‘Manu militari’ en el sumario del caso Los Galindos

La apacible y fértil campiña sevillana se extiende por inabarcables campos de cereales y olivares en latifundios. Los entrecortan alquerías y pueblos donde viven gentes de bien. Paradas es uno de sus tantos pueblos con casi 7.000 habitantes. Sus vecinos pisan calles donde la historia flaquea [excepto vestigios romanos de los siglos III y IV d.C.], pero no la memoria colectiva de una localidad con mayoría jornalera y de desheredados.

Desde julio de 1936 hasta febrero de 1937 casi 250 paradeños fueron asesinados por pistoleros falangistas. Aquellos días fratricidas Paradas fue escenario de una única batalla: la del odio y barbarie de fascistas desalmados que hasta rapiñaron los cadáveres. Sólo la Justicia terrenal les dejó impunes. Muchos dedos, y mentes, reivindican aún dignidad para personas cuyo único delito fue pensar diferente que sus ejecutores.

Paradas atesora, desde entonces, leyendas y realidades difíciles de ocultar. Una es el misterio de un británico residente en Gibraltar. Llegó, en los cincuenta, al volante de un Jaguar al pueblo. Había comprado un cortijo, abandonado desde la posguerra, en una notaría algecireña. Tras tomarse unos vinos, que pidió balbuceando el español, contrató a un capataz local.

Cuando contrastó su tesón y honradez, le dio fajos con millones de pesetas para adecentar la cortijada, sembrar los cientos de hectáreas que la rodeaban y contratar plantilla. El capataz nunca enseñó las cuentas del cortijo a su misterioso patrón. Jamás se supo, muchos años después, de aquel tipo con modos de Lord. Desapareció. Nadie conoce su identidad, pues la compra del cortijo no se inscribió en el Registro de la Propiedad.

Muchas más incógnitas rodean a ‘Los Galindos’, otro cortijo cercano a Paradas y que la sitúa en la geografía del horror española. La culpa fue de cinco asesinatos impunes, al carecer de ‘autor conocido’ según la literatura judicial. Todo sucedió a finales de julio, en 1975. El sumario lo instruyeron diferentes jueces en Marchena. Antonio Moreno fue uno de ellos. En la causa -reabierta cuatro veces- consta un auto que la sobresee. Advierte sobre personas influyentes que ‘ayudaron a paralizar la investigación’.

Pero ‘Los Galindos’, cortijada con varios edificios y 400 hectáreas, es un imperecedero caso criminal. Sacó al policía de homicidios que llevamos dentro. Toda clase de hipótesis y elucubraciones más o menos afortunadas maridan con verdades muy enrevesadas. La España burócrata de un Franco moribundo, el termómetro aquel verano a casi 50 grados de tórrido sol e intereses ocultos otorgan a ‘Los Galindos’ un estigma singular.

Los vecinos de Paradas, y en especial los familiares que sobreviven a los asesinados, sufren en silencio una impunidad injusta que tuvo demasiadas manos negras. La masacre de Puerto Hurraco (Badajoz) acaecida en 1990, por ejemplo, registró condenados y encarcelados para alivio de los deudos de las víctimas. Paradas, sin embargo, no conoció el banquillo de la justicia terrenal y sí mucha polémica. El caso ‘Los Galindos’ dejó demasiadas interrogantes. Pero vayamos por partes.

Chapuzas con tricornio, bata y toga

Este quíntuple asesinato tuvo cronología. En primer lugar, aparece el cadáver de Juana Martín Macías, de 53 años, esposa del encargado del cortijo. Después otros dos, Ramón Parrilla González -40 años- y Asunción Peralta Montera -34 años- esposa del tractorista de la finca, José González Jiménez. El cadáver de Manuel Zapata -59 años- capataz de la finca, aparece tres días después, el 25 de Julio en 1975. Es obvio que la concatenación criminal laminó a testigos incómodos y al que estaba en lugar inadecuado en el momento inoportuno. Se demostró, por activa y pasiva, que los asesinatos los ejecutaron dos personas al menos.

