Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de la Unión General de Trabajadores (UGT), se mostró de acuerdo con todos los preceptos incluidos en la Iniciativa Legislativa Popular, “Medicamentos a un precio justo”, tras la reunión el pasado 11 de diciembre con la Comisión Promotora.
Tras la reunión, Mari Carmen Barrera exigió “precios justos de los medicamentos” y se mostró de acuerdo con los apartados que aborda la propuesta. “El aumento continuado de los precios de las nuevas medicinas, nos obliga a exigir a las administraciones sanitarias que fijen precios justos y el acceso universal a todos los tratamientos necesarios, sin poner en riesgo el mantenimiento de sistema sanitario público”, ha señalado.
Estas subidas de precios y los sistemas de copago del medicamento “están haciendo que cada día más personas, sobre todo de colectivos vulnerable, se estén quedando sin poder acceder a los tratamientos”. Mari Carmen Barrera ha mostrado su preocupación, en especial, por el colectivo de los pensionistas, que el año pasado se calcula, “que 200.000 de ellos, dejaron los tratamientos por imposibilidad en el pago”.
Para la responsable de Políticas Sociales de UGT, la exigencia de precios justos de los medicamentos “es de justicia social, de fomento de la igualdad y del bienestar social”, motivos más que suficientes para plantear una Iniciativa Legislativa Popular, para que “el Parlamento legisle pensando en las personas y especialmente en la más vulnerables” y, es por todo esto que “está ILP cuenta con el respaldo activo y el apoyo total de UGT·, manifestado Mari Carmen Barrera.
Los apartados que aborda la propuesta y que ambas partes creen necesarias que figuren dentro de la legislación son los siguientes:
La deliberación y la fijación de precios según costes y con una mayor transparencia; el aumento de la financiación pública en investigación y formación, con la creación de un fondo y la aplicación de un descuento sobre las ventas de los medicamentos; y la regulación de los conflictos de intereses que puedan afectar al Sistema Nacional de Salud.
Con la adhesión a esta iniciativa, UGT pretende conseguir cambios en el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. El objetivo es que las administraciones sanitarias fijen precios justos, de acuerdo con los costes de fabricación e I+D y con la máxima transparencia posible. Con ello la iniciativa persigue el acceso a todos los tratamientos necesarios y sin poner en riesgo el mantenimiento del sistema sanitario público. Además, la ILP también pretende que los costes de adquisición de medicamentos del Sistema Nacional de Salud sean de conocimiento público.
También se pretende fomentar la investigación pública de medicamentos y la formación independiente de los profesionales sanitarios. Para ello, la ILP recoge la creación de un fondo y la regulación de los vínculos financieros entre la industria y las organizaciones y los profesionales sanitarios. El fin es mejorar el acceso a las innovaciones, garantizando una prescripción adecuada y contribuyendo de esta forma a reducir los efectos negativos de la medicación innecesaria.
De esta manera, se pretenden reducir los conflictos de intereses y los posibles riesgos de sesgos en medicina, regulando además la publicación de los pagos que realiza la industria farmacéutica a las organizaciones y los profesionales sanitarios, en línea con otros países de nuestro entorno.
Si la iniciativa logra sumar los apoyos necesarios y ser debatida en el Congreso de los Diputados, será una ocasión importante para discutir a fondo estas cuestiones e incorporarlas a la legislación vigente.
Además de su apoyo a los objetivos establecidos en la iniciativa legislativa popular presentada, Mari Carmen Barrera destacó “la necesidad política de mejorar la situación de los colectivos más vulnerables. Ese es el caso de los pensionistas, que debido a los elevados precios de los medicamentos y al sistema de copago fijado por el PP en 2012, tienen problemas para acceder a los tratamientos médicos por no poder costear el importe de estos”.
