La carne está bajo sospecha en España. ¿Consumimos demasiadas proteínas animales poniendo en grave riesgo nuestra salud? ¿Debería regularse el sector ganadero español tras los últimos informes científicos que vinculan este tipo de industria con un agravamiento del calentamiento global y del cambio climático? ¿Es la carne que se produce en nuestro país un producto de óptima calidad o el modelo de las macrogranjas abastece el mercado con remesas de baja estofa? Ya vamos tarde al abordar todas estas cuestiones que en Europa llevan décadas debatiéndose y que aquí, en un país tradicionalmente carnívoro como el nuestro, siempre terminan aparcándose y dejándose para más tarde.
Al español le encanta la carne, emblema del buen yantar desde tiempos inmemoriales. “Lo primero que se le ofreció a la vista de Sancho fue, espetado en un asador de un olmo entero, un entero novillo”, narra Cervantes en El Quijote. Buena parte de la esencia de lo español, la gastronomía, su folclore, sus fiestas y tradiciones y en buena medida su idiosincrasia tiene que ver con la ganadería y el mundo rural. La política, las costumbres, la cultura y hasta la religión (ahí está la íntima relación entre Semana Santa y carne), entroncan con un alimento que forma parte de la columna vertebral de la economía nacional. El jamón ibérico es amado y degustado en todo el mundo como un plato delicatessen. La paella con pollo y conejo se idolatra en los cinco continentes. Y ya dijo el mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que donde esté “un buen chuletón al punto eso es imbatible”.
Pocos asuntos como este (quizá también la polémica fiesta nacional taurina, con la que la carne está estrechamente conectada) suscitan tanta controversia, no solo en las barras de los bares, sino también en las instituciones y foros políticos. Hablamos, por tanto, de una cuestión que afecta intrínsecamente a lo que fuimos como pueblo, a lo que somos y a lo que queremos ser. Desde ese punto de vista, el debate no podía ser pacífico y estaba abocado a un nuevo enfrentamiento entre progresistas y conservadores, entre modernos y tradicionalistas, entre las dos Españas, en fin. Y así ha sido.
El pasado 26 de diciembre el ministro de Consumo, Alberto Garzón, abría la caja de los truenos en una entrevista para el periódico británico The Guardian: “Lo que no es sostenible son las llamadas macrogranjas. Encuentran un pueblo en una parte despoblada de España y ponen 4.000, 5.000, o 10.000 cabezas de ganado. Contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan carne de mala calidad de animales maltratados”. Su ataque directo contra la ganadería intensiva, por contraposición a la extensiva, tradicional o ecológica, fue tomado por las derechas como una declaración de guerra en toda regla. El líder de la oposición, Pablo Casado, exigió “responsabilidades y una rectificación inmediata” en su cuenta de Twitter mientras que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, inmerso en plena campaña electoral, afirmó que el Gobierno atacaba “de nuevo” a los ganaderos.
La caverna mediática al servicio de los poderes reaccionarios puso en marcha la máquina del fango al tergiversar las declaraciones del ministro y presentarlo como un señorito de la izquierda caviar que va contra la España rural y que trata de arruinar la imagen en el extranjero del floreciente y reputado sector ganadero nacional. “España exporta carne de mala calidad de animales maltratados”, esa fue la idea que propagaron, machaconamente, las terminales periodísticas de las derechas, cuando en realidad Garzón no hacía más que criticar las macrogranjas –el modelo industrial que produce carne barata para obtener grandes y rápidos beneficios–, no a los pequeños ganaderos que crían animales de forma sostenible y salubre. Desde ese punto de vista, el ministro no hacía otra cosa que situarse en los postulados de la Europa civilizada, que en numerosas ocasiones ha lanzado una alerta ante la proliferación de grandes factorías cárnicas en el viejo continente. Pero, una vez más, el líder del PP, Pablo Casado, dio instrucciones precisas a su militancia para iniciar una cacería contra el titular del departamento de Consumo.
Las declaraciones de Garzón fueron impecables, otra cosa es cómo lo explicó a la opinión pública española. Y fue ahí donde el ministro cometió evidentes errores de comunicación, como elegir un periódico inglés (The Guardian) para expresar opiniones sobre la industria cárnica ibérica. En primer lugar, no hacía falta ser un avispado analista político para sospechar que los periodistas iban a utilizar sus declaraciones para montar un escándalo internacional, alimentar la leyenda negra contra España (a la que los ingleses le tienen ganas desde Felipe II) y sugerir que la vaca loca británica, en ocasiones transmisora de encefalopatías espongiformes, es más exportable y sana que la española.
