El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha se ha mostrado contrario a la supresión del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía). La razón es la pérdida de 2.500 millones de euros en las arcas municipales después de que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional la estimación de la cuantía para el pago del tributo.
La solución de estos técnicos sería crear un impuesto nuevo. Concretamente plantean que el nuevo impuesto se determine por la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión del suelo, incluyendo las plusvalías generadas en menos de un año, que pueden ser «plusvalías especulativas».
Se trataría de un impuesto indirecto, según señalan, de carácter real, objetivo, no periódico, de titularidad municipal y de carácter potestativo, cuyo desarrollo reglamentario seguirían siendo las ordenanzas fiscales que aprueben los ayuntamientos, tal y como está en este momento establecido.
Sugieren además que la plusvalía se calcule según las reglas del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades, y que a la diferencia positiva se aplicase, en el caso de que así se construya, el porcentaje que represente el valor catastral del suelo sobre el valor catastral total. Consideran que de esta forma la base imponible será siempre una plusvalía del suelo y no se exigirá el tributo si la diferencia es negativa.
Apuntan que, para evitar el fraude, según ellos extendido, de escriturar un valor por debajo del precio realmente pagado, el valor de transmisión debe ser el mayor entre el valor real o el valor de referencia que determinará el Catastro, con posibilidad de que el sujeto pasivo pueda impugnar dicho valor de referencia y probar que existe alguna circunstancia singular que afecta a la valoración del suelo, «de forma que se exija el tributo conforme a la capacidad económica real».
Para las compraventas inmobiliarias entre particulares, que están sujetas al ITPJ, estos técnicos recomienda que el nuevo impuesto de plusvalía se exija al vendedor por el aumento de valor de los terrenos urbanos, al que también se le exigirá el IRPF por la ganancia o pérdida patrimonial obtenida. Y ante la cuestión de la doble imposición evidente en este planteamiento, señalan que para evitarla, el nuevo tributo debería ser deducible de la base imponible del IRPF o del Impuesto de Sociedades del vendedor.
Para el caso de Sucesiones o Donaciones, entienden estos técnicos que no habría doble imposición, ya que se exigiría al heredero o donatario que reciba el inmueble no deberá tributar por ello en el IRPF.
Consultados expertos en la materia, denuncian la situación generada con este impuesto, que «ha supuesto un evidente abuso de los contribuyentes, que han visto cómo incluso llegando a anularse en tribunales económicos regionales, se ha vuelto a abrir el procedimiento una y otra vez, sin una motivación clara ni pruebas para exigir un pago suplementario de un impuesto ya satisfecho, y todo por lo que señala un catastro que no atiende a la realidad sino a criterios basados en especulación del sector inmobiliario». Se trataría, según ellos de «tributar por el precio que se paga al adquirir un inmueble y no pretender generar ingresos de cualquier manera, que termina siempre pagando el contribuyente. Hay que recordar que se ha pedido unas cantidades inabordables para personas que sencillamente han comprado una vivienda para vivir en ella, y han pagado el precio acordado sin ningún tipo de interés especulativo. Dar por hecho, como siempre hace Hacienda, que todos somos potenciales defraudadores, podría considerarse incluso una vulneración de la presunción de inocencia. No se puede articular un sistema dando por hecho que la gente defrauda, porque en realidad no es así».
