Lo dijo este miércoles en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. El presidente de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, José María Marín Quemada, reconoció la existencia de “divisiones internas” en el seno del organismo que preside al asegurar que, en el seno de la entidad, “se producen algunas situaciones que no son normales”. Marín reconoce, así, lo adelantado por Diario 16 el pasado 11 de septiembre (¿Qué pasa en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia?). Que la división entre los vocales influye hasta en las decisiones a adoptar.
La pelea interna data de poco después de constituirse el organismo fruto de la fusión de los reguladores de mercados y de la comisión de la competencia. A principios de 2014 ya era evidente la división entre dos grupos de consejeros. Por un lado, los afines al presidente Marín Quemada, y por otro, los críticos hacia su gestión, encabezados por la vicepresidenta de Supervisión Regulatoria, María Fernández.
Pero la batalla tuvo su punto culminante cuando la CNMC publicó los resultados preliminares de una consulta pública sobre los nuevos modelos de economía colaborativa, Blablacar, Uber, Airbnb, etc. El responsable de Promoción y Competencia, Antonio Maudes, difundió el documento sin habérselo presentado previamente al resto de consejeros. Estos consideraron tal acto una falta de respeto y responsabilizaron al Presidente exigiendo su dimisión.
Además de la vicepresidenta, los vocales Eduardo García Matilla, Clotilde de la Higuera, Diego Rodríguez, Fernando Torremocha y Benigno Valdés expresaron su “falta de confianza” en Marín Quemada quien no sólo no dimitió sino que mantuvo en su puesto a Antonio Maudes. Desde entonces, estos consejeros se han ido ausentando de los plenos provocando, en ocasiones, la falta de quórum necesaria para sacar adelante importantes resoluciones en materia de supervisión.
El otro hecho que acabó por rematar la ruptura fue un informe sobre el mercado mayorista de las petroleras donde se insinuaba la posible “concertación de precios” entre los grandes distribuidores.
Las multas fueron cuantiosas, pero los “vocales críticos” no estuvieron de acuerdo con los términos expresados en el informe. Hubo un voto particular, emitido por María Fernández, en el cual se dice que “las conclusiones y recomendaciones que contiene, (el informe sometido a dictamen), no están razonablemente bien fundadas, desde el punto de vista de su necesidad, proporcionalidad y razonabilidad”.
Además, Marín Quemada ha sido acusado de dejar “intervenir al Gobierno” en la toma de decisiones del organismo. Una circunstancia que desmiente tajantemente el titular del organismo. El hecho de que las sanciones “estén lejos de disuadir a los infractores” se debe, según él, a la “reducida cuantía de la multa”. Por eso pide un cambio de la Ley de la Competencia para elevar dicha cuantía.