La impericia de guardias civiles rurales, deficientes autopsias de un forense jubilado al que ayudó un estudiante de medicina y el proceder de un juzgado vacante de titular condujeron al crimen perfecto. Guste o no, esto fue lo que pasó. Motivos pasionales, tejemanejes de narcos, cultivos ilegales, fraudes de siembra más la imaginación popular se desparramaron sobre ‘Los Galindos’. Le peor cara de la ‘España negra’ salió aquí.

La Benemérita pidió auxilio a técnicos del extinto Cuerpo Superior de Policía (hoy CNP). A primeros de agosto de 1975, se personó en ‘Los Galindos’ José Arias Galán, comisario-jefe del Gabinete Regional de Identificación (GRI), con sus dos mejores inspectores. Llevaban equipo para revelar huellas, obtener evidencias y fotografiar el escenario criminal.

Los curtidos policías quedaron estupefactos cuando los guardias civiles, ingenuamente, enseñaban serviles a ‘Don José’ y sus acompañantes los cuerpos lavados y las dependencias del cortijo adecentadas tras la dantesca escena. El recinto, además, jamás lo acordonaron. Los agentes del instituto armado admitieron a los policías que el escenario criminal lo visitaron otros empleados y extraños al cortijo. La investigación se inició de la peor forma.

El que fuera primer comisario de la actual Policía Científica en Andalucía se negó a realizar una preceptiva inspección ocular. Sus jefes le ordenaron que regresara a Sevilla tras informarles de tamaña chapuza de bienintencionados guardias, sobrepasados por tanto crimen. A posteriori se encargó Informe Técnico al GRI que se concluyó meses después tras escudriñarse hasta el último rincón del cortijo ‘Los Galindos’.

El documento pericial de Arias -como responsable del GRI- señaló negligencias investigadoras, sugería toma de declaración de visitantes del cortijo y reclamaba otras diligencias judiciales que jamás se ordenaron por ‘quien corresponda’. Aquel informe desapareció del archivo de la Jefatura de Policía de Sevilla. Además, ‘no consta’ ni en el sumario judicial, ni en Archivo Central del Ministerio del Interior (antes de Gobernación), según corroboró el firmante en 2017 tras ‘pasarse la pelota’ estos órganos con excusas de burócratas e invocándose un inconcreto traslado de legajos.

Las ‘incidencias’ del caso siguieron tras la impetuosa instrucción, retomada en 1983, por el entonces juez novel Heriberto Asencio. El Juzgado de Marchena fue su primer destino. Periodistas con olfato, Pepe Fernández (Cadena SER) y Cary Peral (TVE), habían difundido claves informativas que asumió en parte el juzgador. Años después el también periodista Paco Gil Chaparro difunde más claves en un trabajo que compila artículos publicados en El Correo de Andalucía. El libro lo publicó la Universidad de Sevilla; lo prologa el catedrático Ramón Reig. Pero el carpetazo de la impunidad del sumario sepultó tanta clave, tanta verdad, tantos escritos.

Asencio, entre otras diligencias, ordena exhumar los cadáveres para una segunda autopsia. La ejecutó el catedrático de Medicina Legal Luis Frontela. Llamativamente el doctor ‘exculpa’ a uno de los muertos, José González, inicialmente acusado. Su maxilar apareció destrozado por un tiro que le segó la vida, Frontela dixit. Aquel estudio causó infinita controversia tras casi dos años de espera y entre 250 páginas de tecnicismos e hipótesis.

El cuestionado catedrático llegó a declarar a la prensa que lo acaecido en ‘Los Galindos’ tenía autoría con ‘nombre y apellidos’. Pero no supo identificar a nadie al convocarlo ipso-facto el instructor sumarial. Su estudio no fue avalado ni por la Policía, ni por la Guardia Civil o expertos del FBI norteamericano y Scotland Yard británico. El caso ya había trascendido fronteras, a petición de autoridades españolas.

