El sector ganadero provoca un fuerte impacto en el medio ambiente y acelera el cambio climático. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que esta actividad industrial emite entre 7,1 y 8,1 gigatoneladas de CO2 al año, lo que representa el 14,5% de todas las emisiones contaminantes inducidas por el ser humano. Según la FAO, “cada año 13.000 millones de hectáreas de superficie forestal se pierden a causa de su reconversión con finalidades de aprovechamiento agrícola en pastizales y tierras de cultivo que se destinan tanto a la producción de cultivos alimentarios como a la de cultivos forrajeros”. La organización también calcula que el 33% de las tierras cultivables se destina a la producción de forraje para alimentar al ganado. Lógicamente, este ritmo de destrucción forestal es absolutamente insostenible.
Por si fuera poco, los propios ganaderos tradicionales son conscientes del impacto negativo que la ganadería industrial provoca en la naturaleza. Los riesgos son múltiples: producción de gases de efecto invernadero, erosión del suelo, emisiones de amoniaco y contaminación del agua. Andoni García, portavoz del sindicato agrario COAG, asegura que en este tipo de actividad ganadera en serie todo lo que se genera “son gases de efecto invernadero que no tienen ningún tipo de compensación”. Los científicos han alertado de que las macrogranjas esquilman los bosques debido a la necesidad de talar árboles para abrir pastos productores de piensos a gran escala. También suponen un despilfarro de agua y contaminan el entorno. Según datos oficiales, la contaminación por nitratos ha aumentado un 51,5% en España en solo cuatro años, desde 2016 hasta 2019. La Región de Murcia es la comunidad que mayores índices alcanza, seguida de Cataluña. En dicho período, todas las regiones españolas, salvo La Rioja, vieron aumentada su contaminación media por nitratos. Los ecologistas están convencidos de que la ganadería industrial es una de las principales causas de contaminación de los acuíferos subterráneos. Junto con el vertido de purines, el empleo de fertilizantes contribuye a la toxicidad del agua por este tipo de sustancias químicas.
En abril de 2021 Greenpeace puso en marcha el proyecto Sin agua no hay pueblos. El agua limpia es un derecho, impulsando la creación de una red ciudadana de vigilancia de ámbito estatal. Desde entonces se viene desarrollando un trabajo de campo de toma de muestras con la colaboración de 16 entidades y tres grupos locales de Greenpeace. Hasta la fecha de elaboración de este informe, ya se han realizado casi quinientas mediciones. Este proyecto busca un triple objetivo: ampliar el conocimiento sobre la contaminación del agua por nitratos en España, muy limitado por las vías oficiales; visibilizar la grave situación en la que se encuentran los recursos hídricos, así como la importancia de conservar la buena calidad del agua; y estimular la defensa del derecho al agua limpia y las denuncias contra instalaciones peligrosas. “Este proyecto solo se está pudiendo llevar a cabo gracias a la participación desinteresada y tenaz de muchas personas voluntarias que colaboran en el estudio”, asegura Greenpeace.
A la espera de disponer de más datos, las primeras conclusiones apuntan a que la toxicidad es mucho más preocupante de lo que indican los datos oficiales y que está mucho más diseminada por el territorio nacional de lo que cabría esperar. Hasta el momento de la redacción de este informe, la red de vigilancia ciudadana había analizado la polución en 457 muestras de aguas tanto superficiales como subterráneas repartidas en todas las comunidades autónomas entre mayo y agosto de 2021. Los resultados muestran que el 51,2% de las muestras presenta valores de contaminación por nitratos que se consideran “de riesgo”, es decir, superiores a 25 mg/L. Además, el 28,7% de las muestras analizadas contienen valores “superiores al límite permitido legalmente” (50 mg/L).
