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Los sindicatos defienden el Proyecto de Ley de Memoria Democrática

UGT y CCOO aseguran que la nueva Ley expresamente se fundamenta “en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres”

Eva Maldonado
Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
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análisis

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UGT y CCOO comparten y defienden el redactado actual y espíritu de la Ley de Memoria Democrática y explican que la Ley de Memoria Democrática expresamente se fundamenta “en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres”.

Para los sindicatos lo que hace la Ley de Memoria Democrática precisamente es establecer una línea clara entre Democracia y Dictadura, entre un sistema de libertades y un régimen totalitario implantado tras un golpe de estado, que “como consecuencia de las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos, fue sustituido con la proclamación de un Estado Social y Democrático de Derecho a la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978, tras la Transición democrática” (artículo 1.3).

Además UGT y CCOO aseguran que la Ley de Memoria Democrática ensalza el espíritu de la transición y el pacto constitucional, y la reconciliación (palabra que por cierto no aparece en la Constitución, como tampoco el olvido) y la concordia que inspiraron el proceso que nos llevó a la aprobación de la Constitución.

La nueva ley viene, en suma, a culminar el camino democrático y de reconciliación emprendido con la Transición, desde la convicción de que la reconciliación no tuvo ni puede tener sus raíces en el olvido. No puede haber concordia sin memoria, sin reconocimiento de las víctimas, reparación y garantía de no-repetición, aseguran.

Es por esto que los sindicatos piden a todas las fuerzas democráticas del arco parlamentario, en toda su amplitud, el soporte a dicho proyecto de Ley. Las políticas de memoria democrática y de justicia transicional son políticas de Estado que deben estar al margen de la pugna partidaria.

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