Curiosamente, las fotos de la exhumación, conducida en parte durante horario nocturno en el cementerio, circularon de mano en mano entre personas ajenas a un sumario que se supone debería ser secreto. Esas instantáneas corroboran que lo macabro tiene adeptos. Esas fotos desaparecieron también del sumario 20/75 del Juzgado de Marchena.

Negocios, frikis y literatura

‘Los Galindos’ abrió de par en par un armario donde esta investigación criminal puede suscribirla cualquiera. A su rico panal de morbo acudió la veterana Margarita Landi. La mejor reportera de sucesos española no validó en este macroasesinato su tesis de que la luna llena estival desencadenaba la ira criminal. Así lo vaticinó en ‘Puerto Hurraco’.

José Francisco Zapico, agente judicial de Écija, insinúa saber mucho del sumario. Declaró a la cronista judicial Amanda González de Aledo: ‘Yo sé cómo, por qué y quién’, pero tampoco identificó a nadie, y lo tuvo fácil por su condición antes de 1995, cuando prescribió la responsabilidad criminal del caso. Zapico, en declaraciones a Diario de Sevilla el pasado 22 de julio de 2018, añade: “No voy a decirlo”. Nos preguntamos entonces: ¿Por qué?

La muerte ‘no natural’ del párroco de Paradas, que conocería la autoría del quíntuple asesinato bajo secreto de confesión, destapó apenas sólo un infarto que mató en la soledad. Una carta al alcalde y jurista José Gómez Salvago del ‘supuesto autor’ de los crímenes fue otra incógnita que llevó a vía muerta a los investigadores del caso: ¿Fue una cortina de humo?

Alfonso Grosso, imprescindible novelista sevillano, indagó el crimen de dos estanqueras acaecido en 1952. El doble asesinato condenó a tres inocentes. Su libro destripó aquel fiasco judicial nacido del capricho de un gobernador franquista en aras de restablecer el ‘orden público’.

Grosso olfateó en ‘Los Galindos’ hasta donde pudo su óptica literaria. Su pluma parió ‘Los invitados’ (finalista del Premio Planeta en 1978). La tesis de Grosso situaba a legionarios-narcos en el cortijo para explicar la orgía de sangre. Uno de los asesinados, Manuel Zapata, militó en el Tercio antes de trabajar en el cortijo. Su muerte laminaba, pues, más claves.

Las páginas de Grosso no fueron inocentes por su cordura narrativa. Los uniformes militares estarían cerca del gatillo y la mano criminal. La versión fílmica de la novela la dirigió Víctor Barrera en 1987. La protagonizaron Amparo Muñoz y Lola Flores. Esa España cañí sólo divertía, pero un Jaguar oscuro, la ‘mafia inglesa’ y un discreto lugar para plantar droga concurren en un guión inspirado por el literato Grosso. La película generó denuncias, a posteriori archivadas, y manifestaciones en Paradas.

Otro libro, ‘La novela del crimen de los Galindos’ de Ismael Fuente (Plaza & Janés 1987) sustancia en el dinero que generaba ‘Los Galindos’ la causa que explica los crímenes. Quienes conocieron de cerca el sumario corroboran que sobre la explotación agrícola de ‘Los Galindos’ existiría una doble contabilidad que registró beneficiarios en sus gestores.

Fue hecho incontrovertible que ‘Los Galindos’ era una rentable explotación agrícola donde olivos y cereales (cebada, trigo y girasol) daban buenas cosechas. Sus propietarios, marqueses de la Grañina, lo eran por compra del hermano de la marquesa, Francisco Delgado Durán. Este lo había adquirido en 1950. Su súbita muerte en Portugal en 1969 lo puso en manos de la esposa de Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, marqués y capitán de caballería cuando accedió la gestión del cortijo. Años después la propiedad cambió el nombre maldito de ‘Los Galindos’ por el de ‘Nuestra Señora de las Mercedes’ que permanece en 2018.

