El Tribunal Superior inglés dictaminó a principios de este año que Juan Carlos de Borbón y Borbón, Rey Emérito de España, no puede hacer valer la inmunidad soberana en la demanda por acoso y vigilancia ilegal presentada contra él por Corinna zu Sayn-Wittgenstein en los tribunales ingleses.
El Tribunal de Apelación se negó a autorizar a Juan Carlos I a apelar esta decisión en relación con actos de hostigamiento presuntamente ocurridos desde su abdicación el 19 de junio de 2014.
A Juan Carlos se le concedió permiso para apelar la decisión del Tribunal Superior en relación con los actos de hostigamiento presuntamente ocurridos antes de su abdicación. Cualquiera que sea el resultado de la apelación, el procedimiento de fondo contra Juan Carlos continuará.
La audiencia de apelación tendrá lugar hoy a las 10.30 horas en los Reales Tribunales de Justicia en el juzgado 74. No se espera que el Tribunal de Apelación dicte sentencia inmediata, por lo que el resultado no puede anunciarse hasta finales de este año o principios del próximo.
La demanda de Corinna zu Sayn-Wittgenstein
En su demanda, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein acusa a Juan Carlos I de haberla sometido a «acoso» desde el año 2012 hasta el presente, personalmente o bien a través de «agentes» a su servicio. Esas acciones, según la empresaria, «amenazaron» su seguridad y la de sus hijos.
Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, en su denuncia, aborda un pago de 65 millones de euros (76 millones de dólares) que el rey emérito presuntamente le hizo, parte supuestamente de un dinero que el difunto rey de Arabia Saudí había enviado a una cuenta bancaria en Suiza vinculada con una fundación con ventajas fiscales con sede en Panamá, y cuyo beneficiario era Juan Carlos I.
El ridículo de la Justicia española
Zu Sayn-Wittgenstein reclamaba que se la indemnice por daños y perjuicios y que se dicte una orden de alejamiento para el emérito. La denunciante asegura haber vivido un calvario debido a estar «bajo vigilancia física». Los métodos utilizados por los agentes incluían «la investigación de vehículos y vigilancia personal», llegando, supuestamente, a «violar su residencia y a piratear sus teléfonos y ordenadores personales».
«La decisión de hoy es muestra de que este demandado no puede escudarse tras su posición, poder o privilegios para esquivar esta demanda. Juan Carlos de Borbón y Borbón deberá ahora rendir cuentas ante un tribunal por su conducta en tanto que particular. Este es el primer paso en el camino hacia la justicia. Los espantosos hechos de este caso se presentarán por fin ante un tribunal», afirmó a Diario16 Robin Rathmel, director legal de la defensa de Corinna, el mismo día en que el Tribunal Superior de Londres determinó que Juan Carlos I no tenía ningún tipo de inmunidad en el Reino Unido.
Esta decisión contrasta con el rápido archivo de la Fiscalía española de las investigaciones abiertas contra Juan Carlos I por la presunta comisión de varios delitos económicos y con las estrategias de protección aplicadas desde los órganos de justicia españoles para proteger la figura del rey emérito y, sobre todo, evitar que fuera juzgado.
Por otro lado, tampoco se puede olvidar la protección a la Monarquía que se ha dispensado por parte de los partidos de la derecha, de los ultras de Vox y, sorprendentemente, del PSOE de Pedro Sánchez que no ha dudado en unirse a conservadores y extrema derecha para evitar comisiones de investigación sobre las presuntas irregularidades de Juan Carlos I.
