Hoy están llamados a declarar los comisionistas, Alberto Luceño y Luis Medina, por el momento los únicos imputados. Deberán dar detalles sobre la supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de mascarillas, test y guantes en los meses más duros de la pandemia.
Caso de las mascarillas
Esta será la primera vez que declaren en el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, que les investiga por delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales (además de alzamiento de bienes en el caso de Luis Medina).
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid admitió a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra Luceño y Medina por delitos de estafa agravada, blanqueo y falsificación. Según el ministerio público, “en marzo de 2020, en el peor momento de la pandemia, cuando cientos de personas morían y los ciudadanos se encontraban confinados en casa mientras los sanitarios hacían frente a un virus desconocido, los dos empresarios actuaron de común acuerdo para obtener un exagerado e injustificado beneficio económico”.
Blanqueo y falsificación
Ambos recurrieron presuntamente a un primo del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, para entrar en contacto con el Ayuntamiento, “al que ofrecieron la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China”. Gracias a esa gestión, se embolsaron seis millones de euros, ya que “inflaron artificialmente los precios de los productos con comisiones disparadas: del 60% para las mascarillas; del 71% para los tests; y del 81 % para los guantes”, según las fiscalía.
Con los beneficios de la presunta estafa, que obtuvieron, compraron bienes de lujo, que el juez ya ordenó embargar para asegurar la recuperación del supuesto dinero estafado.
Mascarillas, guantes y test de diagnóstico de COVID-19 en mal estado
El material sanitario habrían costado al consistorio casi 12 millones de dólares, de los que inicialmente tres millones fueron a parar a Medina y hasta ocho millones a Luceño. Ambos se habrían llevado comisiones del 21% y del 49%, respectivamente, aunque posteriormente se devolvió una parte del material, razón por la que se redujeron finalmente las comisiones a seis millones de dólares (uno para Medina y algo más de cinco para Luceño).
Falso experto
Según la querella, Alberto Luceño se presentó “como experto en importación de productos procedentes del mercado asiático”, con fábricas en China a su disposición, y “como agente exclusivo de una empresa malaya”, a través de la cual se iba a realizar la importación.
Aseguró actuar movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia. Mientras morían los españoles por miles, estos dos personajes se forraban.
No tenía experiencia significativa en negocios de importación, tampoco disponían de fábricas en China, Tampoco era agente exclusivo de la mencionada empresa. Por su parte, Medina se aprovechó de su amistad con un familiar de Almeida, alcalde de la ciudad. Se habrían firmado tres contratos, gracias a los amiguismos en el Ayuntamiento madrileño, con precios inflados que eran comisiones.
Precios inflados
Los precios que fijó Luceño e impuso al Ayuntamiento de Madrid amparándose en su falsa posición de fabricante y agente exclusivo de la compañía vendedora eran desorbitantes y una absoluta inmoralidad.
Según el documento de Anticorrupción, “Luceño ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en el caso de los guantes y casi el 71% en el caso de los test) correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir”.
148% de beneficios
Anticorrupción señala que “el precio real de venta de las mascarillas era de 2,6 millones de dólares, si bien los querellados inflaron artificialmente su precio para llevarse un beneficio de cuatro millones (el 148% del precio real del producto)”.
Los guantes, eran de “ínfima calidad y que solo llegaban hasta la muñeca”. Además, con una fotografía tomada en un supermercado de Madrid, se comprobó que un par de guantes de la misma calidad y características, “se ofrecían al público por 0,08 céntimos, cuando el Ayuntamiento pagaba dos dólares”.
Test defectuosos
La Fiscalía señala que gran parte de los test COVID que recibió el Ayuntamiento de Madrid eran defectuosos: “Concretamente, de los 250.000 test recibidos, solo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad aceptable (94 %); 115.000 tenían un nivel de sensibilidad del 80 %, y un lote de 60.000 test tenía un nivel de sensibilidad especialmente bajo, del 66,7 %”.
Tras reclamar una devolución, Luceño habría contestado que “el vendedor no estaba dispuesto a devolver el dinero, pero sí a enviar una nueva remesa de test”. “No consta que hasta la fecha se hayan enviado nuevos reactivos ni que se haya corregido de otra manera el defecto de sensibilidad de los test”.
Coches de lujo y yates mientras morían los españoles
Con el dinero de las comisiones, Alberto Luceño compró tres relojes de la marca Rolex valorados en 42.450 euros en total, y vehículos de lujo como un Aston Martin DBS Superleggera; un Ferrari 812 Superfast; un Lamborghini Huracán Evo Spider; un McLaren 720S; un Porsche Panamera y varios Mercedes, valorados en total en más de 1 millón de euros. También gastó 1.107.400 euros más en una vivienda con tres plazas de garaje en Pozuelo de Alarcón.
Un yate llamado “Feria” como el ducado de su padre
Por su parte, Medina adquirió un yate modelo Eagle 44, llamado “Feria”, como el ducado de su padre, que ha sido registrado en Gibraltar y por el que pagó 325.515 euros.
Acusaciones particulares
Para el instructor: “Los delitos investigados, no sólo afectan a los fondos públicos, sino que tienen un interés general y una enorme repercusión pública”, explica el juez.
