Por estos días la justicia brasileña debate el involucramiento del ex presidente de la República Luiz Inácio ‘Lula’ Da Silvaen casos de corrupción y tras los fallos en primera y segunda instancia que lo encontraron culpable, el Supremo Tribunal Federal (STF) debate si debe esperar el fallo definitivo en libertad, como marca la Constitución del país sudamericano, o en prisión, como marca la jurisprudencia del propio Tribunal en los últimos años.

Esta situación, la posibilidad de encarcelar a un ex mandatario, ya es compleja en sí misma, pero se agrava porque Lula es el candidato presidencial que concita más apoyo popular de cara a las elecciones de este año en Brasil, y un encarcelamiento significaría su exclusión de la contienda… y su continuidad en libertad, casi una garantía de su triunfo.

Se enfrenta entonces el STF a una compleja decisión y ante inusitadas presiones de partidarios y adversarios del ex primer mandatario, que hacen que las autoridades teman reacciones violentas sea cuál sea la decisión, porque el nivel de crispación es tal, que cualquier decisión será tomada como una derrota por el sector que no vea colmadas sus expectativas y como una prueba de la cooptación de la administración de justicia por parte del otro sector por medio de métodos fraudulentos.

¿Habrá una decisión salomónica para intentar zanjar la discusión postergando la decisión definitiva dejando a Lula en libertad pero suspendiendo sus derechos electorales? Es difícil imaginar esa situación, pero está dentro de las posibilidades.

Pero todo esto pasó a un segundo plano a partir de las declaraciones del general retirado Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, que obligaron a las autoridades del Ejército brasileño a declarar públicamente que lo afirmado por el general retirado era una opinión personal y que ‘El Ejército brasileño pauta su actuación dentro de los parámetros legales establecidos por la Constitución Federal y otras normas que rigen el asunto’, puesto que lo que hizo Schroeder Lessa fue llamar abiertamente a un alzamiento militar que deponga a las autoridades constitucionales si Lula no era encarcelado.

En un país en el que todo es ‘o mais grande do mundo’, este general es ‘o maior delincuente do mundo’, puesto que el citado General retirado afirmó que si el STF no encarcela a Lula habrá una reacción violenta y ‘Se va a derramar sangre’ puesto que la crisis ‘va a ser resuelta con balas’.

Y como si fuera poco semejante amenaza, Schroeder Lessa sostuvo que si no fuera encarcelado Lula y ganara las elecciones, ‘ahí no tengo duda de que sólo queda el recurso a la reacción armada. Ahí es deber de las Fuerzas Armadas restaurar el orden’, en evidente llamado al quiebre del orden constitucional, aunque luego matizó al decir que ‘no creo que llegaremos hasta allí’.

Las declaraciones del Presidente del Club Militar, sitio que reúne a ex militares, no son más que una bravuconada que pretende ejercer presión sobre el STF, en un contexto de por sí complejo, y en un país en el que el primer presidente post dictadura no pudo asumir tras morir repentinamente tras su elección, de los cinco Presidentes (tres de ellos fueron reelectos) dos sufrieron juicio político, lo que a las claras demuestra que ha sabido resolver constitucionalmente sus graves crisis políticas.

Esta crisis no debe ser la excepción, por más que haya dinosaurios políticos como Schroeder Lessa que crean que el pasado aún está presente.

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