Madrid ha pedido pasar a la Fase 1 mientras Barcelona, más prudente, esperará a mejorar sus datos epidemiológicos para salir del confinamiento en el que permanecen millones de personas. Son dos formas distintas de entender cómo debe ser la difícil desescalada, la vuelta a la “nueva normalidad” y la reactivación de la economía. De momento, el Ayuntamiento de Madrid ya ha anunciado que reabrirá los parques de distrito a partir del viernes −aunque no se podrá acceder a los de mayor tamaño como El Retiro o Madrid Río−, y que peatonalizará las calles para mantener la distancia social. La consigna de los políticos del PP madrileño parece ser pasar página a la pandemia, seguir produciendo como si nada hubiese pasado y recuperar cuanto antes el viejo mundo capitalista que aunque se ha hundido estrepitosamente ellos se resisten a perder.

Curiosamente, la decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, avalada por el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, se produce un día después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya sacado adelante su cuarta prórroga del estado de alarma que pretende alargar lo más posible el confinamiento de la población (con salidas reguladas a horas establecidas) como única fórmula científica de salvar vidas humanas. No ha debido gustarle al PP de Madrid que el Gobierno central, ese gabinete comunista que “trata de acabar con las libertades y derechos en España”, le diga lo que tiene que hacer, y tanto Ayuso como Almeida han pasado de inmediato a la acción.

Sin embargo, Madrid todavía no ha aportado al Ministerio de Sanidad los datos y la información necesaria e imprescindible para que el Gobierno pueda analizar la situación y decidir si autoriza finalmente el pase a la Fase 1 del desconfinamiento. Todos los expertos y virólogos advierten de que si se baja la guardia prematuramente el rebrote de la pandemia está garantizado. Asturias, Cantabria, Valencia, La Rioja, Ceuta y Melilla son las únicas que han hecho los deberes en el control de la enfermedad y ya han enviado toda la documentación a Moncloa para pasar a la siguiente pantalla de la desescalada. De ahí que sorprenda que Madrid −la región más afectada por el brote contagioso−, haya solicitado ser incluida entre los territorios que inician la nueva fase, sobre todo teniendo en cuenta que hace solo unas horas Díaz Ayuso reconocía que la comunidad que ella preside sigue teniendo un problema grave con el colapso en las UCI de los hospitales (están al 95 o incluso al 100 por cien de capacidad). Sin olvidar que en los últimos días se han cerrado 46 centros de salud ante la falta de personal, además de los servicios de urgencias ambulatorias, y que los estudios científicos sobre impacto real de la enfermedad en la población no están concluidos.

Todo apunta, por tanto, a que las prisas y la presión social (también un punto de electoralismo electoral) están pudiendo con los gobiernos autonómicos y locales del PP empeñados en entrar en una especie de carrera por ver qué comunidad sale antes de este mal sueño. Ayer mismo se supo que un abogado experto en derechos civiles ha presentado en el juzgado una denuncia contra el alcalde de Madrid por un delito de prevaricación administrativa por mantener cerrados los parques, por  asumir “competencias en la pandemia” que no le corresponden y por impedir a los madrileños el disfrute de espacios verdes “cuando más se necesitan”. Además, 11.000 personas han firmado ya en la plataforma de peticiones Change.org exigiendo que Martínez-Almeida desprecinte los jardines públicos para que se pueda “hacer deporte o salir pasear”.

La decisión última de abrir los parques parece contaminada de más política que de ciencia. Hoy mismo Ignacio Aguado ha reconocido que al coronavirus no se le ha ganado la batalla todavía, aunque ha apostado por que los madrileños salgan a la calle y los pequeños comercios puedan subir la persiana. El portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid​ ha asegurado: “Miles de autónomos no pueden aguantar más, necesitan recuperar la actividad económica. Vamos a hacerlo usando mascarillas y con la máxima seguridad. Hay que salir a la calle, convivir con el virus, seguir confinados no mata el covid, tenemos que acostumbrarnos a que cuando salgamos de casa cojamos las llaves, la cartera y la mascarilla”. Incluso ha admitido que existe un riesgo real de rebrote, ya que “nadie tiene el manual para vencer al coronavirus”.

Por tanto, ¿qué razones últimas están detrás de la decisión del PP madrileño? En primer lugar, obviamente, la razón política y electoral. La medida de confinamiento es impopular y mantenerla en el tiempo se antoja un mal negocio en las urnas, sobre todo si se tiene el aliento en el cogote de la ultraderecha de Vox, partidaria de que todo el país se eche alegremente a las calles para hacer frente a la dictadura progre. Por ese motivo el PP prefiere arriesgarse a un rebrote que a una sangría de votos.

En segundo término está el factor económico. La patronal lleva días presionando para que se recupere la actividad económica en Madrid, ya que el dinero no puede quedarse en casa por más tiempo. Y en tercer lugar, por qué no decirlo, hay cierta intención de rebelión contra el poder central encarnado por Pedro Sánchez, que ha diseñado una desescalada del confinamiento y una reactivación económica con un ritmo diferente en cada provincia o isla, en función de la situación sanitaria y epidemiológica y siempre siguiendo la máxima de proteger la salud y salvar vidas humanas.

Hace meses que Díaz Ayuso va por libre, al margen del Estado. Incluso ha llegado a abrazar la insumisión fiscal, tratando de implantar el “dumping” tributario para convertir la capital de España en una especie de nuevo paraíso fiscal para ricos. Ahora tampoco está dispuesta a escuchar a un Gobierno de rojos y a unos científicos aguafiestas que al advertir de que cualquier paso en falso en la desescalada puede llevarnos a una agudización de la epidemia estropean los planes de la presidenta. Ya se sabe que lo primero, según la concepción utraliberal, es el dinero. Después todo lo demás, incluso la salud.   

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