El ex director de gestión del nuevo Hospital Universitario de Burgos, Víctor Manuel Calleja, desvela en un informe el cúmulo de irregularidades en la concesión de la construcción y explotación del centro hospitalario y cuyo sobrecoste ya supera los 600 millones de euros. Además, y lo que puede ser más grave aún, presentó un informe al propio presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, probando esos excesos y concesiones sin que el máximo responsable político de la comunidad hiciera otra cosa que ignorarlo.

El documento, hecho público ayer ante la prensa por el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca fue entregado en su día por su autor al gerente del Sacyl, Manuel Mitadiel, y al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. El mismo sólo le valió su destitución.

En ese informe, según ha denunciado el PSOE de Tudanca, se recogen aspectos demoledores como que “la Administración ha actuado con incoherencia y falta de transparencia”, que la adjudicación “no sólo recayó en una oferta manifiestamente inviable, según el criterio establecido por la propia Administración, sino que se produjo una perversión en el proceso de concurrencia descalificando a los oferentes que se ajustaron a los criterios exigidos y adjudicando a favor de quien los incumplía”.

Cero euros para alta tecnología

Asimismo, y dado que la oferta contemplaba cero euros en reposición de equipos de alta tecnología, “de prosperar las tesis de la concesionaria, quedaría demolida la política de inversiones que pretende la Administración y situaría al Hospital en un horizonte de penuria tecnológica”.

Recoge el informe, según Tudanca, que “la Administración asume los costes por estos modificados y por las demoras en la finalización de la obra, sin haber formulado ninguna reclamación o reparo sobre el proyecto inicial de la concesionaria, el cual termina siendo objeto de tal modificación que resulta irreconocible”.

Pasó los filtros

Muy sorprendido se muestra el ex gerente del Hospital de Burgos, y el propio PSOE, con respecto al modificado de la construcción. De hecho, se preguntan cómo pasó los filtros y controles ya que se tramitaron sin conocer su coste efectivo.

También sostiene que la verdadera naturaleza de los modificados constituyó una especie de “rescate preventivo” de la concesión a costa de la Administración; es decir, apuntó Tudanca, “a coste del dinero de todos los castellanos y leoneses”. También apuntó que se hizo para hacer viable una oferta con carencias flagrantes y que, por manifiestamente inviable, debió ser rechazada”.

El hospital revertirá al Sacyl (dentro de unos 40 años) con unas instalaciones anticuadas, obsoletas y al final de su vida útil.

Por todo este “demoledor informe”, Tudanca pidió el cese o dimisión del gerente del Sacyl, quien en la legislatura pasada presentó ante la Fiscalía –como procurador en Cortes de Ciudadanos- una denuncia en la misma línea. Pero también acusó al presidente Mañueco de “cargarse la sanidad pública” por cerrar consultorios médicos en el medio rural, debilitar la Atención Primaria y, ahora, por tapar las irregularidades del HUBU.

Dijo, refiriéndose a ambos dirigentes, que “no hicieron nada, ocultaron el informe y luego cesaron al director de gestión del HUBU. Es una absoluta vergüenza”.

El sobrecoste del HUBU ha supuesto más de 600 millones de euros. Por eso, apuntó Tudanca, “ese agujero negro es lo que ha hecho que, durante estos años, no hubiera dinero para la sanidad para levantar las unidades de radioterapia que faltan en la Comunidad, los hospitales comarcas de Aranda de Duero o el Valle del Tiétar o mejorar las tan necesarias dotaciones en Soria y Segovia”.

“Las decisiones políticas tienen consecuencias, y la privatización del HUBU las tiene. Son muy graves”, sostuvo Tudanca, quien reiteró que el informe desvelado “reitera y confirma todas y cada una de las irregularidades, sobrecostes y aspectos oscuros de un contrato, un proyecto por el que alguien tiene que pagar”.

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