Según Greenpeace, Cataluña se ha situado en el ojo del huracán. “Es la comunidad autónoma que típicamente mayor industria cárnica ha albergado, incluso nos podemos arriesgar a decir que es la cuna de la ganadería industrial en España. Este hecho la ha convertido también en una de las comunidades autónomas con una afectación histórica de sus aguas por nitratos, derivada de una ingente producción de purines de los animales, así como del uso de fertilizantes sintéticos en agricultura”, asegura la organización ecologista. Ante esta situación, Cataluña ha desarrollado políticas de prevención de la contaminación del agua por actividades agrarias, centradas principalmente en la designación de “Zonas Vulnerables a Nitratos (ZVN)”, pero se trata de medidas “claramente insuficientes”. De hecho, aunque Cataluña fue pionera en declarar la moratoria a la ganadería industrial en 68 municipios gravemente afectados por los vertidos, este plan tampoco está funcionando. “El modelo predominante de ganadería industrial está destruyendo un recurso vital como es el agua. Las demás comunidades autónomas deberían de aprender de los errores y no seguir fomentando la ganadería industrial y las macrogranjas en su territorio, porque si no, más temprano que tarde, van a tener el mismo e ingestionable problema. Si Cataluña no quiere que la situación se agrave, debe dar un paso más, ir a la raíz de la cuestión, declarar una moratoria en todo el territorio y promover la reducción progresiva de la cabaña ganadera en intensivo”, añade el informe de Greenpeace.
Un reciente estudio publicado en la revista Nature estima que el 19% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero está provocado por la ganadería. Esta cifra supera con creces la que se manejaba hasta ahora y que estimaba la contribución de la ganadería en un 14,5%. También pone en evidencia la vital importancia de que la reducción de emisiones en la ganadería se convierta en un tema fundamental en las políticas climáticas y no un asunto menor y olvidado como hasta ahora. Calculando en función de la producción, se ha estimado que el sector ganadero español emitió 69,4 millones de toneladas de CO2. Las diferencias en la producción ganadera entre comunidades autónomas hacen que cada región juegue un papel con una incidencia distinta en el cambio climático. Una vez más, Cataluña fue la que más contribuyó al calentamiento global a través de la producción cárnica, acumulando casi un 30% de las emisiones totales (20,5 millones de toneladas de CO2). Le sigue Galicia con la emisión de 8,4 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes a un 12,1% del total. Castilla y León es la tercera comunidad que mayor impacta en el medio ambiente con la producción de 7,3 millones de toneladas de CO2 (un 10,5%). Entre estas tres comunidades superaban la mitad de las emisiones totales debidas al sector cárnico en 2019 en España (52,2%). Esto se debe a la mayor actividad ganadera, especialmente de carne de cerdo.
La España vaciada en el punto de mira
El 10 de noviembre de 2019 fueron elegidos un diputado y dos senadores del partido político Teruel Existe. En enero de 2020 se creó el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico bajo la batuta de Teresa Ribera. Toda una apuesta por mejorar el entorno que, sin embargo, ha supuesto mínimos avances, como así se recoge en una investigación tras la “Revuelta de la España Vaciada”.
Los municipios abandonados se resisten a ser utilizados como grandes campos de explotación ganadera. Noviercas es un pueblo de la provincia de Soria que va camino de la desaparición. Desde hace algún tiempo, allí se proyecta la construcción de la macrogranja más grande de Europa. Más de 23.000 vacas para la producción de leche. Desde la Asociación Hacendera, un movimiento vecinal contestatario, se alerta sobre los peligros ecológicos que entraña esta obra, informa la Cadena Ser. Además, los habitantes del lugar denuncian que este tipo de explotaciones ganaderas no sólo no contribuyen a repoblar la zona, sino que incentivan su despoblación: “Según el proyecto, se crearían 150 puestos de trabajo, cifra que hay que poner en cuestión, ya que las instalaciones están muy mecanizadas. Además, hay que tener en cuenta que los puestos que peligran, según COAG, son nada más y nada menos que 750”, afirma Miriam Tello, miembro de la asociación.
El 31 de marzo de 2019 algo se movió en la España Vaciada, esa parte rural del país formada por miles de pueblos en vías de extinción a causa del despoblamiento. Aquello fue un importante punto de inflexión. Aquel día se unieron más de 90 plataformas en una gran Coordinadora Estatal de la España Vaciada y se convocó una manifestación en Madrid a la que asistieron más de 100.000 personas. El movimiento va camino de germinar en un partido político que promete dar la batalla en el Parlamento español. Fue el grito desesperado de millones de personas que viven en un entorno como el rural cada vez más abandonado y degradado.
El informe de Greenpeace revela que, año tras año, aumenta la concienciación social sobre los males de la España Vaciada estrechamente vinculados al problema de las macrogranjas. Para Luis Ferreirim, “la ganadería extensiva está arraigada y genera puestos de trabajo, haciendo que la gente se mantenga en los pueblos, mientras que la ganadería industrial está muy mecanizada, apenas necesita mano de obra y no genera empleo, sino al contrario: a más animales en intensivo, menos personas en esos pueblos”. Pese a todo, Ferreirim lamenta la escasez de datos para extraer conclusiones definitivas.
