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Más de 993 ejecuciones en 2017

Óscar Iglesias Fernández
Profesor de Sociología de la UNED
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Hay noticias que deberían tener una tratamiento más extenso y en profundidad, en los medios de comunicación, para informar y formar a los ciudadanos en unos derechos humanos que todos debemos proteger y defender en nuestras vidas cotidianas.

El año pasado, se cumplieron cuarenta años desde que Amnistía Internacional promovió la Declaración de Estocolmo. El primer manifiesto abolicionista internacional sobre la pena de muerte. En aquella declaración, de 1977, se pidió a los gobiernos de todo el mundo que abolieran totalmente la pena de muerte: «Cuando el Estado utiliza su poder para poner fin a la vida de un ser humano, es probable que ningún otro derecho sea inviolable. El Estado no puede dar la vida y no debe atreverse a quitarla.”

Como señaló Víctor Hugo, la pena de muerte es un signo peculiar de la barbarie. Barbarie, en forma de decapitación, de ahorcamiento, de inyección letal, de ejecución por gas, de fusilamiento o de lapidación. Barbarie, en forma de angustia y sufrimiento desde que condenan a una persona;  y en forma de incertidumbre diaria, hasta que finalmente conoce cuando le van a ejecutar o si le conmutan la pena.

Por eso, es una buena noticia que la barbarie se esté reduciendo, aunque más lentamente de lo que sería necesario. En concreto, durante el año 2017, las ejecuciones y las condenas a muerte han disminuido en el mundo por segundo año consecutivo, tras alcanzarse máximos históricos en el año 2015.

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Así, durante 2017, se registraron 993 ejecuciones en 23 países, frente a las 1.032 ejecuciones de 2016. O las 1.634 del año 2015, donde se produjo la cifra más alta desde el año 1989, según Amnistía Internacional(AI). Estos datos, suponen reducciones del 4 por ciento entre los años 2017-2016, y del 39 por ciento, si se compara 2017 con 2015.

Si nos centramos en las condenas a muerte. En el año 2017, AI registró 2.591 condenas a muerte en 53 países, un importante descenso respecto a la cifra récord de 3.117 condenas a muerte registrada en 2016. Todas estas cifras, muestran una esperanzadora tendencia global hacia la abolición de la pena de muerte. Ya son 106, los países que han abolido la pena de muerte.

Pero la disminución de las ejecuciones y la condenas, tiene un matiz que  no se debe pasar por alto. Todas estas cifras, que son vidas de personas, no incluyen las miles de ejecuciones perpetradas en China. Un país, donde los datos sobre las ejecuciones están clasificados como secreto de Estado.

Es necesario seguir avanzando hacia el fin de la pena de muerte. Y para que ese final llegue antes, hay que informar y formar a los ciudadanos para que sean exigentes con sus gobiernos. Para que exijan que la integridad de las personas esté por encima de unas exportaciones y unas balanzas comerciales, que hacen que en muchas ocasiones se mire hacia otro lado.

Sabemos, por Amnistía Internacional, que cuatro países (Irán, Irak, Arabia Saudí y Pakistán) concentran el 84 por ciento de las ejecuciones conocidas en el mundo. ¿Por qué no hace nada la comunidad internacional? ¿No les parece grave que Irán concentre el 51 por ciento del total de ejecuciones? ¿O que las ejecuciones en Irak  hayan aumentado en un año un 42 por ciento, de 88 en 2016 a más de 125 en 2017?

Sabemos, que las cifras de ejecuciones en Irán, Arabia Saudí y Pakistán han disminuido: el 11% en Irán, el 5% en Arabia Saudí y, de forma más significativa, el 31% en Pakistán. ¿Por casualidad? ¿Por qué?

Sabemos, que existe una fuerte vinculación entre la pena de muerte y la pobreza.  Sí, las personas de entornos socioeconómicos más desfavorables son más condenadas a muerte. Dificultades para defenderse, analfabetismo y bajo nivel educativo, pertenecer a minorías raciales, étnicas o religiosas, se han convertido en patrones para ser condenados en juicios que no cumplen las normas internacionales.

Sabemos, que los avances son posibles, como está sucediendo en el África subsahariana, donde se ha producido un descenso importante en el número de condenas a muertes, y han disminuido de cinco a dos, en el año 2017, los países que han realizado ejecuciones.

Pero, necesitamos saber más, y formarnos mejor como ciudadanos. Para ello, anualmente, debería leerse el informe Global de Amnistía Internacional “Condenas a Muerte y ejecuciones”. Nos informaríamos, nos formaríamos y sobre todo, seríamos más conscientes que es posible acabar con esta barbaridad si somos más activos y exigentes con quienes nos gobiernan.

La abolición de la pena de muerte será una realidad. Consigamos que sea cuanto antes.

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