El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tendrá que acudir en persona a la Audiencia Nacional el próximo 26 de julio para testificar en el juicio de Gürtel y no podrá hacerlo, como había pedido, por videoconferencia. Así lo ha decidido la Sección Segunda de la Audiencia Nacional en un AUTO en el que considera que el presidente del Gobierno “tiene que acudir como un ciudadano más porque no lo hace en calidad de presidente del Gobierno, si no como testigo y porque así lo ha decidido el tribunal”. Los jueces advierten, además que los motivos alegados para pedir la videoconferencia -entre ellos las medidas de seguridad o razones de agenda por su cometido- «no son consistentes«.
Rajoy ha recibido la noticia en Portugal, y en rueda de prensa junto al primer ministro luso, Antonio Costa, se ha limitado a señalar que está «a lo que dispongan los tribunales«, aunque otros miembros del Gobierno y del PP han admitido que aunque respetan la decisión les parece «extraña«, al haber precedentes en los que se ha permitido declarar por videoconferencia. “La comparecencia de los testigos ante el tribunal siempre ha sido y es una comparecencia física” dicen los jueces, que creen que los motivos alegados por Rajoy «ni son consistentes ni tampoco son razones que impidan al testigo acudir ante el tribunal (razones de fuerza mayor)«.
El auto redactado por el juez Julio de Diego rechaza además el argumento de Rajoy de que desplazarse hasta San Fernando de Henares comportaría un despliegue importante de recursos públicos, ya que «el tribunal no acierta a entender en qué consiste ese despliegue importante únicamente por el hecho de tener que desplazarse el testigo 18 kilómetros hasta la citada localidad».
Sobre las razones de seguridad aducidas, el tribunal reprocha a Rajoy que no explica cuáles serían esas medidas que tendrían que tomarse. «El tribunal tampoco comprende esta manifestación cuando la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares cuenta con mayores garantías que las que pueden ofrecer otras sedes empresariales o institucionales de la Comunidad de Madrid, sedes donde el testigo ha protagonizado actos y reuniones en otras ocasiones», añade el auto. La Audiencia Nacional tiene mucha más seguridad «que las existentes en mercados y otros foros populares donde el testigo también ha protagonizado encuentros con los ciudadanos en campañas electorales».
Desde el PP se ha trasladado el mensaje de que el partido recibe la noticia con «normalidad absoluta«, aunque siga opinando que era «perfectamente posible» que el presidente hubiese declarado por videoconferencia, según informa Efe.
Miembros del Ejecutivo como la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal han admitido su extrañeza por la decisión judicial, dado que hay precedentes en los que sí se ha permitido la videoconferencia, y ha habido quien ha recordado así que el expresidente de la Generalitat Artur Mas pudo hacerlo con ese método en el juicio por el asalto al Parlament en 2011.
