Desde hace semanas, la teleoperadora Konecta, que es la voz de empresas como Banco Santander, Openbank, Bankia, Vodafone, Orange, Iberdrola, Naturgy o Mutua madrileña entre otras empresas y de servicios públicos como la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social o Aguas de Barcelona, ha iniciado la imposición forzosa del trabajo presencial del personal que hasta el momento desarrollaba su actividad en teletrabajo como medida de protección frente al covid-19.
Una desescalada que está obligando a la vuelta al trabajo presencial a cientos de trabajadores en los call centers, al tiempo que las propias empresas cliente, paradójicamente publicitan a bombo y platillo que para proteger la salud de sus trabajadores están desarrollando la atención en teletrabajo.
En plenas fiestas navideñas, con un aumento de las restricciones de la movilidad y reuniones de máximo 6-10 personas; a las puertas de una anunciada tercera ola, cuando la segunda ha supuesto un aumento de fallecimientos con respecto a la primera, y en pleno estado de alarma, es un sinsentido y un atentado contra la salud el imponer la vuelta a un trabajo presencial a los call centers, exponiendo a miles de trabajadoras a un riesgo de contagio que no solo les afectará a ellas y sus familias, sino a las poblaciones en las que se desarrolla la actividad.
Una decisión de Konecta que, según denuncian los sindicatos, es totalmente innecesaria puesto que los servicios se han prestado con total normalidad de forma telemática y podrían seguir de la misma forma, como en el resto de empresas del sector.
La empresa, en la mediación previa a la convocatoria de las jornadas de huelga, manifestó que le resultaba indiferente la opinión de los sindicatos y de las trabajadoras y los trabajadores, y seguiría con los planes que tenía previstos.
«Una irresponsabilidad ante la que, en opinión de las organizaciones sindicales, debería intervenir el Ministerio de Sanidad y las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, cuando ha quedado acreditado que el virus se transmite por aerosoles, y la actividad de la jornada en un call center se desarrolla en oficinas cerradas con decenas y centenares de personas hablando durante horas en salas diáfanas. Es un riesgo de salud pública. Las organizaciones sindicales convocantes CGT, CCOO, UGT, USO, SAT, CSIF, FASGA, CSI, Solidaridad Obrera y Sindicalistas de Base hacemos un llamamiento a los medios de comunicación para denunciar esta situación», aseguran en un comunicado de prensa.
La huelga empezará el lunes 11 de enero, y se extenderá a todos los lunes del mes de enero.