La ganadería industrial no contribuye a fijar población en el medio rural; por eso recibe el rechazo de los habitantes que residen en los pequeños pueblos del interior. Las macrogranjas agotan los recursos básicos de una zona (como el agua) y aumentan la dependencia de las personas al agua embotellada. La industrialización agrícola ha contribuido a la continua desaparición del medio rural español desde hace décadas y hoy día continúa ese constante proceso de degradación. Desde 1962 hasta 2019 se ha ido perdiendo población en las zonas rurales, al mismo tiempo que se han abandonado las actividades esenciales para la subsistencia del campo, según los datos del Censo Agrario del INE. La falta de trabajo en la España Vaciada obligó a buena parte de los españoles a emigrar a las grandes ciudades en busca de un futuro mejor. Así, la población ocupada en el sector agrícola ha pasado del 36,3% al 3,98% en el periodo 1997-2016. En dicho lapso de tiempo desaparecieron 90.156 explotaciones agrarias de pequeño tamaño y aumentaron 3.297.201 nuevas hectáreas de grandes explotaciones, según el INE. También ha tenido lugar un abandono progresivo de tierras para pastos, imprescindibles en la ganadería extensiva. Este fenómeno se observa en la reducción de un 10,3% de la superficie cultivable, de modo que se han perdido más de 876.000 hectáreas solo en el citado período. Pero sobre todo ha habido una reducción en el número de explotaciones ganaderas: pese a que cada vez producimos más ganado y más carne, paradójicamente se han cerrado más de 2 millones de pequeñas explotaciones ganaderas. Una ruina para el sector.
El perfil demográfico tampoco deja lugar a la duda. Quienes abandonan el medio rural son mayoritariamente personas jóvenes. El 40% de las mujeres que dejan su pueblo tienen entre 16 y 44 años. El 67,6% de los titulares de las explotaciones son hombres. A las mujeres se las considera como una ayuda, se invisibiliza su trabajo y muchas veces no cotizan a la Seguridad Social. Esto lleva a la masculinización del medio rural, propiciada por la falta de igualdad y oportunidades. La masculinización del campo conlleva el descenso de la natalidad y el envejecimiento continuo de la población. Una reciente resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental desmonta uno de los mayores mitos de la industria cárnica, el de que la ganadería industrial es una solución a la pérdida de empleo en el mundo rural: “(…) La explotación intensiva de ganado porcino, basado en la concentración y la integración vertical características del nuevo modelo productivo, repercuten en el empleo agroganadero con la pérdida de puestos de trabajo, especialmente en el medio rural, y la tendencia a la sustitución de los agricultores y ganaderos profesionales por asalariados con rentas más bajas y precarias condiciones laborales”.
Extremadura es un ejemplo paradigmático de la lenta y agónica decadencia de la España Vaciada. Típica región ganadera con graves problemas de despoblación, la proliferación de la ganadería intensiva de porcino no ha conllevado un asentamiento de la población en el medio rural, como muchas veces se argumenta desde el sector cárnico. En el 51,2% de los municipios extremeños ha aumentado la cabaña ganadera porcina en el período 2015-2020 (173 de 338 municipios). Sin embargo, en el 90,8% de estos municipios (157) se ha producido una progresiva y paulatina pérdida de población. Es decir, mientras aumentaba la cabaña porcina en casi 154.000 cerdos, se perdían casi 18.000 habitantes. Y otro dato no menos importante: entre los 10 municipios extremeños que mayor incremento de ganado porcino han experimentado, ocho de ellos también han perdido población (los dos restantes son precisamente las capitales provinciales, Cáceres y Badajoz, sujetas a diferentes dinámicas poblacionales que los municipios rurales). Una vez más, queda patente que las macrogranjas no son el sinónimo de riqueza y prosperidad para una comarca que algunos pretenden vender.
En la España Vaciada las grandes explotaciones ganaderas no son bienvenidas. Quienes viven allí saben lo que estas instalaciones traen consigo y no las quieren en su pueblo. “Son una falsa solución al despoblamiento rural y una amenaza directa al medioambiente, al agua que bebemos, a los aromas de que disfrutamos en el campo y al paisaje. Y así lo demuestran las protestas y demandas de los distintos movimientos, plataformas ciudadanas en todo el territorio nacional contra los nuevos proyectos y los ya existentes”, asegura Greenpeace. Muchas de las demandas de la España Vaciada han sido recogidas en la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, de la que Greenpeace-España forma parte.
