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Manifiesto Xacobeo: trece comunidades y las dos ciudades autónomas piden salvaguardar el urbanismo ilegal

Ecologistas en Acción recuerda que los tribunales sólo anulan el planeamiento si es ilegal. Para evitar la acción judicial, explica, bastaría con mejorar la calidad de los planes y de la tramitación administrativa y ajustarse a la legalidad. Asimismo, califica de falso e irresponsable el discurso que confronta la protección del territorio con el desarrollo socioeconómico

Juan Carlos Ruiz
Periodista y Licenciado en Ciencias de la Información
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El manifiesto «Por la seguridad jurídica del planeamiento territorial y urbanístico», acordado en el «Encuentro Autonómico Xacobeo 21-22. Por un urbanismo responsable», reclama modificaciones de la Ley de Suelo y Rehabilitación estatal para evitar la nulidad radical de los instrumentos de planeamiento o urbanísticos, por parte de los tribunales, por lo que llaman defectos formales u omisión de informes. Pide limitar la acción popular, es decir, el control ciudadano del urbanismo, y responsabiliza a la Red Natura 2000 de limitar el progreso de los municipios.

Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria, Andalucía, La Rioja, Murcia, Generalitat Valenciana, Aragón, Navarra, Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla firman dicho manifiesto.

Ecologistas en Acción, organización que se ha visto obligada a recurrir numerosos planes que han sido anulados por sentencias judiciales, en diferentes comunidades autónomas, discrepa del contenido del manifiesto. Lamenta «que se aliente el discurso falso y populista de que el desarrollo socioeconómico en los pueblos, solo se alcanza por el desarrollo del sector inmobiliario destruyendo su patrimonio natural, cultural y paisajístico. Este modelo especulativo ya ha demostrado ser letal para la economía, el empleo y el medio ambiente».

El planeamiento urbanístico se anula porque es ilegal

Es cierto que en los últimos años los tribunales han declarado nulos numerosos planes urbanísticos, pero porque son ilegales. Ayuntamientos y gobiernos regionales desestiman casi sistemáticamente las alegaciones que se presentan durante la tramitación que advierten del incumplimiento de la legalidad. En ocasiones ignoran los informes técnicos o se omiten informes sectoriales llamados a asegurar la protección ambiental, la igualdad de género, los derechos de la infancia, la disponibilidad de agua para atender a la nueva población, y no se garantiza el respeto a las reservas de suelo protegido y que el plan sea económicamente viable y sostenible, o que su aprobación no implique cargas inasumibles para las arcas públicas.

«El resultado es que se plantean planes insostenibles, tremendamente impactantes y sobredimensionados, ignorando la protección del litoral, del dominio público hidráulico o de los espacios protegidos. Son estos motivos los que hacen que los tribunales declaren nulos (ilegales) los planes urbanísticos», afirma la organización.

La acción popular es un derecho ciudadano

En cuanto a las limitaciones de la acción popular que se reclama en el manifiesto, supondría un retroceso sin precedentes en el derecho ciudadano de control del urbanismo. Un derecho reconocido en la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre régimen del suelo y ordenación urbana como un instrumento para “incentivar la defensa del régimen urbanístico, propiciando su observancia”.

La organización insiste en que las personas físicas o jurídicas que recurren los instrumentos de planeamiento o urbanísticos no son las responsables de la nulidad de los mismos. Si ayuntamientos y gobiernos no aprobasen planes que vulneran la legalidad vigente, ni se recurrirían, ni se anularían.

La Red Natura 2000 asegura la conservación en la Unión Europea

Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea y bien gestionado puede ser una herramienta muy positiva para el desarrollo de las poblaciones.

En el territorio español la superficie terrestre incluida en la Red Natura 2000 es de 138.000 kilómetros cuadrados, lo que supone el 27% del total de la superficie del Estado. Dentro de esta red el suelo tiene diferentes grados de protección, hay espacios protegidos, hay terrenos agrícolas, suelos urbanos y suelos urbanizables. Lo que ha determinado el Tribunal Constitucional es la imposibilidad de reclasificar suelos no urbanizables a urbanizables en la Red Natura 2000. «En un contexto de exceso de edificación en nuestro país y de descenso de población, no es admisible seguir planteando más urbanizaciones en suelos protegidos. Es una falacia achacar a esta red europea la responsabilidad de obstaculizar el desarrollo de los municipios».

De acuerdo al informe de beneficios económicos de la Red Natura en España (2019), elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, éstosascienden a 9.805 millones de euros al año. Es decir, 7,5 veces más de lo que cuesta mantenerla. Si además se tiene en cuenta el valor económico del carbono almacenado en la Red Natura 2000 y se considera sus efectos positivos sobre la regulación del clima, el beneficio económico de la red asciende hasta los 43.661 millones de euros al año, que equivale al 4 % del PIB de España en 2014.

Alternativas a un manifiesto irresponsable

A juicio de la organización, las comunidades autónomas «podrían centrarse en mejorar la calidad de los planes y de las tramitaciones administrativas para que no incumplan la legislación vigente. Para ello entre otras muchas medidas que habría que tomar a nivel estatal y autonómico sería dotar de medios y asesorar adecuadamente a las corporaciones locales. Además debería articularse una verdadera justicia cautelar que evitará la ejecución de planes no consolidados y así impedir daños a terceros, una vez que son anulados«.

Sostiene que «no resulta razonable que planeamientos urbanísticos anulados en primera instancia prosigan su ejecución o que para conseguir su paralización se impongan fianzas millonarias a los recurrentes, como sucedió en el caso de Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres». Un caso en el que el Tribunal Supremo rechazaba, recientemente, la anulación de derribo solicitada por la Junta de Extremadura y los propietarios

En cuanto a la protección del medio natural y en concreto de la Red Natura 2000, las comunidades autónomas «deberían abandonar el discurso falso que confronta conservación de la naturaleza con desarrollo socioeonómico y tener en cuenta que cada euro invertido en la Red Natura 2000 proporciona un beneficio bruto de al menos 22 euros».

Ecologistas en Acción lamenta que «mientras la comunidad científica, a través del IPCC, demanda a las autoridades políticas de cada país un alto grado de compromiso para llevar a cabo el esfuerzo de mitigación climática que la sociedad requiere, en el Estado español esos representantes tan solo planteen consolidar las ilegalidades urbanísticas y la construcción en las zonas más valiosas de nuestro territorio. Nunca la clase política estuvo tan alejada de las necesidades reales de una sociedad», concluye.

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