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Los sindicatos se concentran frente al Congreso antes de la toma aprobación de la Proposición no de Ley de víctimas del amianto

Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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Dos delegaciones de ambos UGT y CCOO, compuestas la secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT, Ana García de la Torre; Pedro J. Linares, secretario confederal de Salud Laboral de CCOO; la secretaria de Salud Laboral de UGT-Madrid, Susana Huertas, Carmen Mancheño, secretaria de Salud Laboral de CCOO de Madrid; el secretario de Salud Laboral de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (FICA-UGT), Fernando Medina y José L. Rodríguez Valdés, adjunto de la secretaría confederal de Salud Laboral de CCOO, seguirán a partir de las 15.00 horas, la toma en consideración de la Proposición no de ley de Víctimas del Amianto en el Congreso de los Diputados desde una sala anexa en el propio Congreso.

Previamente, a las 12.00 horas tendrá lugar una concentración frente a la Escalinata de los Leones en el Congreso de los Diputados donde a las 12.30 horas se atenderá a los medios de comunicación.

La proposición de ley ha sido impulsada por el Parlamento del País Vasco para crear un fondo de compensación a víctimas del amianto, con el fin de resarcir a trabajadores expuestos a este material cancerígeno y a sus familias.

La propuesta contempla la creación de este fondo, adscrito al ministerio competente de la Seguridad Social, al que se encomienda “la reparación íntegra de los perjuicios a toda persona que haya obtenido reconocimiento de una enfermedad profesional ocasionada por el amianto, pero también de toda persona que haya padecido un perjuicio resultante de una exposición al amianto” en España.

Como fuente de financiación, “la ley que llega al Congreso cuenta con las cotizaciones abonadas por los empresarios, aportaciones de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, posibles transferencias vía Presupuestos, o cantidades obtenidas por subrogación”.

Esta iniciativa, aprobada en mayo de 2019 por unanimidad en la Cámara vasca (PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PSE-EE y PP), destaca que entre 1994 y 2008 murieron en España 3.943 personas por enfermedades vinculadas directamente al amianto. Esta sustancia, que hace años era muy utilizada en la construcción y en la industria, ha sido prohibida debido a su carácter cancerígeno.

EL CONGRESO LLEGÓ A UN PREACUERDO SOBRE SU FINANCIACIÓN

Antes de la disolución de las Cortes Generales a principios de 2019 por la convocatoria anticipada de elecciones, los grupos del Congreso alcanzaron un preacuerdo para delimitar la financiación del fondo, a través de cuotas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el fondo de contingencias profesionales del sistema de la Seguridad Social, cantidades obtenidas por subrogación y posibles aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, se estableció la utilización de los ingresos por sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo como consecuencia de incumplimientos en materia de salud laboral referidos a la exposición al amianto.

Justicia y reparación

Con un fondo de estas características, los trabajadores y trabajadoras de nuestro país dispondrían de prestaciones reparadoras similares a las que ya existen en países como Francia, Holanda o Bélgica, y que surgieron como respuesta a la deuda que tienen los Estados por no haber actuado, durante tanto tiempo, bajo el principio de cautela en relación con el uso y contacto con el amianto.
 
La creación de este Fondo, ayudará a que las víctimas del amianto y sus familias no tengan que luchar en los juzgados para reclamar sus derechos, con el elevado coste económico y personal que esto implica y el riesgo de obtener sentencias con resultados dispares.

Es necesario que haya justicia y reparación para estas personas y sus familiares y no perder de vista que el riesgo de exposición al amianto continúa presente en nuestro país y que la protección que brinda el nuestro sistema de Seguridad Social es insuficiente para proteger y compensar a todas las victimas ocupacionales de la exposición al amianto.

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