Se cumplen 25 años del primer asesinato racista en España. Fue la noche del viernes 13 de noviembre de 1992 en el distrito de Moncloa-Aravaca. A Lucrecia Pérez la mataron cuatro enmascarados, de extrema derecha, que querían recuperar “su discoteca” “Four Roses”, un local que en otros tiempos fue centro de diversión de alta sociedad, para la gente «guapa».
La dispararon porque querían «dar un susto a los sudacas». Los asesinos de extrema derecha estremecieron a una sociedad que hasta entonces, no se había planteado los asesinatos racistas.
La antigua discoteca, que ya no existe, estaba en la carretera de La Coruña, en el distrito de Aravaca. El distrito de Madrid con más poder adquisitivo. Los asesinos dispararon indiscriminadamente contra los dominicanos que cenaban a la luz de las velas.
La bala que mató a Lucrecia Pérez Matos, de 33 años, una bala del nueve largo Parabellum, de uso policial y militar. Lucrecia que llegó a España un mes y tres días antes, resultó alcanzada por dos tiros, uno de ellos en el corazón, matándola casi en el acto. Hubo otro herido grave, Augusto César Vargas, también dominicano.
La conexión del crimen con la ultraderecha se defendía, por las pintadas y carteles repartidos en aquella época por Aravaca, donde se leían “INMIGRACIÓN STOP Primero los Españoles» (Juntas Españolas); “Defenderse contra la invasión” (Grupo Covadonga), o pintadas: “Fuera Negros. N.J.” (Nación Joven).
El arma utilizada y su parafernalia apuntaron desde el primer momento, su autoría a grupos de extrema derecha, ligados a algunos elementos policiales, dado el arma y la munición utilizada.
Los dominicanos se han tenido que trasladar de esa zona “bien” de Madrid por culpa de los altos precios del alquiler, a distritos como Usera o Villaverde. Cuando los inmigrantes llegaron a Madrid tuvieron que vivir en casas abandonadas, como ellos mismos contaban, “cuando llegamos, dormíamos en casas abandonadas porque nadie nos alquilaba».
Las asociaciones de inmigrantes emitieron un comunicado firmado por cuatro organizaciones dominicanas, manifestando “su repulsa y horror ante la brutal agresión y asesinato”, e hicieron un llamamiento contra el racismo, porque “no es delito ser pobre”. En este comunicado se advertía que el asesinato de Lucrecia no fue “un hecho aislado”, sino resultado “de un proceso iniciado con las protestas de los vecinos contra las reuniones de los dominicanos”, que culminó con la difusión de un panfleto anónimo que llamaba a la “acción directa” contra los extranjeros.
Lucrecia había llegado a Madrid para trabajar como empleada doméstica. Sorprende ahora, pero la dueña de la casa la echó a la calle porque no sabía usar la lavadora.
Las plazas de Aravaca en 1992, año mítico para España, estaban llenas de inmigrantes dominicanos y eso molestaba a la sociedad acomodada madrileña. Del crimen se responsabilizó por su pasividad a las fuerzas políticas, sociales y religiosas de Aravaca.
El ayuntamiento de Madrid estaba gobernado por mayoría absoluta por el partido Popular cuyo alcalde José María Álvarez del Manzano, no ayudó en nada a apaciguar los ánimos de los vecinos.
Según se puede leer en la instrucción del caso: El 27 de noviembre de 1992, “era arrestado el guardia civil Luis Merino Pérez de 25 años, mientras prestaba servicio en la 111 Comandancia de la Guardia Civil, con base en Madrid. El viernes 27 eran arrestados tres menores: Javier Quílez Martínez, Felipe Carlos Martín Bravo y Víctor Flores Reviejo, de 16 años, acompañantes del autor material. Todos confesaron los hechos que se les imputaban” en el asesinato Lucrecia Pérez en Aravaca. La prueba fue “el arma utilizada, una pistola STAR BMK”; a pesar de que Merino cambió el cañón de su arma reglamentaria por la de otro compañero, para “borrar las señales del crimen”, el asesino “no había podido borrar la uña extractora”, -pieza que expulsa el casquillo y que deja una muesca microscópica- clave en su detención.
Al guardia civil Luis Merino le condenaron a 54 años de cárcel -30 por el delito de asesinato de Lucrecia Pérez y 24 por el de asesinato frustrado de su compatriota Augusto César Vargas-, así como a la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la pena. A los menores Felipe Carlos Martín Bravo, Víctor Julián Florez y Javier Quílez Martínez a 24 años de reclusión -15 años por el delito de asesinato y nueve por el del asesinato frustrado, al apreciarse la atenuante de “edad juvenil”-. En 2001 los menores condenados fueron puestos en libertad.
Ayer cientos de personas de todas las procedencias y culturas salieron a la calle para recordar entre crimen racista, el primero de España. “POR UNA SOCIEDAD SIN RACISMO”.
