La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aecosa, ha tenido conocimiento mediante el Sistema de la Red de Alerta Alimentaria Nacional que en la Comunidad Valenciana, las autoridades competentes, han tenido que retirar hasta 490,6 toneladas de productos cárnicos en evidente estado de deterioro. Son cinco empresas las que han visto como sus productos eran retirados y, ahora FACUA Consumidores en Acción pide al Ministerio de Sanidad medidas contundentes y exhaustivas.

Los productos, en su mayoría jamones, chorizo, salami y salchichón, se estaban vendiendo en comercios de la Comunidad Valenciana. De estas casi 500 toneladas, se han retirado más de 4.300 kilos de productos cárnicos loncheados y 363 piezas de jamón y paleta en la cadena Family Cash, según informa la Generalitat.

Asimismo, su almacenaje, en el interior de hasta cinco empresas de esta comunidad autónoma, no contaba con autorización sanitaria ni inscripción en el Registro General Sanitario de Industrias Alimentarias y Alimentos. Además de la falta de garantías sanitarias, presentaban un evidente estado de deterioro.

Ante esta situación, FACUA exige al ministerio de Carmen Montón que aumente los controles de inspección en empresas cárnicas de todo el territorio nacional para evitar que se vuelva a producir una situación negligente de estas dimensiones.

La asociación, en base a la alerta de la Aecosan, recomienda a los consumidores que pudieran tener productos cárnicos curados de las marcas Jamón Bodega Alto de Aitana, Jamón bodega Sierra Gorda, Aire de Mariola, Serranía de Ameta, El Galán, Jamones Croval, Don Enrique y Oro la Ermita en sus hogares, se abstengan de consumirlos.

Además de la retirada de cientos de toneladas, la Consejería de Sanidad Valenciana ha suspendido la actividad de cinco empresas situadas en los municipios de Alzira, Bocairent, Cheste y Real de Montroy y no descarta que la alerta sanitaria se extienda a otras comunidades autónomas.

FACUA solicita a Montón que coordine de manera eficaz las actuaciones de los servicios de Sanidad y Consumo de las diferentes comunidades autónomas para salvaguardar la seguridad alimentaria y salud de usuarios y consumidores. La asociación también reclama mayor transparencia a las administraciones autonómicas en estas materias.

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