Hace unos días tuvo lugar la primera reunión de lo que se ha llamado “Comité de Expertos de la Sequía”, enmarcada dentro del Plan SOS que el Gobierno andaluz ha puesto en marcha para impulsar medidas e inversiones hasta 2027 y presupuestadas en más de 4.000 millones. La Consejería con competencias en las políticas del agua ha seleccionado a 10 expertos en base a sus perfiles profesionales, trayectorias y especialidades, “con la intención de abordar los retos que tiene nuestra Comunidad en materia hídrica”.
Sin embargo, los perfiles escogidos -cargos y excargos públicos, profesionales ligados a obras hidráulicas, profesores universitarios conectados a actividades industriales, etc.- parecen destinados a legitimar las políticas hidroilógicas de la Junta de Andalucía. Un aspecto que ya denunció Ecologistas en Acción, apenas un mes atrás, al manifestar que, frente a la evidencia científica, el PP estaba priorizando mantener y aumentar los regadíos y las actividades económicas ligadas al agua como los campos de golf.
Según la organización, para la Junta «el agua tiene que ser explotada más allá de los límites actuales de cada Demarcación Hidrográfica, derivando todo el recurso hacia un modelo agroindustrial y turístico depredador que nos conduce al colapso hídrico en Andalucía». Explica que no es casualidad que buena parte de los expertos sean ingenieros. «Se han seleccionado para priorizar infraestructuras y actuaciones como trasvases o balsas para solucionar la sequía». Para muestra la entrevista que realizó uno de ellos recientemente en la que aseguraba que “aún pueden hacerse tres o cuatro embalses en la cuenca del Guadalquivir o en Huelva, pero que el Ministerio no quiere”.
Expertos excluidos
Consideran que es incomprensible que dentro de esos “expertos” falten personas con una amplia experiencia en metodologías para evaluar la vulnerabilidad al riesgo de sequía como los que forman parte del equipo multidisciplinar del Observatorio Ciudadano de la Sequía. La comunidad científica, la Fundación Nueva Cultura del Agua o las organizaciones ambientales parecen no tener cabida para la Junta.
Y es que el Gobierno andaluz no busca abordar con rigor y sentido común el problema de la sobreexplotación de los recursos, fundamentalmente por la expansión descontrolada del regadío y por la apuesta de cultivos en régimen de intensividad con grandes dotaciones de agua por hectárea como los frutos tropicales que se extienden por toda Andalucía.
La sequía meteorológica y la sobreexplotación del agua también afectan a otros sectores productivos como la agricultura tradicional, la ganadería extensiva, el abastecimiento humano o el mantenimiento de ecosistemas de gran valor ecológico. Hay muchos andaluces que llevan meses sufriendo cortes de agua, a pesar de que se trata de un derecho humano, por lo que es fundamental garantizar los servicios urbanos y crear un suministro mínimo vital. Para ello, hay que priorizar actuaciones pendientes declaradas de emergencia que garanticen el acceso al agua y al saneamiento. «También urge actuar para garantizar el agua a las explotaciones ganaderas en extensivo, dada su crítica situación en comarcas como Los Pedroches, Sierra Norte de Sevilla, El Andévalo o Sierra de Huelva. Y, por último, asegurar el mantenimiento de ecosistemas naturales de gran valor ecológico que dependen del agua como el caso de Doñana».
Confrontación con el Gobierno central para obtener rédito político
Sin embargo, estos problemas están fuera del discurso oficial. Solo se busca confrontar con el Gobierno central para obtener rédito político, asumiendo los argumentos falaces que justifican que, frente a la reducción de los recursos hídricos y las sequías, se necesita más regulación, construir nuevas infraestructuras (presas y embalses) o realizar transferencias (trasvases) entre distintas cuencas.
Las previsiones, como consecuencia del cambio climático, de reducción de los retornos en los borradores de planes hidrológicos del tercer ciclo de planificación establecen una horquilla entre el 10 y el 20 % menos de agua disponible según los escenarios más o menos desfavorables. «Construir más embalses y trasvases no es sinónimo de disponer de más agua, por lo que no puede ser una solución a medio y largo plazo. Esas actuaciones conllevan unos enormes impactos sociales, ambientales y sobre todo económicos, por no mencionar el incremento de expectativas para aumentar las demandas cada vez que se anuncia una nueva obra».
La elevada presión de las demandas hídricas en Andalucía, superior a la capacidad de regulación, hace inviable reservar agua para abordar futuros ciclos de sequía. Ni embalses ni trasvases son soluciones eficaces, debido a la disminución de la capacidad de regulación a causa de una mayor presión sobre el agua y la disminución de las precipitaciones y aumento de la temperatura a causa del cambio climático.
Frente a esa visión de mantener y aumentar las demandas para sectores productivos vinculados a la agroindustria y el turismo, Ecologistas en Acción insiste en que para abordar el escenario de escasez, «hay que caminar hacia una transición hídrica justa, reorientando la política de agua hacia un nuevo modelo sostenible en términos sociales y ambientales. Es fundamental redefinir el papel y la dimensión de regadío como el mayor consumidor del recurso agua. El agua en la agricultura debe redistribuirse con criterios sociales, priorizando el apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones frente a los modelos de producción intensiva que se expanden por toda nuestra región».
Por ello ha hecho un llamamiento a la responsabilidad política del PP y exige a la Junta de Andalucía «que asuma una nueva política hídrica, priorizando la gestión ecológica de la demanda y no el aumento de la oferta fantasma. Hay que desarrollar una política del agua realista y planificada desde las disponibilidades hídricas y los condicionantes ambientales, justo lo contrario que las propuestas de los expertos en sequía».
