Hace una semana, la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón rechazaba las querellas interpuestas por Vox y la Asociación Movimiento 24DOS contra la jueza belga que citó al instructor del procés, Pablo Llarena, en el marco de la causa contra Carles Puigdemont, varios de sus consejeros, y el abogado Gonzalo Boyé por delitos de rebelión, contra la paz e independencia del Estado, prevaricación judicial, usurpación de funciones, falso testimonio,  falsedad documental y estafa procesal.

El Movimiento 24DOS es una asociación presidida por el catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Castilla-La Mancha y socio director del despacho González-Cuéllar Abogados, y entre su equipo directivo figuran también el ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo y el ex juez de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Adolfo Prego.

Nicolás González-Cuéllar y Gonzalo Boyé ya se vieron antes las caras con ocasión del juicio que acabaría con la condena del Juez del ‘caso Blesa’, Elpidio Silva, donde el primero representaría a Díaz Ferrán – que en ese momento ejercía la acusación particular– y el segundo era el abogado defensor de el magistrado entonces acusado de prevaricación. La posterior inhabilitación a la que fue condenado el magistrado fue luego ratificada por el Tribunal Supremo en mayo del año 2015, en una sentencia de la que fue ponente Manuel Marchena, que hacía unos meses que había sido ascendido al cargo de presidente de su Sala de lo Penal.

Precisamente, y como viene publicando en exclusiva Diario 16, el problema que está representando el Movimiento 24DOS para la viabilidad de la causa del ‘Procés’ es el vínculo mercantil que mantienen el presidente de esa asociación y el actual presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Lo que, según fuentes jurídicas consultadas, permitiría además revisar todos los juicios presididos por Manuel Marchena en los que hubiera intervenido como letrado Nicolás González-Cuéllar, y entre ellos el que acabó con la confirmación de la condena del Juez Elpidio Silva.

Como ya ha publicado este diario, Nicolás González-Cuéllar figura como socio único de la empresa “Ediciones Jurídicas Castillo de Luna SL”, que se constituyó en el año 2014 coincidiendo con el nombramiento de Manuel Marchena como presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y que en los tres años siguientes (desde el año 2015 al 2017) facturó más de 400.000 euros.

El problema es que las relaciones de Manuel Marchena con la empresa “Ediciones Jurídicas Castillo de Luna SL” no están nada claras, y deberían de investigarse por el Consejo General del Poder Judicial.

Esta empresa editorial se ha dedicado casi exclusivamente en estos cuatro años de funcionamiento a la edición y publicación únicamente de los libros escritos por 3 de los miembros de su Consejo Editorial, del que, además de González-Cuéllar, también forman parte entre otros el catedrático de Derecho Procesal, Vicente Gimeno Sendra, y el actual presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, Manuel Marchena Gómez.

De esta forma, podríamos decir que tanto Nicolás González-Cuéllar, como Vicente Gimeno Sendra y también Manuel Marchena, son en realidad editores de sus propias publicaciones. Y si esto puede no suponer ningún problema para los dos catedráticos, sin embargo para el presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo va a representar un verdadero quebradero de cabeza, porque, si bien Manuel Marchena puede ser autor de libros y publicaciones, y puede celebrar sobre ellos contratos de edición con terceros, sin embargo, por ser miembro de la carrera judicial no puede ser su propio editor. Si a ello le añadimos que la empresa editorial “Ediciones Jurídicas Castillo de Luna SL” de la que Manuel Marchena forma parte de su Consejo Editor, y es además su marca, facturó en los años 2015, 2016 y 2017 más de 400.000 euros, la polémica está servida.

Si lo anterior no fuera suficientemente grave, todo da a entender además que Manuel Marchena no ha escrito los libros de esa editorial que aparecen con su nombre, o no todos ellos. Todos los libros en los que aparece como coautor el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que son 4 (1/3 del total de las publicaciones de “Ediciones Jurídicas Castillo de Luna SL”), fueron publicados en un solo año, en el 2015 con una diferencia a veces de un solo mes, y alguno de ellos sobre materias (como el proceso civil o la ley orgánica del poder judicial) que no son ni de lejos la especialidad de Marchena, que proviene de la carrera fiscal.

De ello se deduce que la relación de Manuel Marchena con Nicolás González-Cuéllar no es la propia de un autor con su editor, sino que va mucho más allá, quedando sumergida en el vínculo de las relaciones mercantiles, donde son varios los socios “de hecho” y solo uno de ellos aparece formalmente como “hombre de paja” en el Registro Mercantil.

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