El consumo de drogas en las prisiones españolas va camino de convertirse no solo en un problema endémico de imposible resolución, sino en un preocupante asunto de salud pública. Al menos 232 internos murieron por esta causa entre los años 2010 y 2016, según se desprende de los datos facilitados por el Gobierno central a raíz de una pregunta formulada el pasado mes de marzo por Isabel Mora, senadora del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Marea. La cifra resulta alarmante y pone en evidencia la eficacia de los diferentes planes de seguridad que los gobiernos de PP y PSOE han acometido en los últimos años para evitar que sustancias como el hachís, la cocaína y la heroína, además de otras drogas psicotrópicas, sigan entrando en las prisiones.
Fuentes penitenciarias confirman a Diario16 que el tráfico de estupefacientes en las cárceles españolas es “constante y diario”, sin que nadie pueda hacer nada por evitarlo. Por qué se permite y cómo es posible que no se cierre el grifo es la gran pregunta que se hacen los expertos en seguridad. Hoy los internos que quieren consumir pueden hacerlo sin excesivos problemas dentro del penal y además ese tráfico clandestino relativamente fácil ha permitido que pequeños grupos organizados se hayan hecho fuertes en el interior de las cárceles, montando su propio negocio. Estas bandas, si bien no funcionan con el nivel de organización con el que operan en las calles, sí han logrado hacerse con una cuota de mercado que genera ingresos nada despreciables. La conclusión que se extrae es que las prisiones en sí mismas se están convirtiendo en puntos negros de venta de droga,un foco más de delincuencia, arrastrando a cientos de personas a la adicción y a una estadística de muertos que empieza a ser preocupante.
Los datos facilitados por el Gobierno a instancias de Podemos hacen sospechar que no solo se trafica de forma continuada en el interior de los centros penitenciarios, sino que además la droga que se consume suele estar adulterada‒tal como ocurre en los barrios marginales de las grandes ciudades‒, generando muertes por sobredosis.
Los recortes en instituciones penitenciarias, el hacinamiento en las cárceles y la ineficacia de los programas de prevención y rehabilitación de presos toxicómanos son factores que agravan el problema, tal como vienen denunciando desde hace años los sindicatos de prisiones. El consumo de drogas en las celdas no solo está generando problemas de salud pública, sino también de delincuencia organizada.
En el mes de julio, tras la pregunta de Podemos, el Gobierno central reconoció que los centros penitenciarios son “entornos permeables donde existe un flujo importante de movimientos de personas que entran y salen del recinto carcelario,por lo que existen distintas vías que posibilitan que la droga y otras sustancias puedan entrar”. Esas vías, según el Ejecutivo, son la entrada misma en la prisión de las personas cuando son detenidas, los permisos de salida, las comunicaciones y visitas que reciben los reclusos (particularmente aquellas que se realizan sin existencia de una barrea física de por medio), el flujo de paquetes y mercancías en los recintos carcelarios, así como la entrada de distintos proveedores en las zonas de carga y descarga. En aquellos centros que están más próximos a entornos urbanos también se ha detectado que la entrada de droga realiza con lanzamientos desde el exterior, sorteando los muros y las alambradas.
Isabel Mora preguntó en el Parlamento español cuántas aprensiones de droga u otras sustancias prohibidas se han realizado en los centros penitenciarios en los años 2015, 2016 y 2017. Además, reclamó datos sobre los métodos de detección de sustancias prohibidas por comunidades autónomas, prisiones y sexo de los reclusos. Asimismo se interesó por cuáles son las vías de entrada de drogas y otras sustancias en los centros penitenciarios de nuestro país.
Según el Ejecutivo, los métodos de detección implantados “han sido diversos”y van desde actuaciones a través de “registros, cacheos y requisas” hasta controles que se realizan sobre el personal que accede a las comunicaciones y visitas o que entran en el centro por otros motivos. También a través de los registros que se efectúan sobre “vehículos y mercancías, los controles de los paquetes que reciben los internos, los controles que se realizan con perros adiestrados de la Guardia civil, así como las exploraciones mediante placas radiológicas”. Todas estas medidas se han mostrado ineficaces a la hora de impedir el tráfico y consumo de drogas en el interior de las cárceles.
En abril, Podemos volvió a reclamar más información sobre el consumo de drogas en las prisiones españolas, así como información sobre el sometimiento de la persona presa a detección mediante rayos X a fin de detectar la presencia de algún objeto o sustancia peligrosa o prohibida. Además, la formación preguntó si el resultado de las pruebas confirmaban o no las sospechas de la Administración sobre el consumo de sustancias estupefacientes en las prisiones y cuántas de estas pruebas requirieron la autorización de un juez. El grupo parlamentario reclamó datos concretos sobre las veces que los internos son sometidos a pruebas radiológicas de rayos X y su resultado, ya que el abuso de estos test puede provocar “efectos negativos” en la salud de las personas.
En la fotografía sale un porro, nadie se ha muerto nunca de eso. También es difícil morirse de la calidad de la droga, cuando de heroína se habla y fácil si hablamos de adulteración y mezcla con dosis excesivas de metadona, que es la droga que mata más consumida en España, con diferencia. El negocio de la metadona sostiene a muchos empleados de centros de rehabilitación dudosamente legales ya, al amparo de la ley de protección de datos personales, pue si entro en un ambulatorio puedo tener X,Y o Z enfermedad, si me ven entrar en un centro, no hay duda del problema que tengo o yo, o alguien cercano, ya que me han visto la cara, dato más importante de mi persona. La metadona la dan hasta para conducir, aunque esté penalizado por el Código Penal, ellos con tal de cobrar y hacer un «cliente a largo plazo» les es suficiente. La ley que dice que se puede conducir con medicación que hizo el PP del señor Rajoy y el señor Fernández, Ministro del Interior, no exime del resultado de la prueba de la DGT, pues es un estupefaciente y no entra según decenas de sentencias. Si tenemos un accidente, se aplica el Código Penal art. 379.2. A este respecto, entre
otras muchas, la sentencia nº. 9/14 del 29 de Enero de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cuenca nos dice que «tanto la metadona como el trankimazin son sustancias encuadrables en el concepto de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias sicotrópicas que utiliza el tipo del artículo 379 del CP . y que identificamos
con el utilizado bajo una expresión idéntica por el artículo 368 del CP ., aunque no faltan criterios que apuntan que por ser los bienes jurídicos objeto de protección por ambos preceptos totalmente distintos, la expresión delartículo 379 del CP . debería comprender aquellas sustancias que, no estando comprendidas en el concepto de droga tóxica, estupefaciente o sustancia psicotrópica del artículo 368 del CP ., por sus efectos pueda tener una influencia trascendente en las facultades necesarias para la conducción de vehículos. (el subrayado es nuestro).