Lo fue todo en el PSOE durante décadas. Ahora se sienta en el banquillo como acusada de un presunto delito continuado de prevaricación, por el que la justicia le solicita diez años de inhabilitación. Magdalena Álvarez fue ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía durante una década hasta 2004, diputada en el Congreso y ministra con Zapatero de 2004 a 2009. Desde 2010 a 2014, en que se vio obligada a dimitir por el escándalo de los ERE irregulares, fue vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. Ahora, en su declaración de este lunes en la Audiencia Provincial de Sevilla durante el juicio por el denominado “procedimiento específico” de la macrocausa de los ERE, que sienta en el banquillo a otros 21 ex altos cargo de la Administración andaluza, entre ellos los ex presidentes Chaves y Griñán, ha negado la mayor como ya hiciera ante la jueza Mercedes Alaya en 2013. Pero ahora con matices.
“Lo que hubo o dejó de haber yo no lo sé porque mi tarea acababa en la fase prelegislativa”, apunta la ex ministra de Zapatero
Álvarez ha asegurado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que su departamento no lo controlaba “todo” y también que los presupuestos que aprobaba en este sentido el Gobierno andaluz no eran de su competencia. “En diez años de consejera nunca recibí un reparo de la intervención”, dijo Álvarez en el interrogatorio. Y añadió: “Es un error pensar que la Consejería de Hacienda lo controla todo”, aunque sí ha reconocido a preguntas del fiscal que conocía el destino para “relaciones laborales” del supuesto “fondo de reptiles” utilizado para abonar las presuntas ayudas irregularidades por valor de unos 800 millones de euros durante una década.
La ex ministra con Zapatero se ha negado a ratificar lo declarado ante la juez Mercedes Alaya en la fase de instrucción porque considera ahora que no recoge “en su integridad” lo manifestado ante el tribunal que juzga la denominada pieza política de los ERE irregulares. En su declaración de este lunes, Álvarez ha sido contundente asegurando que “debía haber un procedimiento para el pago de las ayudas y una fiscalización previa. Eso es lo que tenía que ocurrir. Pero lo que hubo o dejó de haber yo no lo sé porque mi tarea acababa en la fase prelegislativa”.
En el auto de procesamiento dictado por el juez Álvaro Martín se apunta que Magdalena Álvarez participó en la instauración del procedimiento para distribuir las ayudas “conociendo tanto los mecanismos destinados a ello, transferencias de financiación y modificaciones presupuestarias, como la falta de un procedimiento de mínimas y elementales garantías para el reparto de ayudas y subvenciones”.
Durante las dos declaraciones que tuvo que prestar en octubre y noviembre de 2013 ante la entonces instructora del caso y titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, la que aún era vicepresidenta del BEI no tuvo ningún reparo en separar su gestión de la que se realizaba en la Consejería de Empleo, de la que formaba parte el principal acusado, el ex director de Empleo Francisco Javier Guerrero, departamento que concedió durante más de una década las ayudas sociolaborales presuntamente irregulares por valor de más de 800 millones de euros.
“Si efectivamente la Consejería de Empleo no tramitó bien los expedientes de subvenciones tendría consecuencia, como la ausencia de fiscalización”, admitió en 2013 Magdalena Álvarez ante la jueza Alaya, aunque reconoció que todos los parlamentarios “estaban absolutamente especializados en materia presupuestaria” y no cree que se pudiera producir una errónea interpretación de la normativa vigente para introducir la partida presupuestaria 31L, la que posibilitó las ayudas presuntamente irregulares.
Álvarez le dijo en 2013 a Alaya que nunca supo que la Intervención General de la Junta había advertido en reiteradas ocasiones de la presunta ilegalidad del método utilizado para transferir las ayudas a través de la agencia IFA/IDEA. Además, la que fuera consejera de Hacienda se limitó a “transponer” la legislación estatal vigente a la autonómica en materia de transferencias de financiación.
Decidió esta vía al considerar, según declaró ante la jueza instructora, que este sistema “ya venía utilizándose “bajo otra denominación en la década de los 90”, aunque era plenamente consciente de que estaban destinadas exclusivamente “a financiar operaciones genéricas de las empresas públicas” y en ningún caso ayudas de tipo sociolaboral. “Ha podido haber un uso inadecuado, pero no una presupuestación inadecuada”, sentenció la ex ministra y ex consejera ante Alaya.
El mismo día que se suspendió la declaración de Álvarez en la Audiencia de Sevilla se conoció que el Gobierno de Susana Díaz pagará las defensas de los ex altos cargos juzgados en la pieza política de los ERE, según una sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), desvelada por el diario Público. Los únicos que no han tramitado esta petición al Ejecutivo socialista de Susana Díaz son los ex presidentes Chaves y Griñán.
La cantidad a desembolsar por la Administración autonómica será cuantiosa, teniendo en cuenta que los acusados han optado por los bufetes de abogados más caros y prestigiosos de la capital, que tendrán que seguir un juicio que se prevé se prolongue durante meses hasta el próximo octubre al menos.
