La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) y la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), organizaciones de referencia en el colectivo de personas mayores, que representan a más 2.300.000 mayores, solicitan al Defensor del Pueblo, como Alto Comisionado de las Cortes Generales, la defensa de los derechos de las  personas mayores en las residencias con motivo de la pandemia del coronavirus. 

Son más de 17.000 personas mayores que han fallecido en residencias en los últimos dos meses, por el COVID-19, simplemente por la discriminación de ser personas mayores y ser mayores de 80 años. Como ya sabemos, las residencias no son centros sanitarios que sustituyen a los hospitales y menos a las UCI. Las residencias, lo que sustituyen son los domicilios de las personas mayores, que por diferentes circunstancias familiares, sociales o de dependencia funcional y/o psíquica, se requieren cuidados que no se pueden dar en sus casas y estas residencias se convierten en sus domicilios habituales. 

PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Por este motivo, ambas entidades solicitan a Fernández Marugán, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), ante los derechos humanos y en igualdad de trato, que se atienda en los centros sanitarios a las personas mayores de 80 años como a cualquier otro ciudadano, para combatir cualquier tipo de discriminación y proteger a las personas mayores. 

Ambas organizaciones reclaman en las residencias, donde el personal cuida con cariño y vocación manifiesta a las personas mayores, esté equipado correctamente para poder atender a los mayores infectados por el COVID-19 en las mejores condiciones posibles. Así como, que la coordinación sociosanitaria que no ha funcionado correctamente, disponga de test y de EPI´s necesarios.  

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Directora Diario16.com Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, tras 15 años en medíos de comunicación, creó Comunica2 con su compañero de vida y también periodista, Sergio Arestizabal, para demostrar que otra forma de comunicar es posible. Tras sufrir censura y presiones de los poderes públicos en el ejercicio de su profesión, hoy es libre. Durante años ha asesorado personas y empresas en crisis o injustamente juzgados por la opinión pública y publicada. Hoy tiene el reto de que el Periodismo abra un profundo debate interno sobre cómo recuperar la honorabilidad de aquellas personas a las que por error enturbió su imagen pública. Inconformista y crítica, como debe ser una periodista.

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