Un camarada del Partido Feminista de España, dirigente de trabajo tenaz entregado a las causas sociales, está internado en una institución que llaman socio-sanitaria denominada Hestia en la zona norte de Madrid, en la carretera de Colmenar Viejo. En mayo sufrió una asepticemia provocada por alimentos en mal estado –otro día hablaremos de la inspección alimentaria- e ingresó en mayo en el Hospital Ramón y Cajal en estado crítico.
Después de dos meses y medio en cuidados intensivos lograron salvarle la vida, y muy satisfechos todos los sanitarios por tan feliz resultado de sus esfuerzos lo enviaron a casa, con la prescripción médica de que se le hiciera una rehabilitación imprescindible, después de dos meses y medio inmóvil en una cama y con las piernas inválidas. Nadie se la administró. Lo entregaron a la familia, con una esposa mayor y delicada y dos hijos adolescentes y no volvieron a ocuparse de él. Necesitaba que lo trasladaran diariamente al hospital para ser tratado por un fisioterapeuta, y nunca hubo suficiente personal para conducir la ambulancia y tener la ayuda necesaria para bajar y subir la escalera.
En agosto sufrió una trombosis cerebral por la inmovilidad y desde entonces ha pasado nuevamente dos meses en la UCI del ya conocido Ramón y Cajal, hasta que ante la imposibilidad de mejora lo enviaron a esa entidad privada “concertada”, es decir pagada con fondos públicos, llamada Hestia. Transcurridos seis meses, nuestro compañero, no habla, no come –se le ha introducido una sonda para darle alimento- y no se mueve. Sus miembros están rígidos como el mármol. Nadie se ha preocupado de devolver algo de flexibilidad a sus piernas ni de capacidad cognitiva a su cerebro.
Pero esa casa de acogida –un almacén de personas con diversas discapacidades- tiene como límite de estancia dos meses. Mi amigo necesita cuidados continuos para mantenerle en eso que llaman vida. Y un tratamiento intensivo de recuperación que nadie le administra. Ahora amenazan a la familia con devolverlo a su casa porque se le ha acabado el tiempo. O que pague una residencia privada que cuesta 1.800 euros mensuales. No sabemos si ante la imposibilidad de sufragar semejante cantidad, que es todo lo percibe por la pensión de jubilación con la que viven los otros tres miembros, un día la ambulancia lo trasladará al domicilio y lo dejará en el portal.
Este no es un caso aislado. Solamente una muestra de lo que está sucediendo en la sanidad madrileña. Madrid, capital de España, está regida por la fanática anticomunista Isabel Díaz Ayuso, que está llevando a cabo, sin anestesia, la destrucción de la sanidad pública. No es un secreto para nadie que la derecha tiene el objetivo de acabar con los servicios públicos más elementales que lograron las luchas sociales en el último siglo. Su programa de gobierno tiene como principal objetivo rebajar los impuestos y destruir la función pública que todavía se mantiene de otras épocas.
El propósito del capitalismo más primitivo y auténtico, que se remonta al siglo XVIII, es de la consigna francesa “laissé faire, laissé passé”. Dejar hacer, dejar pasar. Lo predicado por Adam Smith en La riqueza de las naciones. La iniciativa privada es el motor del progreso, ella sola creará los bienes necesarios para la sociedad y obtendrá los ingresos que se repartirán entre todos. El Estado es superfluo, una carga para los bolsillos de los ciudadanos, con su continua exacción de impuestos. Cada uno debe pagarse los cuidados médicos, la educación de sus hijos, la vivienda y la atención de las personas discapacitadas, y cuando los bolsillos están vacíos su dueños se quedan sin esas prestaciones, que son muy caras para el Estado y que cargan sobre los que trabajan y tienen buenos beneficios. En el siglo XXI estamos retrocediendo al XIX.
Ante esta situación, cuyos resultados nefastos está viviendo la sanidad madrileña como se ha hecho evidente con las huelgas repetidas de sanitarios, se hace imprescindible dar un giro trascendental a la política del Partido Popular. Si Madrid, ciudad y comunidad siguen regidas por la derecha más reaccionaria, apoyada por la ultra derecha, el nivel de vida de los madrileños retrocederá a los años de la postguerra.
El próximo 28 de mayo de 2023, se elegirán más de 67.000 cargos de 8.111 ayuntamientos, 7 cabildos, 3 consejos insulares y 3 diputaciones forales. A la vez se votarán a 866 diputadas y diputados de 13 comunidades autónomas. Estas elecciones pueden ser clave para que la ciudadanía escoja un modelo de gobernación, municipal y autonómica, que defienda el derecho de las personas a la sanidad, la educación, los servicios sociales, y las ayudas económicas a los más desfavorecidos desde la atención pública, derogando el modelo de privatizaciones y apoyo a las clases más adineradas en perjuicio de las clases trabajadoras, que se ha implantado en nuestro país en los últimos años.
Ese desafío, que se concretará en las consultas electorales de mayo, es el que afrontará en Madrid el Partido Feminista de España y Vindicación Feminista en competición con las demás formaciones políticas, en la candidatura “Madrid feminista y solidario”.
El voto popular puede hacer cambiar, por primera en la historia madrileña, el destino a que la derecha, con la nefasta ayuda de la ultraderecha, ha condenado a los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad y su región, antes ejemplo de resistencia al fascismo.