Añade que se investiga “el manejo de dinero de las arcas municipales en un asunto tan grave como fue la adquisición de material sanitario en el momento más álgido de la pandemia de COVID-19, con miles de fallecimientos diarios, y determinar si esos fondos beneficiaron a determinadas personas particulares en perjuicio de la generalidad de los ciudadanos”.
Contratos de emergencia a la funeraria
Los tres contratos adjudicados a la empresa malaya Leno fueron firmados en los últimos días de marzo de 2020 y se gestionaron a través de la empresa municipal de servicios funerarios. Con esta diligencia, se permitió que pudiera hacerse por el trámite de emergencia y que los controles y la publicidad fueran inferiores a un procedimiento abierto con concurso público.
Mascarillas, guantes y test de diagnóstico de COVID-19 en mal estado
El material sanitario habrían costado al consistorio casi 12 millones de dólares, de los que inicialmente tres millones fueron a parar a Medina y hasta ocho millones a Luceño. Ambos se habrían llevado comisiones del 21% y del 49%, respectivamente, aunque posteriormente se devolvió una parte del material, razón por la que se redujeron finalmente las comisiones a seis millones de dólares (uno para Medina y algo más de cinco para Luceño).
Falso experto
Según la querella, Alberto Luceño se presentó “como experto en importación de productos procedentes del mercado asiático”, con fábricas en China a su disposición, y “como agente exclusivo de una empresa malaya”, a través de la cual se iba a realizar la importación.
Aseguró actuar movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia. Mientras morían los españoles por miles, estos dos personajes se forraban.
No tenía experiencia significativa en negocios de importación, tampoco disponían de fábricas en China, Tampoco era agente exclusivo de la mencionada empresa. Por su parte, Medina se aprovechó de su amistad con un familiar de Almeida, alcalde de la ciudad. Se habrían firmado tres contratos, gracias a los amiguismos en el Ayuntamiento madrileño, con precios inflados que eran comisiones.
Precios inflados
Los precios que fijó Luceño e impuso al Ayuntamiento de Madrid amparándose en su falsa posición de fabricante y agente exclusivo de la compañía vendedora eran desorbitantes y una absoluta inmoralidad.
Según el documento de Anticorrupción, “Luceño ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en el caso de los guantes y casi el 71% en el caso de los test) correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir”.
148% de beneficios
Anticorrupción señala que “el precio real de venta de las mascarillas era de 2,6 millones de dólares, si bien los querellados inflaron artificialmente su precio para llevarse un beneficio de cuatro millones (el 148% del precio real del producto)”.
Los guantes, eran de “ínfima calidad y que solo llegaban hasta la muñeca”. Además, con una fotografía tomada en un supermercado de Madrid, se comprobó que un par de guantes de la misma calidad y características, “se ofrecían al público por 0,08 céntimos, cuando el Ayuntamiento pagaba dos dólares”.
Test defectuosos
La Fiscalía señala que gran parte de los test COVID que recibió el Ayuntamiento de Madrid eran defectuosos: “Concretamente, de los 250.000 test recibidos, solo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad aceptable (94 %); 115.000 tenían un nivel de sensibilidad del 80 %, y un lote de 60.000 test tenía un nivel de sensibilidad especialmente bajo, del 66,7 %”.
Tras reclamar una devolución, Luceño habría contestado que “el vendedor no estaba dispuesto a devolver el dinero, pero sí a enviar una nueva remesa de test”. “No consta que hasta la fecha se hayan enviado nuevos reactivos ni que se haya corregido de otra manera el defecto de sensibilidad de los test”.
Coches de lujo y yates mientras morían los españoles
Con el dinero de las comisiones, Alberto Luceño compró tres relojes de la marca Rolex valorados en 42.450 euros en total, y vehículos de lujo como un Aston Martin DBS Superleggera; un Ferrari 812 Superfast; un Lamborghini Huracán Evo Spider; un McLaren 720S; un Porsche Panamera y varios Mercedes, valorados en total en más de 1 millón de euros. También gastó 1.107.400 euros más en una vivienda con tres plazas de garaje en Pozuelo de Alarcón.
Un yate llamado “Feria” como el ducado de su padre
Por su parte, Medina adquirió un yate modelo Eagle 44, llamado “Feria”, como el ducado de su padre, que ha sido registrado en Gibraltar y por el que pagó 325.515 euros.
Acusaciones particulares
Para el instructor: “Los delitos investigados, no sólo afectan a los fondos públicos, sino que tienen un interés general y una enorme repercusión pública”, explica el juez.
Añade que se investiga “el manejo de dinero de las arcas municipales en un asunto tan grave como fue la adquisición de material sanitario en el momento más álgido de la pandemia de COVID-19, con miles de fallecimientos diarios, y determinar si esos fondos beneficiaron a determinadas personas particulares en perjuicio de la generalidad de los ciudadanos”.
Contratos de emergencia a la funeraria
Los tres contratos adjudicados a la empresa malaya Leno fueron firmados en los últimos días de marzo de 2020 y se gestionaron a través de la empresa municipal de servicios funerarios. Con esta diligencia, se permitió que pudiera hacerse por el trámite de emergencia y que los controles y la publicidad fueran inferiores a un procedimiento abierto con concurso público.