Todo por España…

En la trama que trazó Grosso en ‘Los invitados’ se identifican demasiados personajes reales. Uno de ellos era el administrador del cortijo, mano derecha del aristócrata y ex teniente. Fernández de Córdoba raramente visitaba esa propiedad, pero cuando la sangre emergió estaba allí. Adoptó decisiones que no se investigaron profundamente. Este asunto criminal le divorció de su esposa y le afincó en Jerez y Málaga con familiares. Siempre tuvo amistades y relaciones en la cúpula social. Demasiadas incógnitas persiguieron a un militar-empresario que se jubiló de comandante. Según se destacó en su día ejerció como un ‘señorito’ que gestionaba varias fincas de la que fuera su esposa. Él no tendría fortuna personal.

El juez Moreno Andrade en su día contempló que el marqués se había reunido con el gobernador militar de Sevilla para pedirle ‘que cesara o se limitara a sus justos términos el cerco y las molestias a las que estaba sometido por las primeras investigaciones del quíntuple asesinato’.

El lúcido magistrado también alude a una discreta reunión de coroneles y generales en ‘Los Galindos’ semanas antes del asesinato múltiple cuando el general Franco agonizaba en Madrid. Aquel cónclave, quizá conspiratorio de militares ‘ultras’, fue un tabú en una época donde se hacía bueno el aserto de Unamuno: “Es fácil militarizar a los civiles, pero difícil civilizar a los militares”. Daba miedo lo tocante al ejército… y sus rugientes tanques.

Ese tabú no oculta una visita de agentes del SECED (antecesor del CESID, hoy CNI-Centro Nacional de Inteligencia) desplazados desde Madrid días después del cónclave de jefes militares en ‘Los Galindos’. Los espías del almirante Carrero mostraron a empleados del cortijo fotos de posibles asistentes. También, hicieron muchas preguntas. Lo propio de su trabajo.

El miedo que provocó aquella pesquisa investigadora a los empleados de los Grañina no evitó identificar a algunos de los presentes, que vestían de paisano aquella tarde-noche pocas semanas antes del quíntuple asesinato. Haber colaborado con el SECED, involuntariamente, inspiraría los asesinatos en ‘Los Galindos’. Esta hipótesis fue contemplada, pero jamás investigada. Claro quedó en el sumario que los asesinos no se vinculaban a ‘Los Galindos’ y fueron, al menos, dos personas. Mataron y se esfumaron.

Es un dato llamativo que algunos de los militares que concurrieron a ‘Los Galindos’, quizá durante Junio de 1975, se implicaran en la intentona golpista del 23-F en 1981. Un consumado SAM (Supuesto Anticonstitucional Máximo, según CESID) que el coronel Tejero encarnó junto a otros condenados, que fueron minoría, en aquel cuartelazo.

Más escandaloso fue que de la IIª Región Militar, la del sur español, el 23-F no registrara ningún implicado aunque el golpe tuvo allí incontables piezas: un jefe ebrio, otro cinéfilo, una secretaria lenguaraz, un coronel digno y más jefes golpistas. Y muchas llamadas no atendidas en el palacete de la Capitanía que levantó el arquitecto Aníbal González en la Plaza de España sevillana. El 23-F sevillano fue un inocente sainete más de los Quintero.

Nadie, nunca, indagó sobre quién reservó un salón en el elitista Club Pineda sevillano para ‘celebrar’ el éxito del golpe que visibilizaron Tejero, Milans y Armada. Al final, aquella reserva no tuvo padrino, ni nombre: nadie conocía a nadie. Algo parecido sucedió tras el fallido golpe del general Sanjurjo de 1932, también en Sevilla, contra la II República (1931-1939). El único implicado fue él mismo, según declaró al fiscal del caso. Se justificó así Sanjurjo: ‘porque no prosperó [el golpe contra aquella democracia]’.

