Los sindicatos UGT y CCOO rechazan el Acuerdo de acreditación de centros y servicios de atención a la Dependencia que hoy pretendían aprobar, tanto el Ministerio de Derechos Sociales y las Comunidades Autónomas. No incluye ninguna de las medidas de mejora de la calidad del empleo propuestas por ellos pese a que el Gobierno está cumpliendo con el compromiso de aumentar la financiación estatal en 3.600 millones de euros hasta 2023.
Diálogo social del Plan de Choque del Sistema de Dependencia 2021-2023
El Ministerio de Derechos Sociales tenía previsto aprobar este martes, en la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el nuevo modelo de residencias de mayores. Pero la falta de acuerdo con las comunidades ha obligado a aplazarlo.
La reunión fue presidida por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, con la asistencia del secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. En la cita, según diversas fuentes, varias autonomías han mostrado su rechazo, posición contraria o dudas sobre la propuesta.
El Acuerdo de diálogo social para la puesta en marcha del Plan de Choque del Sistema de Dependencia 2021-2023, suscrito en enero de 2021 por CCOO, UGT, CEOE, CEPYME y el Ministerio de Derechos Sociales incluía un compromiso de aumento de la financiación estatal condicionándolo a la mejora de determinados indicadores de calidad del SAAD, entre los que se encuentran la calidad del empleo de los y las profesionales que prestan los servicios junto a otros tales como reducir la lista de espera, el reconocimiento prioritario de servicios profesionales frente a prestaciones económicas, etc.
Aumento de la financiación en dependencia
El aumento de la financiación estatal se cuantificaba en dicho acuerdo a razón de 600 millones de euros adicionales y acumulativos cada uno de estos ejercicios, de tal modo que al final del periodo el incremento de financiación del Estado ascenderá a 3.600 millones de euros. El Gobierno de la nación ha cumplido su compromiso y tanto los PGE de 2021 y 2022 incluyen las correspondientes partidas presupuestarias, de manera que este año se habrá realizado ya la mitad de esta transferencia a las comunidades autónomas.
Pese al incremento de la financiación comprometido el Ministerio de Derechos Sociales, presionado por las Comunidades Autónomas, ha decidido incumplir la condicionalidad de esta mejora de financiación al aumento de la calidad del empleo y el Acuerdo de acreditación de centros y servicios renuncia a adoptar ninguna medida relevante de mejora de las condiciones laborales hasta que finalice el año 2023; y aún entonces, condiciona las escasas medidas a un nuevo y adicional incremento de financiación.
Los sindicatos recuerdan que el Acuerdo de acreditación regula las condiciones básicas de empleo que han de cumplir los centros y servicios que operan en el sistema de dependencia, tales como las ratios de plantilla (el número de trabajadores/as por persona beneficiaria atendida), la cualificación profesional que deben cumplir las plantillas para garantizar una atención de calidad, garantías mínimas de contratación (temporalidad, jornada, etc.)
No incluye ninguna de las propuestas, de los sindicatos sobre calidad en el empleo
El documento que discute el Ministerio y las comunidades autónomas no incluye ninguna de las propuestas, indispensables respecto a la calidad en el empleo, realizadas por UGT y CCOO durante los últimos meses, e incluso registra una reducción de las propias medidas que inicialmente había presentado el Ministerio ante la Mesa de Diálogo Social que dio origen al Acuerdo de enero de 2021 y que ha seguido trabajando desde entonces.
Supresión en el documento de los porcentajes mínimos de contratación
Llama especialmente la atención la supresión en el documento de los porcentajes mínimos de contratación de los y las trabajadoras; tanto indefinida como temporal, así como la contratación parcial; siendo precisamente uno de los sectores más precarizados y con mayor índice de temporalidad y parcialidad.
A su vez, destaca entre todas ellas, la congelación indefinida de las ratios de plantilla (el número de profesionales por cada persona beneficiaria que debe estar atendida) en los centros de día para personas mayores dependientes en 1 cuidador/a, gerocultor/a o similar de atención directa por cada 6,7 personas mayores atendidas. Una cifra que se mantiene sin cambio desde 2008.
