bagaje accedió a la presidencia. Por eso mi pregunta: ¿En que ofendieron a los dioses los madrileñ@s para que les enviase la plaga de Calamidad Ayuso?

    • LA VERDAD MOINE ES QUE NO LO SE PERO CONOZCO A UNOS CUANTOS QUE VOTARON POR ESTA PERRA GENTE MAYOR Y AHORA SE ARREPIENTEN AY LUIS ME DICEN Y YO LES DIGO OS JODEIS A VEIS VOTARO ALGUNAS VECES HASTA POR IZQUIERDA UNIDA Y AHORA PORQUE PABLO IGLEISA DECIAIS UN RADICAL SER RADICAL ES COMER TODOS LOS TENER TRABAJO CON UN SUELDO DIGNO TENER SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD ETCETC

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