La entrevista del capitán y marqués Fernández de Córdoba con el gobernador militar de Sevilla para evitar el ‘cerco y molestias’ del caso ‘Los Galindos’ explicaría presiones, a posteriori. La ejercieron mandos militares entre investigadores policiales y de la Guardia Civil de la causa, pues sendos cuerpos elaboraron informes. La verdad fue esquiva en un sumario cuya prescripción no paralizó incontables especulaciones.

Otro dato inédito es que mandos de la inteligencia militar franquista acabaron sustanciando una eficaz campaña de ‘desinformación’ sobre todo lo concerniente al ‘caso Los Galindos’. Por ello, les vino de perlas reportajes vacuos del caso, personajes que querían sobresalir en prensa, libros y película sobre un contexto con más morbo que verdad. Las cortinas de humo tocaron hasta a eficaces profesionales de la judicatura, fiscalía, policía y guardia civil que acabaron hartos de tanta presión, leyendas sin base, hipótesis a la carta, conflicto de competencias y egos de diván.

Sustancialmente, las mejores investigaciones de ‘Los Galindos’ se hicieron cuando no había nada que investigar. Después, poco a poco ha desaparecido lo que más compromete la verdad del caso. La maniobra para desmontar lo más ‘sensible’ resultó harto eficaz. No cabe duda.

¿Dónde está el sumario?

El voluminoso expediente 20/1975 del juzgado de Marchena contiene las actuaciones de ‘Los Galindos’. En 2014 se trasladaron carpetas del Juzgado de Marchena al Archivo Territorial de Sevilla con las debidas garantías y bajo fe judicial. Las 1.045 cajas y 109 legajos del período comprendido entre 1929 y 1998 no tenían ningún documento relativo a ‘Los Galindos’. Más misterios añade tal carencia. Sin duda, tuvo alguna mano ejecutora.

El derrumbe de un techo, el que nadie se responsabilice dentro de la Justicia corporativa andaluza del fiasco, el ‘yo no fui’ o ‘nada tengo que ver’ con cuño oficial más el reclamo del actual alcalde de Paradas, Rafael Cobano, del sumario para satisfacer el interés de historiadores y criminólogos por ‘Los Galindos’ en dependencias municipales no logró localizar su sumario. El edil esperará este patrimonio de Paradas en vano. 2018 es el año en que se cumplen 43 años de impunidad y acumula un legítimo reclamo de su alcalde.

Nadie sabe nada; ni oficial, ni oficiosamente, dónde están los papeles judiciales de ‘Los Galindos’. Nadie, con cargo y facultades, se escandaliza ni ordena nada para que aparezca el sumario ‘perdido’. La verdad, pues, es que el carpetazo hizo respirar a más personas que menos dentro y fuera de Paradas y Sevilla. Desde que en 1995 caducaran las responsabilidades criminales ninguna incógnita de las que existen se ha despejado.

Si ya este modesto escribidor constató la pérdida de informes policiales sustantivos del caso en archivos que, conviene decir, son selectivos, más grave es que el sumario completo nadie sepa dónde está, ni se conozca quién es el responsable de tanta y acaso ‘teledirigida’ desidia oficial.

Impunidad, sevillano modo

Sevilla es una provincia de extremos, de hipérboles, grandezas y miserias. Parece no alojar el término medio que, dicen, centra la virtud. De la gloria a la desvergüenza no hay frontera. ‘Los Galindos’ no es en realidad el crimen perfecto, es la impunidad en su plena extensión.