A medida que se agrava el problema y crece la oposición social al modelo de ganadería industrial en España, se van viendo algunas tímidas medidas para frenar el destructivo modelo de producción ganadera en serie. En septiembre de 2021, el ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció una nueva regulación para las explotaciones ganaderas, en la que se establecía, por primera vez a nivel estatal, una limitación en el tamaño de las futuras instalaciones de vacuno. Un límite establecido en 850 unidades de ganado mayor (725 vacas de ordeño o 1.400 terneros de cebo). El plan no llegó al sector porcino ni al avícola.
Asimismo, el Grupo Parlamentario Unidas Podemos registró en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley, con fecha 8 de julio de 2021, por la cual instan al Gobierno, del que forma parte el partido morado, a que se establezca “una moratoria a la instalación y ampliación de granjas de ganadería industrial”.
Calidad de la carne
La mayoría de los expertos coinciden en que la carne de granja tradicional es de mucha mayor calidad que la producida industrialmente. El paladar dice que no hay color, que no hay debate posible. Andoni García, portavoz del sindicato COAG, diferencia entre calidad del sabor y calidad de la carne a efectos legales. “Es verdad que la calidad gustativa o de sabor, por supuesto que no es la misma en una macrogranja que la que se produce con un animal en extensivo o semiextensivo. No tiene nada que ver, pero ambos deberán cumplir con la normativa europea en cuanto a calidad de bienestar animal y sanitarios. Realmente hay control y tenemos que dar por hecho que se cumple”, señala. García añade que “hablar de bienestar animal es muy relativo”. “En ningún caso puedo asegurar que una macrogranja de vacuno no esté cuidando a los animales. No tengo ningún elemento para afirmarlo”, alega. El representante de COAG recuerda que “las normativas europeas son muy claras al respecto: tanto el bienestar animal y la calidad se tienen que cumplir y yo doy por hecho que también las macrogranjas cumplen”.
A su vez, Sonia Roig, profesora de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), cree que, aunque se cumplen los requisitos legales y de bienestar animal, “no se puede comparar la calidad de vida de los animales de ganadería extensiva que salen a pastar con la de aquellos que viven toda su vida encerrados en dos metros cuadrados”. Contrariamente, Eduardo Moyano, catedrático de Sociología Rural del CSIC, afirma que la calidad de la carne producida en grandes explotaciones industriales “no tiene por qué ser inferior a la que se produce en la ganadería extensiva o en las granjas intensivas de menor tamaño”. “Las grandes inversiones que se requieren en las macrogranjas exigen que la carne producida sea de calidad para que el consumidor pueda valorarla en el mercado”, asegura el experto en un debate para Newtral. “En principio, una macrogranja no tiene por qué ser mala por sí misma, ni tener efectos negativos sobre el medio ambiente, ni atentar contra el bienestar de los animales si están bien diseñadas”, incide.
Y luego están los efectos perniciosos que para la salud humana conlleva un excesivo consumo de carne roja. Según un estudio dirigido por investigadores de la escuela Harvard TH Chan de Salud Pública, las personas que aumentaron sus raciones diarias de carne roja durante un período de ocho años tenían más probabilidades de morir en comparación con las personas que no incrementaron el consumo de este alimento. Una importante evidencia científica que demuestra que una mayor ingesta de carne roja, especialmente la procesada, se asocia con un riesgo más elevado de padecer diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer, incluidos los de colon y recto, y muerte prematura. El estudio va en la línea de las recomendaciones del ministro Garzón, que ha aconsejado comer más fruta y verdura y reducir la cantidad de proteínas animales en la dieta diaria. Por desgracia, las derechas españolas (PP y Vox) también son negacionistas en este asunto. Ya se sabe que en tiempos de posverdad se trata de ocultar la evidencia científica para alcanzar el poder a toda costa.
Seguramente el debate sobre la carne va a seguir de actualidad en los próximos meses. Lo que se dirime es tan trascendental como mantener una industria cárnica de calidad en lugar de un sistema de explotación en cadena de los animales que es de todo punto antinatural y antepone el rendimiento económico a la salud de las personas. También está en entredicho la imagen de marca de los productos españoles, hasta hoy altamente valorados en el extranjero. Pese a todo, en las altas esferas alguien parece empeñado en jugar con las cosas de comer.
