Diego Catriel es un abogado arriacense (de Guadalajara), comprometido socialmente con las situaciones de desigualdad y abusos que se generan, especialmente en los procesos de desahucios. Por esta razón Diego ha sido un referente activista en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara.
Diego está acusado de haber realizado fotografías y haberlas difundido en redes sociales: eran imágenes y una denuncia contra un desahucio que se produjo el 26 de marzo de 2019 en Guadalajara.
Se trataba de una familia vulnerable, con un bebé de 5 meses que se veía en la calle sin posibilidad de acceder a recursos en pleno invierno. Diego fotografió el lanzamiento de estas personas, estando en su propio domicilio y haciendo las fotos desde su casa. Las compartió en las redes sociales de la Plataforma denunciando la terrible situación de una familia necesitada. Pero en las fotos aparecían las caras de los miembros de la comisión judicial que ejecutó el desalojo, que fueron precisamente las personas que denunciaron a Diego.
Las imágenes estaban acompañadas también de un texto: “recordad estas caras, son los miembros de la comisión judicial que han dejado a una familia en la calle”.
A Diego se le acusa de un delito de revelación de secretos, pese a que las imágenes fueron tomadas en la vía pública. La Fiscalía considera que al difundirlas en redes sociales reveló la identidad de los miembros de la comisión judicial, por lo que se estaría incurriendo en un delito de revelación de secretos por el que se pide una pena de 3 años de prisión.
También se acusa a Diego de un delito de injurias públicas graves por lo que se pide una multa de 3.600 euros y otros 6 meses más de prisión por parte de la Fiscalía.
Además, se acusa a Diego de otro delito: el de desobediencia, por el que se le pide un año más de prisión. Para la Fiscalía de Guadalajara se produjo desobediencia cuando los miembros de la comisión judicial denunciaron a Diego y le solicitaron como medida cautelar que retirase las fotos y los comentarios de las redes sociales. La PAH retiró las fotos y los comentarios, tal y como señalaba el juzgado en un auto. Y Diego publicó el auto en sus redes sociales señalando que «con esta medida cautelar el poder judicial quiere atacar un método de lucha esencial para la PAH, esto es, poder documentar gráficamente las vulneraciones del derecho a la vivienda. Seguiremos fotografiando vuestros abusos». Afirmar que «volverán a seguir fotografiando» se considera un delito de desobediencia.
La Fiscalía solicita un total de 4 años de prisión y 3.600 euros de multa por haber publicado una foto y hacer un comentario. Si no abona la multa serían 4 años y 6 meses de prisión.
Mañana se celebrará el juicio en los juzgados de Guadalajara.
Qué Vergüenza. Jueces prevaricadores y funcionarios que trabajan ..»en secreto…?» O sea; que la función pública es un órgano secreto. Yo no puedo con esto, que echen a todos a la calle. Cuanto hijo de puta .