Su nombre no ha aparecido en las quinielas públicas que se han filtrado hasta ahora, pero parece ser el que más fuerza tiene en estos momentos.
Fernando Grande-Marlaska, actual ministro de Interior en funciones, podría ser quien asumiera la cartera de Justicia en un momento en el que este ministerio tendrá una importancia fundamental.
Otros han sido, sin embargo, los nombres que se han hecho públicos como opciones para asumir la cartera que hasta ahora ha estado en manos de Dolores Delgado.
Gabriela Bravo es uno de los nombres que han sonado con más fuerza hasta ahora, aunque todo apunta a que podría ser ella misma quien se hubiera descartado. Es actualmente consejera de Justicia y Reformas democráticas del Gobierno de Valencia. Ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2008 y 2013. Es fiscal y en 2005 ingresó en la Unión Progresista de Fiscales, de la que fue su presidenta de 2007 a 2008.
Durante su mandato ha creado la comisaría del cuerpo nacional de policía especializada en violencia de género en la Ciudad de la Justicia de Valencia como experiencia piloto, siendo una innovación llevada a cabo en colaboración con el ministerio de Interior.
Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia estaría planteándose la posibilidad de ser ministro, según fuentes directas. Ingresó en la carrera judicial en 1992 y ha desempeñado su función en los juzgados de lo penal de Madrid, en la Escuela Judicial y en el Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial. Ha sido el punto de contacto de la Red Judicial Europea en materia penal, gracias a su dilatada experiencia en proyectos internacionales de cooperación internacional.
Juan Carlos Campo, magistrado de carrera y actual diputado por el PSOE es otro de los nombres que se han puesto sobre la mesa. Ha sido Secretario de Estado de Justicia entre 2009 y 2011, vocal del CGPJ entre 2001 y 2008. Ingresó en la carrera judicial en 1987.
En su trayectoria política, fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia en la Junta de Andalucía desde 1997 hasta 2001, y posteriormente pasó a ser vocal del CGPJ, a propuesta del PSOE. En 2014 fue nombrado Secretario General de Relaciones con el Parlamento en la Junta de Andalucía y uno de los candidatos propuestos por el PSOE para cubrir una de las vacantes de magistrado en la renovación del TC. Actualmente es diputado por la circunscripción de Cádiz. Se ha descartado para la cartera, según nos informan fuentes directas, y podría deberse a motivos íntimos y personales.
imagen del ICAB
Maria Eugenia Gay también ha sido uno de los nombres que se han puesto sobre la mesa. Es la actual decanatos de los abogados de Barcelona. Vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía Española, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del CGAE, presidenta de la Comisión de Mediación de la Federation Barreaux de Europa y presidenta de la Asociación Intercolegial de Colegios Profesionales de Cataluña. Especialista en Derecho procesal civil, ha sido diputada de la Junta de Gobierno del ICAB. Tutora de Derecho civil ene a Escuela de Práctica Jurídica, profesora de Máster de Derecho procesal civil y tutora del programa de prácticas de alumnos de ESADE y de la Universidad Pompeu Fabra. Miembro de la Asociación Catalana de Juristas Demócratas.
Estos han sido los nombres conocidos como posibles candidatos a la cartera de Justicia. Sin embargo, del que no se ha hablado podría ser quién más se estuviera teniendo en cuenta: el actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Hijo de policial municipal, ingresó en la carrera judicial en 1987 en el Juzgado de primera instancia de Santoña, en Cantabria. A partir de allí, pasaría por Bilbao, promocionando a presidente de la Sección Sexta de lo Penal en la Audiencia Provincial de Vizcaya. Llega a Madrid en 2003 como titular del Juzgado de Instrucción 36. Un año después llega a la Audiencia Nacional como magistrado sustituto de Baltasar Garzón en el Juzgado Central de Instrucción 5. Fue allí donde insutryó causas contra la banda terrorista ETA. Su nombramiento como ministro del Interior puso en el foco las decisiones que durante su trayectoria como juez tomó. Y es que «Grande-Marlaska no investigó suficientemente bien las denuncias de torturas por parte de detenidos que estaban bajo su custodia ni ha implementado medidas que garanticen que no existan malos tratos a los detenidos» según recogía el diario Público en esta pieza. «El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España hasta en cinco ocasiones por no investigar las torturas de detenidos por su presunta integración o colaboración con ETA que estuvieron bajo custodia del entonces juez Grande-Marlaska. Son los casos de igor Portu, Sarasola, Beatriz Etxebarria, Oihan Ataun Rojo, Patxi Arratibel Garciandia, Xabier Beortegui Martínez.», señala la pieza informativa. Precisamente en ella se entrevista a la que fue la abogada de todos ellos, Amaia Izko, que señala que ha habido cientos de denuncias por torturas con Grande Marlaska como juez instructor. Y señala que la actitud del juez, según los denunciantes, era una «especie de burla en su talante».
Precisamente al nombrarle ministro de Interior, la abogada recordó en sus redes sociales que «de las nueve veces que, desde 2004 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por no investigar torturas, en 6 el juez instructor era Grande-Marlaska»
Se me ocurren muchas cosas… Mejor solo constato una: de las 9 veces que, desde 2004, el TEDH ha condenado al estado español por no investigar torturas, en 6 éste fue el juez instructor. https://t.co/C8zXdZ9oiu
El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) consideró como «sorprendente» que «todas las detenciones en régimen de incomunicación» de los cinco primeros meses de 2011, que según señala Público, fue cuando el CPT hizo su visita de estudio a España, «fueran autorizadas por el mismo juez». Se referían precisamente a Grande-Marlaska. Literalmente el informe dice así:«En el momento de la visita en 2011, tres de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional aplicaban sistemáticamente estas medidas. No obstante, la delegación observó que durante los cinco primeros meses de 2011 todas las detenciones en régimen de incomunicación fueron autorizadas por un juez que no aplica ninguna de estas salvaguardias, una situación que resulta sorprendente.»
El portavoz de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, Jorge del Cura, ya consideró en su momento «una mala noticia» el nombramiento de Grande-Marlaska como ministro de Interior, considerando que «no es un juez especialmente comprometido con los derechos humanos ni con la lucha contra la tortura».
Desde la Audiencia Nacional pidió que se identificase a las personas que quemaron las fotos de los Reyes en Girona y Barcelona en 2007, caso por el que la Audiencia las condenó (multa de 2.700 euros a cambio de no entrar en prisión 15 meses) y posteriormente fue el Tribunal Europeo de Derechos Humanos quien reprendió a España, dictaminando que quemar fotos de los Reyes no es delito, sino una forma de expresión política. Condenó a España a indemnizar a los que fueron condenados por la cantidad que pagaron la multa, además de 9.000 euros por gastos y honorarios.
Fue también quien archivó la causa en la que se investigaban las supuestas irregularidades cometidas en la contratación del Yak.42. No vio entonces, según se señala en Cuartopoder, responsabilidad alguna por parte del Ministerio de Defensa, dirigido por el ministro Federico Trillo. Los familiares de los fallecidos en el fatal accidente lamentaron también el nombramiento del ministro de Interior.
Al frente de la cartera de Interior ha sido protagonista de varias polémicas, sobre todo por sus declaraciones públicas en distintas ocasiones. También ha cosechado aplausos, como por ejemplo al incluir a los hijos de las víctimas de violencia machista en las valoraciones policiales para reforzar su protección.
