Aún recuerdo las primeras palabras de la consejera de medioambiente del gobierno de Ayuso: «quiero que seamos capaces de hacer cosas juntos, si nos ponemos de acuerdo, vamos a llegar más lejos»


Y está claro que todos compartimos esta máxima. Sobre todo cuando hablamos de algo tan importante como es la norma de uso del suelo de nuestra región.

Pero poco duró esta declaración de intenciones que todos compartimos. El gobierno de Ayuso decidió hacer las cosas con solo una parte para llegar a donde siempre. A la misma receta del ladrillismo y la burbuja inmobiliaria que ya en el 2008 nos arrastró a la famosa crisis.


El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado el momento excepcional para con confinamiento y alevosía imponer una reforma de la ley del suelo que es una barbaridad social y medioambiental. Y lo han hecho sin contar con nadie, sin que podamos hacer un trabajo que integrará las visiones de todos para poder hacer un proyecto amplio y sobre todo con el que se llegará lejos.

Han preferido quedarse tuertos. Únicamente han tenido en consideración las peticiones de las promotoras inmobiliarias. Con las que por supuesto hay que reunirse. Pero si solamente uno toma en consideración una visión del uso del suelo netamente mercantil y deja fuera el resto de miradas, si deja fuera a los municipios, a los representantes vecinales, a los sindicatos, asociaciones ecologistas, desde luego a la oposición, y lo que es aún más sorprendente al colegio de arquitectos de Madrid. Asi, solo podrá hacer una política tuerta de la parte social. Y es justo lo contrario a lo que necesitamos ahora mismo.

¿Hace falta una reforma de la ley del suelo? Absolutamente. Pero uno puede orientar, también el uso del suelo, en una dirección que vaya en la línea de satisfacer solo a las constructoras  o puede poner el uso del suelo orientado en beneficio de la sociedad.

Esta reforma recorre caminos ya andados, y que a ojos de todos han fracasado.

Esta reforma tiene muchos riesgos, pero hay algunos especialmente peligrosos.

El primero es que ya no ya no serán los técnicos de los ayuntamientos los que supervisen las construcciones y darán las licencias.

Ahora el visto bueno se lo darán las propias empresas constructoras. ¡Incluso para los casos de demoliciones!

En nuestra región hay muchos municipios que no tienen ni siquiera catálogo de bienes protegidos. Pues las constructoras podrían derribar bienes de interés histórico o cultural sin supervisión.

Se genera una inseguridad juridica enorme, se eliminan licencias como la de primera ocupación. Esta licencia es la que garantiza que la construcción se ha ejecutado según el proyecto técnico que se presentó al ayto..

 
¿Qué pasará con las viviendas que no cuenten con todas las garantías habitacionales y sus inquilinos descubran que hay fallos estructurales una vez estén ya instalados?


No parece además  sensato que en una comunidad como la nuestra, aquejada de los casos de corrupción siempre vinculados a la construcción se apueste por menos control.

Y por último. Podrán efectuar un «cambio de uso» de la propiedad sin licencia. ¿Esto qué significa? Pues básicamente que viviendas tradicionales podrán convertirlas en viviendas turísticas.

El sueño de los fondos buitres. Podrán convertir bloques de vecinos en lugares de continuo paso de turistas sin ningún control y con el encarecimiento del alquiler que esto acaba suponiendo.

El sector de la construcción tiene que orientarse en beneficio de la sociedad y no al revés.

Si hablamos de reactivar la economía, hablemos de la propuesta que ha hecho el colegio de arquitectos de Madrid.

Hablemos de la creación de 400.000 empleos verdes construyendo vivienda pública, rehabilitando nuestras viviendas para que haya mayor eficiencia energética. ¿Alguien se  imagina un rebrote de la COVID19 y confinamiento en Madrid en pleno agosto con el pésimo aislamiento de las viviendas madrileñas?

Es mucho más viable, más sostenible y no tiene nada que ver con el «delirio ladrillista» al que nos tiene acostumbrado el PP.

Aprendamos de lo que hemos pasado. Y pongamos a trabajar la economía en función del interés social.

1 Comentario

  1. luego no vale quejarse del precio de los alquileres… Si lo que queréis es constringir la oferta de vivienda poco vamos a solucionar.

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