El Ministerio de Empleo se ha comprometido con los sindicatos a asumir las conclusiones que un grupo de expertos están perfilando para aplicar en España la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se ordena igualar las condiciones laborales de los trabajadores interinos con las de los fijos. El impacto se notará, más que en ningún sector, en las administraciones públicas, donde se encuentra el mayor porcentaje de empleados con contrato interino.
A principios de esta semana, el grupo de expertos se puso a trabajar. Se calcula que sus conclusiones estarán listas a finales de mes o principios de diciembre.
Los expertos fueron propuestos por el Ministerio y por los agentes sociales. Entre ellos, se encuentran el que fue presidente del Tribunal Constitucional y actualmente es miembro del Consejo de Estado, Miguel Rodríguez-Piñero, el profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, Joaquín Pérez Rey, el profesor de Derecho Público Especial y de la Empresa de la Universidad de Santiago de Compostela, José María Miranda, el director de Relaciones Laborales de la CEOE, Jordi García Viña, la directora del departamento socio-laboral de Cepyme, María Teresa Díaz de Terán, y Alfredo Montoya Melgar, catedrático de Derecho del Trabajo. Este último ha sido designado coordinador de los trabajos.
La sentencia del TJUE establece que no existen “razones objetivas” que justifiquen una diferencia de trato entre trabajadores interinos y trabajadores con contrato fijo en cuanto a las indemnizaciones que deben percibir cuando finaliza su relación laboral. El debate se plantea sobre si esta equiparación en la compensación ha de alcanzar también a otros asalariados temporales.
De momento, el Gobierno ha ofrecido solventar la falta de encaje de la legislación española con el fallo europeo mediante la adopción de una indemnización progresiva para los temporales, tal y como acordaron en el último pacto de investidura con Ciudadanos.
Gobierno y agentes sociales decidieron, a mediados del pasado mes de octubre, la creación de este grupo para “garantizar la seguridad jurídica de las empresas y reforzar la estabilidad laboral de los trabajadores”. Este grupo de expertos, designados a propuesta de cada una de las partes, “estudian la citada sentencia y el alcance de la misma, y elaboran una propuesta, de manera que permita tomar decisiones en el ámbito del diálogo tripartito”.