En segundo término, también se equivocó Garzón al insistir en comportarse más como un activista que como un miembro del Gobierno de España que debe velar en todo momento por los intereses del país, de todo el país. Un ministro ha de ser consciente del alcance de sus palabras y medirlas con sumo cuidado, ya que una frase mal dicha o a destiempo puede arruinar todo un sector económico. En ese punto se echó de menos que sus críticas no fueran dirigidas contra la política cárnica global de la Unión Europea, sino directa y específicamente contra la española. Haber reclamado a Bruselas mano dura contra las perniciosas macrogranjas en todo el territorio europeo hubiese sido mucho más lógico y habría evitado la polvareda que se montó después. Sin embargo, decidió centrar el debate en las grandes explotaciones españolas, pegándose un tiro en el pie, o mejor dicho, pegándoselo a la industria ganadera, ya que la idea que ha calado internacionalmente es que nuestras carnes patrias no cumplen unos mínimos estándares cuando es justo al contrario: nuestro país posee una industria ganadera potente y de primera calidad.
Y en tercer lugar, cabe reprocharle a Garzón que se comportara como un tertuliano que se limita a analizar la actualidad. ¿Acaso no es el ministro de Consumo? ¿Es que no dispone de suficientes poderes, por ley, para tomar cartas en los diferentes asuntos que preocupan a los españoles? ¿Ha ordenado alguna investigación exhaustiva, ha tomado alguna medida drástica para acabar con esos filetes y solomillos peligrosos que están arruinando la salud de los españoles, ha anunciado algún plan de choque para regularizar el supuesto descontrol de las macrogranjas? Hasta donde se sabe, su ministerio no va a hacer nada de momento.
Sin embargo, más allá de los errores de cálculo de Garzón (que tenía toda la razón en el fondo de sus críticas contra el excesivo consumo de carne, conviene recordarlo una vez más), las derechas españolas iniciaron una caza al hombre, agitando al sector ganadero, que todavía hoy, semanas después de la entrevista del ministro con The Guardian, no ha cesado. PP y Vox han pedido la dimisión del líder de Izquierda Unida abrazándose a la peor de la demagogia y olvidando el grave problema de fondo que sufre el país, ya que los pequeños ganaderos y los pueblos de la España vaciada vienen denunciando desde hace años que la proliferación de macrogranjas causa un enorme daño a la economía, a la salud pública y al medio ambiente. Lo que debería ser una cuestión de Estado necesitada de un debate sereno y científico ha sido convertido por los partidos conservadores y reaccionarios en una bronca política surrealista y sin sentido, en una guerra abierta que ya se ha trasladado a la calle entre defensores de los derechos de los animales y partidarios de las esencias patrias que elevan la carne a la categoría de fetiche intocable casi sagrado.
Los datos son concluyentes
Pero más allá de trifulcas políticas que forman parte del espectáculo de nuestra democracia, cabría preguntarse qué hay de cierto en las denuncias del ministro Garzón. Un reciente informe de la oenegé ecologista Greenpeace bajo el título Macrogranjas, veneno para la España rural alerta sobre los peligros de este tipo de instalaciones. “Si queremos proteger la vida del campo, es clave que la emergencia ambiental esté en el centro del debate de la España Vaciada. Para una población rural más vulnerable, pero clave ante la crisis ambiental, es urgente asegurar inversiones, fomentar sus capacidades y reducir su fragilidad frente a impactos climáticos, protegiéndola de amenazas como la explosión de macrogranjas que quieren inundar nuestros pueblos, contaminando de forma irreversible un recurso vital como el agua, con falsas promesas de empleo y dinamización rural”.
El informe denuncia la expansión desmesurada y descontrolada de la ganadería industrial en España, el agotamiento de los recursos hídricos que conlleva esta actividad empresarial (un kilo de carne precisa 15.000 litros de agua para su fabricación), el enorme impacto del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, la emisión de amoníaco al medio ambiente y la consiguiente contaminación de acuíferos, ríos y mares.
En España existen dos modelos principales de ganadería: intensiva y extensiva. La primera acumula miles de piezas de ganado en grandes instalaciones para su producción industrial en masa, mientras que la segunda aglutina a los pequeños ganaderos y se centra en el aprovechamiento de terrenos para el pasto de los animales. Luis Ferreirim, responsable de la Campaña de Agricultura en Greenpeace España, asegura que la ganadería masificada “busca producir mucho, rápido y al menor coste económico, y eso solo se puede hacer a nivel industrial, a gran escala. Necesitan muchos recursos externos (como soja o maíz para piensos), que son una de las causas importantes de deforestación para producir comida de animales y eso, junto al ganado, genera muchas emisiones de gases”.
