Miles de brasileños, convocados por las centrales sindicales han salido a la calle en lo que se denomina: “Día Nacional de Movilización”, con un paro nacional de los servicios públicos, contra la Reforma Administrativa de Bolsonaro.
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores y Comisiones Obreras apoyaron la jornada nacional de movilizaciones convocada por las principales organizaciones sindicales brasileñas, que incluyó una huelga general de 24 horas en el sector público.
Esta reforma amenaza al funcionamiento de los servicios públicos en Brasil, especialmente de la educación y de la salud. Además, afecta más a los funcionarios con bajos salarios, lo que provocará más corrupción.
Ataques de Bolsonaro contra la clase trabajadora
La jornada de lucha contra esta reforma administrativa también tiene como objetivo denunciar los ataques del Gobierno que lidera Jair Bolsonaro contra la clase trabajadora. CCOO “aseguró que no puede permitirse que el Gobierno brasileño siga recortando derechos sociales, laborales y sindicales”.
Igualmente, tampoco puede aceptarse que el Ejecutivo deje de garantizar la protección de la población, privatizando y reduciendo los servicios públicos y las condiciones laborales de los y las trabajadoras públicas, ya que supone despreciar, una vez más, a la clase trabajadora y a las personas más pobres, que son las que más necesitan recurrir a estos servicios.
La reforma que se pretende aprobar vulnera derechos garantizados por la CLT (Cartera de Traballho e Prevêncion Social), que tienen que ver, entre otros derechos, con el salario mínimo, las vacaciones, la jornada diaria de 8 días, el descanso semanal retribuido, la protección por desempleo, la estabilidad laboral o la jubilación y las pensiones.
“Porque esta es una lucha de toda la clase trabajadora, porque todos y todas serán impactadas por las políticas neoliberales, antisociales e injustas de Bolsonaro, desde CCOO quieren reiterar #18ADeLuta DIGA NAO À REFORMA ADMINISTRATIVA!”.
Privatizaciones
La convocatoria surgió como respuesta a la presentación por parte del gobierno del neofascista Bolsonaro de un proyecto de reforma administrativa que conlleva ahondar en las privatizaciones de servicios públicos ya iniciadas y que, además, incluye la precarización de las condiciones de trabajo del sector público.
El proyecto sitúa en un lugar secundario las condiciones laborales de las y los empleados públicos, que se supeditan al compromiso de pago de la deuda pública, tal como exigen los grandes empresarios brasileños.
UGT en España apoya a las organizaciones sindicales brasileñas en esta importante jornada de lucha “frente a un nuevo intento del gobierno ultraderechista de debilitar aún más los servicios públicos de aquel país y de profundizar en el marco antisindical de relaciones laborales que Bolsonaro se ha fijado como objetivo”, han señalado en una nota de prensa.
Trabajadores, estudiantes, movimientos sociales mostraron su descontento en la calles contra un gobierno neoliberal, con manifestaciones desde mayo de este año.
La dirigente del Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, Diana Assunção, dijo que «Se necesita urgentemente un plan nacional de lucha, a través de asambleas organizadas en cada lugar de trabajo y estudio, por una Huelga General, para unir a los trabajadores, la juventud y los sectores oprimidos contra Bolsonaro, Mourão, los militares y los ataques, exigiendo de las burocracias sindicales, estudiantiles y de movimientos sociales».
Privatización de Correos
La Federación Nacional de Trabajadores de Correos y Telégrafos y Empresas Similares (Fentecht) de Brasil convocó para este jueves a una paralización contra la reforma administrativa, la privatización y por la creación de empleo.
La propuesta de huelga se unirá con otra similar de funcionarios, prevista también para el jueves contra una reforma administrativa promovida por el Gobierno de Jair Bolsonaro.
Se trata de una liberalización de todo el mercado de los servicios postales, la cual en la práctica, denuncia la Fentecht, permite que todos los servicios se ejecuten solo por operadores privados y establece la privatización de la Empresa de Correos y Telégrafos.
Tras la aprobación de la reforma administrativa en la CCJ (Comisión de Constitución y Justicia) en mayo de 2021, empresarios como Flávio Rocha de la red Riachuelo reunidos en el grupo “Unidos pelo Brasil” vieron la oportunidad de aumentar la presión para una reforma aún más dura contra los trabajadores.
La reforma administrativa es un mecanismo para avanzar en la privatización de los servicios públicos y garantizar los compromisos de pago de la deuda pública a través de ataques a los trabajadores como el fin de la estabilidad.
Los trabajadores de correos denuncia que con esta reforma se convierte el servicio postal público en una actividad a ser explotada económicamente, bajo la regulación de una agencia independiente, lo cual ha sido ya considerado inconstitucional por el STF.
Según la Central Única de Trabajadores, también convocante, se llamó a la protesta contra la retirada de al menos 50 de 79 beneficios eliminados del articulado del Convenio Colectivo de Trabajo de los mensajeros.
Tras la aprobación el 5 de agosto último en la Cámara de Diputados del proyecto de ley 591/2021, que privatiza la empresa, la iniciativa pasó al Senado.