Centros residenciales de personas mayores dependientes
Y, más grave aún, en los centros residenciales de personas mayores dependientes, la norma estatal dejará de exigir un número mínimo de trabajadores hasta el 31 de diciembre de 2023, y aún entonces, hasta el año 2029 el requisito será inferior al que hoy se exige en la mayoría de los territorios. Cuando el 31 de diciembre de 2023 vuelva a operar la exigencia de una ratio mínima de atención, cada una de las gerocultoras/es tendrá que atender a 3,2 personas residentes.
Está previsto que esta ratio se incremente anualmente hasta el año 2029 pero sólo de forma moderada ya que entonces cada gerocultor/a tendrá que atender a 2,3 personas mayores. Aun así estas ratios quedan expresamente condicionadas a que el Estado aumente todavía más su aportación a la financiación del sistema.
Acuerdo de Acreditación de Dependencia
CCOO y UGT hacen un llamamiento tanto al Ministerio de Derechos Sociales como al conjunto de comunidades autónomas para que rectifiquen este acuerdo de acreditación y devuelvan al Sistema de Dependencia. Y se vuelva a la senda de la calidad en la atención con el que nació en el marco del diálogo social la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, de modo que se garantice así la atención que merecen y a la que tienen derecho los más de 1,4 millones de personas que se encuentran en situación de dependencia en nuestro país.
Ambos sindicatos reiteran su disposición a seguir abordando la necesaria concreción del Plan de Choque acordado hace más de un año. Anunciando que ante la decepción que causa un Acuerdo con muy leves mejoras y alejado de las necesidades de plena implantación del Sistema de Atención a la Dependencia. Elevarán aún más su nivel reivindicativo en esta materia ante todas las administraciones competentes.
No se hay acuerdo en la Mesa del Diálogo Social
Ante esta situación, y pese a que desde el Ministerio advertían de que el documento estaba consensuado en la Mesa de Diálogo Social, con entidades sociales, sociedades científicas y profesionales, se ha decidido posponer la votación. El objetivo del aplazamiento es «cerrar los últimos detalles», explican desde el Ministerio de Derechos Sociales.
Nuevas condiciones
El departamento que dirige Belarra confía en poder tener un acuerdo a lo largo del próximo mes. En el que la ratio en los centros residenciales disminuya hasta un trabajador/a por cada dos residentes, se amplíe el número de habitaciones individuales en las residencias públicas. Se establecerán núcleos de convivencia de 15 personas como máximo.
La propuesta de Derechos Sociales contempla que las residencias que se construyan tras el acuerdo no podrán tener más de 75 plazas en zonas rurales o escasamente pobladas. Las ubicadas en localidades de densidad intermedia no podrán superar las 90 y las 120 plazas en las ciudades. También que los nuevos centros dispondrán de, al menos, el 65 % de las plazas públicas en habitaciones de uso individual.
Las patronales tampoco están de acuerdo
Las patronales vinculadas al sector de los cuidados y la dependencia AESTE, ASADE, CEAPS y FED han firmado un texto conjunto en el que califican de » inaceptable» la propuesta del modelo de acuerdo de acreditación y calidad de los centros y servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD) impulsada por el Gobierno.
Estas patronales consideran que “este modelo es inviable. Desde las empresas que trabajamos por y para las personas. No entendemos que se hable de cambio de modelo sin que se realice primero una restructuración de la financiación”. Y añaden: “Esto supondría una merma significativa de oferta de plazas. Que ya están en un punto crítico sin poder atender la lista de espera y consecuentemente de empleos en las residencias”.
Bien está que se pidan mejoras laborales, por supuesto. Pero en el delicado caso de las residencias, entiendo que es prioritario un control exigente en las condiciones de atención a nuestros mayores. Los sindicatos españoles, como siempre, con la venda puesta en los ojos. De ahí su total desprestigio. Leoncacernario dixit.