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El pasado 19 de marzo, Marruecos aprobó un proyecto de ley, el 22.20, que no ha hecho público hasta el 28 de abril. Es ahora cuando se anuncia que debe pasar por el Parlamento.

El proyecto de ley versa sobre la persecución a las noticias calificadas por el gobierno como «falsas». Sin embargo, la nueva medida ha tenido que ser aplazada tras la enorme polémica que se ha generado, ya que desde la oposición y distintos sectores de la sociedad marroquí, temen que se convierta en una herramienta para limitar la libertad de expresión -más de lo que ya está-.

El proyecto de ley está formado por 25 artículos, de los cuales 22 hacen referencia a sanciones administrativas o multas. A través de este texto se permitiría al gobierno poder exigir correcciones en un texto publicado, ordenar la eliminación de contenidos considerados por las autoridades como falsos, bloquear páginas web porque se considere que difunden información falsa o que van contra el interés del Gobierno.

Se prevén multas de hasta más de 4.000 euros, y tres años de prisión.

Se protegen también las marcas, pretendiendo evitar boicots.

Desde el Consejo Nacional de Derechos Humanos, la presidenta Amina Bouayach ha indicado que no han sido consultados para la elaboración de este documento. Tampoco hablaron con el Consejo Nacional de Prensa, presidido por Younes Mujahi.

Para la que fuera presidenta de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, galardonada por la ONU por su defensa de los Derechos Humanos, Khadija Riadi, se trata de «un intento de legalizar las violaciones de los derechos humanos y darles cobertura legal. Esto es un gran ataque a la libertad de expresión en el ámbito digital».

Esta misma semana fue detenido el vicepresidente de la organización pro Derechos Humanos por sus publicaciones críticas en Facebook. Fue detenido y tuvo que pagar una fianza de casi 1.000 euros para ser puesto en libertad.

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