La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera ha mostrado su satisfacción “con el fin de los desahucios hacemos Justicia con los más vulnerables”.

La responsable de Políticas Sociales presentó a través de los Grupos parlamentarios del Congreso, una batería de enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 entre las que se encontraba la paralización de los desahucios aprobada este martes en Consejo de Ministros.

Aunque Mari Carmen Barrera comparte la necesidad de compensar a los propietarios particulares que se vean obligados a suspender el alzamiento por el impago del alquiler, “considera que no todos los propietarios son iguales y recuerda que los grandes tenedores de vivienda siempre ganan”.

La responsable de vivienda del sindicato considera que “los grandes bancos, rescatados en la anterior crisis financiera, gracias al esfuerzo social, deberían corresponder ahora y asumir parte del coste del decreto anti-desahucios”.

Mari Carmen Barrera considera que “tampoco merecerían compensación económica los fondos buitre que especulan con la vivienda, a costa muchas veces del derecho constitucional de las personas a una vivienda digna”.

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT considera que “en este aspecto el Gobierno cede a las presiones de los grandes propietarios, en contra del interés general”. 

Hay que regular ya el precio del alquiler

Mari Carmen Barrera exige, una vez más, “a regular el precio del alquiler”, pues el 46% de la población del quintil más pobre de España dedica más de un 40% de su renta al alquiler de vivienda (es decir, superan el umbral considerado razonable por los expertos, que se sitúa en el 30%) y recuerda que entre 2013 y 2019 se ejecutaron 250.000 desahucios por impago de alquiler, y 1.013 se ejecutaron durante el primer estado de alarma de 2020. En el ámbito de la UE sólo Finlandia registra una posición más negativa.

Las medidas excepcionales, contenidas en el RDL 11/2020, prorrogadas hasta el 31 de enero de 2021, son insuficientes porque no tienen en cuenta las dificultades que existían antes de la pandemia, y determinan la urgente necesidad de abordar cuanto antes medidas que permitan a las familias hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna que, en la situación actual, está directamente ligado a la salud.

Hay que recordar que UGT y CCOO presentaron en febrero pasado una “Iniciativa Sindical por el Derecho a la Vivienda” que defendía además otras propuestas como el diseño de un plan específico para consolidar un parque público de viviendas y la regulación de las viviendas turística. 

A su vez, en el marco del proceso de tramitación de enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, Mari Carmen Barrera trasladó, registrando la propuesta a través del Grupo Republicano, “la propuesta de suspender los procedimientos de desahucio y de lanzamientos para hogares sin alternativa habitacional, además de modificar la prohibición del corte de suministros básicos a consumidores vulnerables en vivienda habitual”.

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