España es uno de los estados europeos que más ha aumentado su producción cárnica en los últimos 60 años. Según datos de Our World in Data, el proyecto de análisis y visualización estadística de la Universidad de Oxford, la venta de carne en nuestro país ha crecido un 965% desde 1961, diez veces más que en Alemania o Reino Unido y muy por encima del aumento medio del continente, que se sitúa en un 147%. En la última década ha desaparecido el 30% de las granjas más pequeñas mientras aumentaban las explotaciones intensivas y macrogranjas. Algunas comunidades autónomas ya han tomado medidas. Navarra, por ejemplo, ha establecido una moratoria parcial por la que no se permiten nuevas explotaciones de vacuno o ampliación de las existentes por encima de las 1.250 cabezas. Cataluña ha renovado las instalaciones en municipios afectados por la contaminación del agua a causa de los nitratos y en Galicia se están planteando poner límites más estrictos, pero poco o nada se ha avanzado al respecto. Los ecologistas creen que las moratorias deben ser solo un primer paso, ya que, tal como se está sugiriendo en otros países como Holanda, resulta imprescindible ir a la raíz del problema, que no es otro que reducir drásticamente el número de animales en cría intensiva y apostar por una transformación del modelo productivo, uno que no siga destruyendo el planeta, respete las condiciones naturales biofísicas, fije población en el medio rural y proteja la salud de las personas.
Ahora bien, ¿qué se entiende por una macrogranja? Se trata de instalaciones o grandes plantas dedicadas a la ganadería industrial. Espacios caracterizados por la presencia de una importante cantidad de animales hacinados, de tal manera que resulta complicado darles un alimento natural y gestionar de forma segura los excrementos que producen. La ganadería industrial, también llamada ganadería intensiva por contraposición a la ganadería extensiva o tradicional, es un sistema de cría de animales donde se busca la máxima producción de carne, leche y huevos al más bajo coste y en el menor tiempo posible. Para ello se utilizan métodos y técnicas mediante los cuales los animales, en “elevadas densidades”, se encuentran confinados y son alimentados de forma permanente dentro de instalaciones bajo condiciones estrictamente controladas por los seres humanos o, por ejemplo, en el caso de algunas explotaciones, aunque pueden salir al exterior, no tienen acceso a pastos o a un espacio suficiente para vivir como especie de forma natural.
En este modelo de ganadería se depende exclusivamente de piensos artificiales y forrajes en gran medida provenientes de terceros países, así como de enormes cantidades de medicamentos, en particular antimicrobianos. En algunos casos se ha detectado el engorde del ganado con hormonas y hasta con antibióticos, sustancias que ponen en serio riesgo la salud de las personas. Por otro lado, al generarse una ingente cantidad de excrementos, los campos agrícolas de las inmediaciones se convierten en auténticos vertederos (los residuos de los animales son un excelente abono para los cultivos, pero en grandes cantidades los purines se convierten en un grave problema de salubridad pública). De acuerdo con la Directiva Europea de Emisiones Industriales 2010/75/UE, se consideran complejos industriales las explotaciones de cría intensiva de aves que dispongan de más de 40.000 plazas de corral; más de 2.000 plazas para cerdos de cría; o más de 750 plazas para cerdas reproductoras. En unas recientes declaraciones, Pablo Casado ha negado que existan instalaciones de este tipo en España, lo cual no es cierto. Las hay y se están planificando algunas más de cara al futuro.
Por ley, están obligadas a declarar sus emisiones todas las explotaciones ganaderas que superen las 10 toneladas de amoniaco y 100 toneladas de metano al año. Por lo tanto, también se consideran industriales aquellas instalaciones que tengan menos animales censados de los previstos en la normativa vigente, pero sobrepasen las emisiones peligrosas. Para los ecologistas, “hablar de números a veces simplifica la realidad y nos mete en una dinámica de disputa de cifras que no lleva a ninguna parte. Por ello, desde Greenpeace señalamos al modelo productivo en sí”.
