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Más de 17.000 mayores fallecen en las residencias por coronavirus en los últimos dos meses

Las grandes organizaciones piden amparo al Defensor del Pueblo por los ancianos aislados en estos centros geriátricos

María José Pintor
María José Pintor
Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco.
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análisis

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La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) y la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), organizaciones de referencia en el colectivo de personas mayores, que representan a más 2.300.000 mayores, solicitan al Defensor del Pueblo, como Alto Comisionado de las Cortes Generales, la defensa de los derechos de las  personas mayores en las residencias con motivo de la pandemia del coronavirus. 

Son más de 17.000 personas mayores que han fallecido en residencias en los últimos dos meses, por el COVID-19, simplemente por la discriminación de ser personas mayores y ser mayores de 80 años. Como ya sabemos, las residencias no son centros sanitarios que sustituyen a los hospitales y menos a las UCI. Las residencias, lo que sustituyen son los domicilios de las personas mayores, que por diferentes circunstancias familiares, sociales o de dependencia funcional y/o psíquica, se requieren cuidados que no se pueden dar en sus casas y estas residencias se convierten en sus domicilios habituales. 

PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Por este motivo, ambas entidades solicitan a Fernández Marugán, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), ante los derechos humanos y en igualdad de trato, que se atienda en los centros sanitarios a las personas mayores de 80 años como a cualquier otro ciudadano, para combatir cualquier tipo de discriminación y proteger a las personas mayores. 

Ambas organizaciones reclaman en las residencias, donde el personal cuida con cariño y vocación manifiesta a las personas mayores, esté equipado correctamente para poder atender a los mayores infectados por el COVID-19 en las mejores condiciones posibles. Así como, que la coordinación sociosanitaria que no ha funcionado correctamente, disponga de test y de EPI´s necesarios.  

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