Marruecos ocupa territorio español

Un informe jurídico de Naciones Unidas ratifica el hecho de que el Sáhara Occidental no está administrado por Marruecos, sino que la potencia administradora es España. Por tanto, según la ONU, Marruecos está ocupando territorio español.

El Reino de España, con su Jefe del Estado a la cabeza, tiene una responsabilidad con el Sáhara Occidental que va más allá de lo sentimental porque, legalmente, el territorio continúa perteneciendo a España y no a Marruecos. Hay un aspecto que en nuestro país se ha pasado por alto: la ONU declaró nulos los Acuerdos de Madrid de 1.975 firmados por Juan Carlos de Borbón por los que se cedía la administración del Sáhara a Marruecos y Mauritania. Esta nulidad es la que provoca que el territorio se encuentre aún entre los dieciséis territorios no autónomos supervisados por el Comité Especial de Descolonización de la ONU.

Fue el Tribunal de La Haya quien negó a Marruecos y Mauritania los derechos de administración sobre el Sáhara Occidental, pero Hassan II decidió invadir el territorio enmascarando una invasión militar como de marcha pacífica de civiles. En aquellos días, el dictador Francisco Franco agonizaba en el Hospital de La Paz y el gobierno español se acobardó ante las amenazas marroquíes. Se enviaron misiones a Rabat para negociar con el rey alauí. Juan Carlos de Borbón, entonces Jefe del Estado en funciones, visitó a las tropas, hecho al que se opuso el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro. Finalmente se autorizó que la Marcha Verde entrara en el territorio, mientras se negociaba el Acuerdo Tripartito de Madrid. En este hecho mucho tuvo que ver el ministro Antonio Carro.

Sin embargo, en ese acuerdo firmado unos días antes de la muerte de Franco por Juan Carlos de Borbón, no se transmitió la soberanía sobre el Sáhara Occidental, además de que España transfirió ilegalmente la administración del territorio a Marruecos y Mauritania ya que el derecho internacional impide que el Estado administrador abandone unilateralmente sus responsabilidades de un territorio no autónomo/colonizado.

En 1976, siendo aún presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro, tras la salida del último contingente español, España comunicó a la ONU que, al haber abandonado el territorio, quedaba exenta de cualquier responsabilidad internacional en relación con la administración del Sáhara y que lo dejaba bajo la ocupación de Marruecos y Mauritania. Este razonamiento estaba basado en los acuerdos declarados ilegales de Madrid de noviembre de 1975. Tres años más tarde, el gobierno mauritano también abandonó la administración por lo que, desde entonces, Marruecos ocupa y administra el territorio a pesar de no figurar como potencia administradora en la lista de la ONU, ya que Naciones Unidas jamás lo ha considerado como tal. Así quedó establecido en el año 2.002 por un informe jurídico firmado por Hans Corell, secretario general adjunto de Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas. Por tanto, el Sáhara Occidental sigue siendo territorio español. Legalmente y en base al derecho internacional España es la potencia administradora y, por tanto, está permitiendo que una nación extranjera ocupe ilegalmente el territorio.

Esta legalidad fue ratificada en el año 2014 por un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el que se afirmaba claramente que «España sigue siendo la Potencia Administradora del territorio, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso, para lo cual debe extender su jurisdicción territorial para hechos como los que se refieren en la querella a que se contrae el presente procedimiento».

El auto añadía, además, que «el estatus jurídico del Sahara occidental en los términos que se indican por el Ministerio Fiscal se corresponde con el que se hace constar en el escrito de fecha 29 de enero de 2002 dirigido al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por el Secretario General adjunto para los asuntos jurídicos, que expresamente se recoge en los antecedentes de la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

En el mismo auto, se reproducen las conclusiones de la Fiscalía respecto al Sáhara Occidental. En primer lugar, el Ministerio Público determina que el territorio era la provincia 53 de España, con representación en las Cortes. En segundo término, el Estado español reconoció en Naciones Unidas su papel de potencia administradora. En tercer lugar, hace referencia a cómo la ONU «ha mantenido una posición uniforme sobre el “Acuerdo Tripartito de Madrid” al dictaminar que el mismo es nulo, sin eficacia jurídica, en consecuencia, siempre ha considerado a España como la Potencia administradora».

Mientras determinados sectores políticos siguen reclamando la soberanía sobre Gibraltar, es destacable el hecho de que España no haga nada cuando legalmente es la potencia administradora del Sáhara. Por esta razón, nuestro país tiene la responsabilidad de exigir a Marruecos que abandone el territorio, con las sanciones que haya que aplicar. Por otro lado, como país soberano España debe hacer cumplir la promesa que se hizo al pueblo saharaui de convocar un referéndum de autodeterminación, ya sea a través de una posición fuerte en Naciones Unidas o en la exigencia a Marruecos de realizar dicha convocatoria.