El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y su círculo político más estrecho buscan un chivo expiatorio en sus filas para desviar su responsabilidad en la presunta financiación ilegal del PP en esta comunidad que investiga la Audiencia Provincial.
Según confirman a Diario16 fuentes de la acusación, «están tratando de hacer la misma jugada de buscar un chivo expiatorio como en el caso Bárcenas o con Cifuentes«.
Los hechos se remontan a 2017. Entonces Mañueco era el responsable de velar por la ética en Génova. Aspiraba a ser el presidente del PP en Castilla y León para poder hacerse con el Gobierno en la comunidad.
Para conseguir los votos necesarios en esas primarias, en Salamanca y el resto de provincias de Castilla y León, era necesario pagar las cuotas de los cincos últimos años. Esto planteaba un problema al partido porque salvo los altos cargos, el resto de militantes nos estaban al día en esos pagos de sus cuotas para poder votar.
Red organizada con dinero B
Así, se habría podido crear una red organizada para conseguir dinero en B para financiar esas cuotas retrasadas. Cantidades que nunca quedaron reflejadas en cuentas ni recibos.
La acusación popular sostiene desde el primer momento que «la financiación se ha hecho con dinero B«. A su juicio, «se han saltado todos los mecanismos de control que la LO 3/2015 establece para evitar la financiación ilegal y, por ende, poder incurrir en conductas punitivas».
De esta forma, se creó la ficción a través de burdas declaraciones juradas y recibos bancarios sin garantía alguna de efectividad de pago para simular el dinero B. Ésta es la base de la trama en la financiación ilegal del PP en Castilla y León, que sostiene la Acusación popular.
Supuestamente todo pagado por los cargos públicos que hubieran aceptado esa estrategia. De ahí que dichas cantidades nunca quedaran reflejadas en las cuentas oficiales del PP y, por tanto, no pudieron ser fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. Esto viola la ley, a juicio de la acusación popular y de otras fuentes jurídicas consultadas por Diario16.
Por supuesto, de haber sido ciertas las aportaciones de Cargos Públicos, sólo se hubieran financiado las cuotas a aquellos afiliados morosos que estaban dispuestos a votar a Mañueco. Por tanto, de ser ciertas las aportaciones, incidiría en que los responsables de la recaudación hubieran financiado a los afiliados afines de Mañueco. Ante eso, se vulneraban así los derechos de los afiliados favorables al otro candidato, Silván.
Además, también se vulneraba la última modificación de la Ley de partidos 6/2002. Norma, que la propia LO 3/2015 de control económico y financiero contempla: “garantizando el derecho a la participación de todos los afiliados mediante sufragio libre y secreto”.
Dinero en metálico que no consta
De hecho, varios cargos electos del PP ya han reconocido en el juzgado, tras ser citados a declarar como testigos, que aportaron el dinero en metálico. A partir de ahí, nadie sabe dónde, cuánto, cómo y quién ingresó esas cantidades. Por desconocer lo desconoce hasta el presidente del partido en Salamanca, Javier Iglesias.
El letrado Francisco Martin Del Río, que en nombre del Foro de Izquierdas los Verdes ejerce la Acusación Popular, “tacha de de burda y fraudulenta la maniobra orquestada a través de firmas de favor«. A su juicio, «haciendo un hilarante intento con ello de sortear la rigurosidad exigida en la Ley 3/2915 que prohíbe toda operación de dinero en metálico» y establece los cauces para el ingreso de cuotas y aportaciones de cualquier clase de los afiliados. Incluso el propio Código Penal lo prohíbe, precisamente «para evitar la financiación ilegal de partidos y de corrupción política”, explica.
Chivos expiatorios
Según ha podido saber nuestro medio, entre esos posible chivos expiatorios que buscaría Mañueco y su entorno para eludir su responsabilidad en la financiación ilegal del PP en Castilla y León, está la gerente del partido en Salamanca, María Isabel González Sánchez.
Fuentes populares consultadas reconocen que «es inocente porque no se le ha dado información de ningún tipo». Según afirman, y ella misma confirmó en su declaración judicial, » jamás hubiera recogido ese dinero ni lo hubiera fiscalizado, porque la ley lo prohíbe”.
También el círculo duro de Mañueco desvía la atención contra el diputado por Salamanca, José Antonio Bermúdez De Castro. Se trata del que fuera hombre de confianza de Rajoy, ex coordinador del Grupo Popular en el Congreso en las legislatura del presidente gallego, y que actualmente es el portavoz del PP en la Comisión de Defensa.
De ser ciertas las declaraciones juradas, que la Acusacion tacha de firmas de favor, Bermúdez De Castro habría aportado de su dinero mil euros en metálico para financiar las primarias celebradas el 17 de marzo de 2017. Otra cosa es que el dinero recaudado si es que se recaudó, se destinara a financiar solo a los afiliados que votaran a Mañueco. Pero, según fuentes consultadas, el veterano diputado no habría formado parte del núcleo de la trama de la dirección, que seleccionó a quién pedirle el dinero, qué cantidades y mucho menos qué se hacía con ellas.
El presidente del partido se niega a aportar información
Desde la acusación particular en el proceso se considera, además, «inconcebible que un dirigente del partido, como es Iglesias, se niegue a dar información ante el juez de dónde fue a parar ese dinero, así cómo cuales fueron los criterios por los que se financió la deuda de unos afiliados y la de otros no». Tampoco hay nadie en el PP que quiera responsabilizarse de quién fijó los criterios de afiliados morosos. Es imposible, según Martín Del Río, «que la dirección desconozca una operación de esta envergadura”.
Por ello, en la Audiencia Provincial de Salamanca se ordenó que la declaración de Iglesias, como presidente del PP, se prestara como testigo con asistencia letrada. Algo inusual en el ámbito jurídico, que hubo de aclarar. Aunque queda dicha circunstancia inculpatoria, no es un tema menor implícitamente acreditada en la causa, según los juristas.
Iglesias es el presidente del PP en Salamanca, y todo apunta a que fuera quien diera las órdenes, junto con el entorno de Mañueco, para financiar en metálico las deudas de los afiliados morosos. Es imposible por ello, a juicio del letrado de la acusación, «que negara conocer la deuda que había que financiar». Lo que demuestra que todo es un burdo montaje.
La Ley de 2015
La Ley de 2015 estableció mecanismos muy rigurosos, entre ellos prohibir la utilización de dinero en metálico para evitar la financiación ilegal de los partidos. Así, obligaba, por tanto, a que el dinero se ingrese en una cuenta especial que dicha ley obliga y que el Partido Popular tiene abierta al efecto, de forma nominativa, concepto y fecha. Todo lo que no se haga así, la ley lo considera delito.
Tanto para cuotas de afiliados como para otra cuenta de aportaciones privadas de los afiliados por cualquier causa, prohibiéndose también las donaciones finalistas, anónimas y revocables.
El diputado Bermúdez De Castro, La alcaldesa de Alba de Torres, Conchi Miguélez, el procurador en las Cortes de Castilla y León, Salvador Cruz, y el senador Gonzalo Robles y la Alcaldesa de Cantalapiedra, declararán hoy ante el juez por esta causa.