Parece evidente que la ley deja numerosas rendijas y resquicios para que proliferen la picaresca y la especulación en el sector. Un ejemplo resulta altamente revelador: las explotaciones de vacuno quedan exentas de declarar sus emisiones tóxicas. Greenpeace preguntó al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR) sobre los motivos de esta exención y el grupo verde recibió una respuesta cuanto menos sorprendente: “En el ámbito de aplicación del PRTR la cría intensiva de ganado vacuno no está incluida. Por lo que, hasta el momento, esta actividad no tiene obligación de informar de sus emisiones anuales en el registro. Por eso no hay información sobre sus emisiones”. Se sabe que el exceso de gases en la atmósfera provenientes del ganado es nocivo para el medio ambiente porque contienen metano y agravan el calentamiento global responsable del cambio climático. En contra de la creencia popular, este gas no es expulsado mediante las flatulencias de las reses, sino que pasa al sistema respiratorio y es eliminado por medio de las exhalaciones. La peligrosidad del metano vacuno está comprobada científicamente: a corto plazo forma un gas de efecto invernadero muy potente.
Es lógico pensar, por tanto, que cualquier gobierno debería actuar contra un problema inminente y global. Pero, una vez más, los poderosos intereses económicos priman sobre la seguridad alimentaria. En el año 2020, el sector de la alimentación, bebidas y tabaco facturó casi 95.000 millones de euros –lo que representa un 24,7% del total de la producción industrial–. Pero es que el sector cárnico ocupa el primer lugar en el ranking alimentario, ostentando una cifra de negocio de un 22,2% –casi 28.000 millones–, lo que representa el 2,32% de todo el PIB español. Además, España es ya el país donde más carne se consume de toda la Unión Europea. Estamos por tanto ante un puntal estratégico para la economía española que ahora choca de lleno con retos como la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad o el uso y contaminación del agua. Pese a todo, en las políticas climáticas o de recuperación económica no se establecen objetivos ni medidas para atajar el problema. Satisfecha con ese olvido, la industria cárnica “sigue escabulléndose de sus responsabilidades, incluso lanzando agresivas campañas de greenwashing o lavado de imagen e incrementando su producción y también la facturación, que desde 2008 hasta el 2020 ha crecido un 20%”, asegura la organización ecologista. Greenpeace cree que para paliar los graves efectos en el clima sería necesario reducir el consumo hasta alcanzar un promedio semanal por persona de 300 gramos de carne y de 630 gramos de lácteos.
Industria cárnica
A fecha de enero de 2021, en España había un total de 507.020 explotaciones ganaderas activas, lo que significa que existe una instalación por kilómetro cuadrado. Andalucía es la comunidad que más factorías alberga. Sin embargo, son Castilla-La Mancha, Aragón, y Cataluña las tres comunidades que tienen explotaciones ganaderas más grandes (una media de 4.803, 4.064 y 2.376 animales por explotación), lo que refleja que son las regiones que acumulan la ganadería más intensiva.
De las cuatro principales especies de carne para consumo humano, ganado bovino, ovino, caprino y porcino, es este último el que dispone de una mayor cabaña ganadera. En 2020, en España había casi 33 millones de cerdos, lo que supone el 66% de las toneladas de carne producida. Es precisamente el ganado porcino el que más se caracteriza por producirse bajo un sistema de ganadería intensiva, de nefastos efectos contra el medioambiente.
En cuanto al ganado vacuno, en nuestro país ya hay más de 6,6 millones de vacas. La expansión de la ganadería industrial de vacuno es cada vez más acelerada, al igual que ocurre con la porcina. El censo de reses ha aumentado en los últimos seis años (2015-2020) un 6,5%, cuando desde 2002 solo lo hizo un 1,3%, lo que indica que en estos últimos tiempos se ha intensificado la producción probablemente a causa de la ganadería industrial, que ofrece grandes posibilidades de negocio rápido. Si analizamos el incremento en el número de cabezas de vacuno por comunidades autónomas, observamos que Murcia es donde se registra un mayor crecimiento proporcional pese a que no es de las comunidades con mayor número de piezas. Esto demostraría, según los ecologistas, cómo el modelo de ganadería industrial se extiende incluso en regiones que hasta ahora no tenían gran tradición ganadera ni su economía estaba basada en este tipo de actividad agropecuaria. La segunda comunidad en expansión es Aragón –un 21%–, le siguen Castilla-La Mancha y Castilla y León (20,5% y 11% respectivamente), Galicia y Extremadura.
Por lo que se refiere al censo de gallinas para consumo humano, tanto de huevos como de carne, ha aumentado un 33,9% en los últimos seis años. La mayoría de la producción de aves para consumo humano se concentra en tres comunidades, Galicia, Castilla-La Mancha y Aragón, que acumularon, en el primer trimestre de 2021, el 56,4% del total de la producción. En todas las comunidades autónomas de las que se disponen datos, el sistema de producción intensivo supera con creces al extensivo y es la forma de producción ganadera predominante, muy especialmente en la ganadería porcina y aves. Llama la atención la envergadura de algunos proyectos de dimensiones descomunales, como es el caso de la macrogranja que se va a poner en marcha en San Clemente (Cuenca) y que podría albergar más de un millón de gallinas de puesta (de llevarse a cabo, sería la más grande de España y de toda Europa).
