Los responsables de los sindicatos UGT, CCOO CIG, firmantes del III convenio colectivo, se han encerrado en las dependencias de Puertos del Estado, tras la reunión de ayer con los responsables del organismo sobre la situación de la aplicación económica del convenio, publicado en el BOE en junio del año 2019, y el incremento salarial del 2,3% acordado para el conjunto de empleadas y empleados públicos para el ejercicio 2020.

La respuesta ha sido que carecen de la autorización del Ministerio de Hacienda para aplicar lo pactado, que se plasmó en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El III convenio colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias fue acordado el día 23 de abril de 2019, y publicado en el BOE núm. 143 del 15 de junio de 2019, tras obtener las correspondientes autorizaciones de los órganos de control, el Ministerio de Hacienda (CECIR), la Comisión Nacional de Seguimiento de la Negociación Colectiva en el ámbito de las Administraciones Públicas, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Respuesta siempre negativa

Tras solicitar información de forma recurrente, “la respuesta de Puertos del Estado siempre ha sido negativa, con el argumento de no disponer de la autorización para la aplicación de las masas adicionales ni tampoco la que corresponde a la aplicación de la subida prevista para el ejercicio 2020 para el conjunto de las empleadas y empleados públicos”, denuncian los sindicatos.

De forma reiterada se detecta, una vez más, la debilidad del Sistema Portuario Público Estatal en la defensa de los derechos de las plantillas de las distintas Autoridades Portuarias y Puertos del Estado. El conjunto de los trabajadores y trabajadoras de los puertos han soportado y están soportando todos los recortes salariales y de derechos que, a lo largo de 10 años consecutivos,  ha cercenado la posibilidad de establecer planes de desarrollo profesional y productividad, tan necesarios para el Sistema Portuario, basado en tráficos portuarios tan dinámicos como el internacional, tanto de pasajeros como de mercancías, y con nuevas funciones y necesidades de prestación de distintos servicios provocados por el avance legislativo en cuestiones tan básicas como la seguridad, la apuesta por el tráfico ferroviario, la transición ecológica y digital y un largo etcétera.

El Sistema Portuario Público Estatal “se rige por el principio de la autosuficiencia económica solvente, que ha generado beneficios en los años más duros de la crisis económica (alrededor de 200 millones/año) y que, en 2020, pese a la crisis provocada por la pandemia, también generó beneficios. Nos afectan normas presupuestarias, pero no afectamos a los Presupuestos Generales del Estado”, han señalado las tes centrales sindicales.

Resulta relevante remarcar que el acuerdo del III convenio colectivo (23 de abril de 2019) se alcanza tras la desconvocatoria de huelga general para todo el sistema (26 de abril de 2019), y en un escenario de convocatoria de elecciones generales que tuvieron lugar el 28 de abril de ese año.

Por todo lo anterior, UGT, CCOO y CIG han procedido a tomar la misma sala de reuniones “donde se les ha comunicado que se vuelve a castigar de forma impune al conjunto de empleadas y empleados públicos, trabajadores y trabajadoras que demuestran cada día su compromiso con la prestación del servicio esencial público, garantizando el paso de la mercancías y pasajeros por los puertos en condiciones de seguridad y calidad”, han señalado.

Incluso en los peores momentos de la crisis por pandemia, cumplieron con su deber y compromiso público, sin los medios adecuados, estuvieron al pie del cañón, arriesgando su propia salud y la de sus familias o aportando medios técnicos propios en sus casas para que se garantizara el paso de mercancías esenciales.

Se trata de un conflicto, también, contra las autoridades portuarias que manifiestan la necesidad de solventar la situación de bloqueo planteada, compartiendo la obligación de cumplir con lo pactado.

Por ahora, la respuesta obtenida es el desprecio sobre el futuro del conjunto de trabajadores y trabajadoras. Alguien ha caído en el error de confundir el compromiso de servicio público con el sometimiento de los derechos laborales y económicos que ampara al conjunto de las personas trabajadoras.

En un país moderno y serio, debería regir el principio de que los convenios colectivos si se firman se aplican, independientemente del color del gobierno de turno y si está presionado o no por la proximidad de unas elecciones generales.

Los sindicatos firmantes, UGT, CCOO y CIG, no van a dudar en la lucha por la dignidad del conjunto de trabajadores y trabajadoras, empleadas y empleados públicos, desde el convencimiento de extender las movilizaciones a la totalidad del Sistema Portuario Estatal.

Apúntate a nuestra newsletter

Dejar respuesta

Comentario
Introduce tu nombre