Los potenciales votantes de Partido Popular y Ciudadanos que mantengan su intención en las urnas este 20-D tendrán que tragarse sendos sapos que se han colado de manera imprevista en la campaña electoral más televisiva de la historia de la democracia en España. Los populares decidieron a medianoche del pasado 10 de diciembre abrir expediente disciplinario –solo doce horas después de que su presidente, Mariano Rajoy, no viese nada raro– al diputado por Segovia Pedro Gómez de la Serna y al embajador de España en India, Gustavo de Arístegui, después de hacerse público que ambos han cobrado comisiones millonarias en el extranjero por lograr contratos para empresas españolas de gobiernos de África y Latinoamérica, según publican el diario El Mundo y la Cadena Ser.
Ciudadanos se ha metido en un callejón sin salida en el espinoso asunto de la violencia machista al proponer reformar la Ley Integral
Por su parte, Ciudadanos se ha metido en un callejón sin salida en el espinoso asunto de la violencia machista al proponer reformar la Ley Integral contra la violencia de género para acabar “con la asimetría penal por cuestión de sexo” y de este modo suprimir el agravante penal en estos casos, con lo que aboga por eliminar la pena agravada para los hombres que cometen delitos de violencia de género que se introdujo en la ley de 2004 aprobada por unanimidad de todo el Congreso y validada posteriormente por el Tribunal Constitucional en 2008. Según esta norma, la pena por lesiones que requieren de tratamiento es de tres meses para cualquiera, salvo en el caso de los hombres que agreden a sus parejas o exparejas, cuando sube a seis. Posteriores reformas del Código Penal han mantenido esta diferencia de trato.
A este fuego añadió más gasolina la número tres de la candidatura de Ciudadanos por Madrid, la también escritora Marta Rivera de la Cruz, cuando defendió en un debate electoral por televisión que “es tan grave que un hijo vea cómo su padre mata a su madre que vea cómo su madre mata a su padre”. Con este ejemplo cuestionaba, como hace Ciudadanos en su programa electoral, la importancia del género en los casos de violencia machista. Algunos adversarios en el debate, como los representantes del PSOE y de Izquierda Unida, le echaron en cara a Ciudadanos que base su programa electoral en eliminar como circunstancia agravante que el agresor sea el hombre, una medida recogida en la ley de violencia de género y que su candidata número tres por Madrid redujo a una simple “medida cosmética”.
Marta Rivera de la Cruz: “Es tan grave que un hijo vea cómo su padre mata a su madre que vea cómo su madre mata a su padre”
Ante el revuelo causado, tuvo que salir al quite el propio líder de la formación naranja, precisamente cuando las encuestas siguen colocándolo con serias opciones de disputar la Moncloa a Rajoy. Albert Rivera asegura que Ciudadanos lo que pretende en este asunto es “elevar el agravante de violencia de género que ya existe hoy a todos los tipos de violencia doméstica. También con familiares, con menores, con parejas… No estamos bajando el listón, lo estamos subiendo, queremos ir más allá. Se equipara el agravante por arriba, no por abajo”, concretó Rivera.
Tampoco bajan limpias las aguas del Partido Popular en esta recta final de campaña electoral, y es más que probable que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pueda añadir como arma de ataque, a los ya consabidos casos Bárcenas, Púnica, etc., un nuevo ejemplo más de presunta corrupción entre las filas de su contrincante en el debate a dos organizado por la Academia de Cine el lunes 14.
En la breve nota de prensa nocturna emitida por el PP que contradecía lo afirmado por su líder escasas horas antes, se informaba de que la apertura del expediente disciplinario “no prejuzga la resolución del mismo”.
Pese a todo, los populares tendrán que explicar cómo el embajador de España en India ha utilizado su cargo diplomático para cobrar comisiones a empresas españolas por las que supuestamente ha intercedido para facilitarles contratos en el país asiático. A este respecto, el titular de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha informado de que la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio ha iniciado una investigación sobre las supuestas comisiones cobradas por el embajador Gustavo de Arístegui para lograr contratos para empresas españolas.
Mientras tanto, desde el Gobierno, su vicepresidenta y sustituta del presidente en el debate electoral a cuatro que se celebró en televisión el pasado 7 de diciembre, Soraya Sáenz de Santamaría, ha preferido guardar silencio y no pronunciarse al respecto, sobre todo teniendo en cuenta que Rajoy ya dio su opinión y a las pocas horas el propio partido decidió contradecir con una investigación la “normalidad” que había apreciado el presidente en este caso. “Quiero informarles de que el mismo día 9 de diciembre se requirió al embajador español en la India que diera explicaciones. Esta manera inmediata de actuar es posible gracias a cambios legislativos de esta legislatura”, dijo la vicepresidenta tras el Consejo de Gobierno del viernes. Sáenz de Santamaría añadió: “Hemos cambiado las leyes en este Gobierno para que esto sea así. En cuanto se apunta a un incumplimiento, la oficina de Incumplimiento de Intereses puede abrir un expediente”. “Nosotros prestamos nuestra declaración de bienes al principio de nuestro mandato y al final, con lo que al final, esta oficina analiza con qué has entrado y con qué has salido”, sentenció la número dos del PP en la lista por Madrid.