A ese caldo se añadieron chapuzas, violencia impune hasta la muerte, sangre, soberbia a raudales… Quizá no sepamos que convivimos con una ‘casta de intocables’, sin ser hindúes los españoles. No lo percibe quizá el ciudadano que cree en la igualdad social, vota, es cívico, paga impuestos y cree en las sentencias judiciales, actuaciones policiales y una aparente verdad que se maquilla pare presentarla como creíble.

Decíamos que el 23-F en la capital del Guadalquivir quedó impune. La inédita ‘Operación Sevilla’ en 1960 la dirigió desde Madrid Carlos Arias Navarro (el presidente del Gobierno que anunció el 20-N lloroso: “Españoles… Franco ha muerto…”).

Estaba al frente de la Dirección General de Seguridad. Fue el responsable un operativo de ‘alto secreto’ que duró apenas meses acabando con discreto ‘carpetazo’ a una trama que colocó falsos murillos, velázquez y grecos entre museos y coleccionistas de todo el mundo. Las piezas fueron pintadas en Sevilla y se ‘ofertaron’ desde mansiones aristocráticas.

El mejor olfato policial condujo hasta una de las piezas falsas. Estaba colgada en el Palacio del Pardo tras comprarla Carmen Polo al anticuario sevillano Andrés Moro. Una denuncia previa por estafa de una marquesa propició detenciones en Madrid, Nueva York y Berlín; hasta Interpol pidió un informe a la policía española tras publicar la prensa la detención de los intermediarios y el suicidio de uno en Madrid.

El periodista Julio Camarero en ‘Pueblo’ deslizó incógnitas en una sola crónica, pues le prohibieron informar más del caso. La inculpación, bajo intimidación y noches de calabozo, a un copista ajeno a la trama saldó el caso para evitar más escándalos. Quienes conocieron esta historia refieren el bochorno que Arias hizo pasar a Franco con el Informe del caso. Ahí constaba su esposa como cliente de la red. Esto generó bronca matrimonial al ‘Caudillo’. El cuadro, pagado como si fuera de platino, fue comprado por el Museo del Prado. Por orden del ‘Generalísimo’. Fin de la historia.

En octubre de 1984 un niño, Paquito Reyes, apareció calcinado, maniatado y violado en una caseta de luz abandonada de Torreblanca, a las afueras de Sevilla. Semanas después tres jesuitas fueron detenidos y liberados a las pocas horas tras extrañas llamadas y órdenes… Nadie fue acusado de un crimen con sello pederasta. El ‘caso Torreblanca’ se archivó con parecidos ingredientes que ‘Los Galindos’: Carta anónima acusatoria (otra cortina de humo), susurros vaticanos [en vez de militares], policía eficaz e impotente.. A su frente estuvo un ferviente católico, comisario Blanco Benítez. Antes de morir reconoció que el caso estuvo “policialmente resuelto”.

El penalista Antonio Tellado, durante la feria abrileña de 1985, fue a su bufete a ‘recoger unos papeles’, pero nunca volvió a la caseta donde se divertía con amigos. Fue asesinado por personas que le conocían y esperaban en su despacho. Las pesquisas policiales registraron vía muerta aunque hubo un sospechoso. La impunidad y el silencio frente a la brillantez del joven jurista reinó en un caso prescrito en 2005. Nadie fue acusado, ni detenido. La autoría del crimen ¿mafioso? la sabe el viento.

La impunidad del siglo XXI pervive en Sevilla con la corrupción política –alcanza todas las siglas de partidos en el poder–, funcionarial, empresarial, narcos, proxenetas, pederastas… En los sumarios repiten personajes: denunciantes, afectados, víctimas silentes, comisionistas, corruptos con memoria selectiva, muertos a quien echar culpas e incontables cabezas de turco. Jueces, policías y fiscales constatan el problema con más o menos reflejos y pocos medios. Mientras, bufetes plagados de tramposos parlanchines hacen caja sólo a los pudientes. ‘Los Galindos’ no murió, sólo prescribió. Resucita entre asesinos con padrino poderoso y millonario.