Es evidente que, pese al negacionismo de Pablo Casado, que trata de convencer al país de que no existen macrogranjas en España, hay un boom de producción cárnica de marca nacional. En los últimos días, Greenpeace ha desplegado una pancarta gigante en el centro de Madrid para llevar a cabo una campaña de concienciación en tono irónico: “Las macrongranjas no existen. Esta pancarta gigante tampoco”, reza la inmensa tela amarilla colocada en el número 36 de la Gran Vía madrileña. También en el asunto de la carne el negacionismo ocasiona un daño letal a la sociedad.
Efectos de las macrogranjas
Es algo científicamente admitido que la ganadería no ocasiona los mismos efectos en el medioambiente si se trata de producción intensiva o extensiva, ni tampoco si se trata de ganadería convencional o ecológica. La producción industrial y no ecológica es mucho más contaminante, ya que requiere más recursos naturales (un mayor consumo de agua y energía agrava el cambio climático), y genera productos contaminantes (agrotóxicos y purines que erosionan el suelo y el agua).
El éxito de la ganadería intensiva se asienta en tres pilares básicos: producir mucho, producir rápido y producir lo más barato posible. “Es incuestionable que, por mucha tecnología que se aplique, los impactos generados son proporcionales al número de animales. Más animales, más gases contaminantes de efecto invernadero y amoníaco; más excrementos, mayor necesidad de piensos (deforestación y mayor uso de tierras agrícolas); más agua utilizada y más medicamentos, peores condiciones de vida”, asegura el informe de Greenpeace.
Todo este mercado desregularizado y sin control repercute en unas regiones más que en otras. Así, las explotaciones de porcino de Castilla-La Mancha son las que desarrollan un sistema más contaminante, dado que un 86,6 por ciento de las explotaciones se dan bajo un modo intensivo y tan sólo un 13,4 son explotaciones en extensivo. No se dispone de información para el resto de especies ganaderas, pero un dato resulta revelador: según informes de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en la provincia de Cuenca el número de cabezas de cerdo se ha quintuplicado desde 2009, pasando de 106.977 a 553.848.
A su vez, en Extremadura la mayoría de las explotaciones ganaderas se dan en un sistema extensivo, característico del paisaje extremeño. No obstante, se detecta un auge de la modalidad intensiva en el sector porcino en los últimos seis años. Por decirlo de una manera coloquial, la mayoría de los cerdos ya no son auténticos “ibéricos”, lo que va en perjuicio de la imagen de marca y la denominación de origen de un producto altamente valorado en todo el mundo.
Por su parte, en Baleares predomina el sistema de ganadería intensiva en la producción de ganado porcino. Sin embargo, en el sector caprino y ovino parece predominar el sistema extensivo, aunque hay numerosas explotaciones sin clasificar y, por tanto, faltan datos. En cuanto a Cataluña, para las especies de porcino, bovino y caprino el sistema intensivo supera, en más del doble, el número de animales que el extensivo. Solo en la modalidad de ovino el sistema predominante es el mixto, pero en ningún caso el modo extensivo es el principal.
Tampoco ayuda demasiado la falta de transparencia en el sector de las macrogranjas. En su informe, Greenpeace denuncia que no existen datos comparativos sobre ambas formas de producción en nuestro país. Los ecologistas han solicitado información a todas las comunidades autónomas, pero solo las cuatro regiones a las que se refiere el informe han contestado, aunque aportando únicamente cifras municipales. “Poca información y además deficiente para hacer un estudio que es de interés público”, critica la organización ecologista. “Resulta especialmente llamativo no recibir información, a la fecha de redacción de este informe, de comunidades como Aragón y Castilla y León, con las mayores cabañas ganaderas de porcino y vacuno respectivamente, de España, y dos de las comunidades autónomas más afectadas por el abandono de población de sus municipios. Cabe destacar también que estas dos regiones sean los territorios donde se dan mayores niveles de contaminación por nitratos y donde numerosos pueblos han sufrido restricciones de agua por niveles altos de esta sustancia, mayormente en las provincias de Segovia y Zamora. La información es un derecho fundamental y más en un tema tan vital que afecta incluso al agua potable”.
