Sede de los Servicios de Inteligencia del Reino Unido. Foto: Laurie Nevay

Dos informes periciales, a los que ha tenido acceso Diario16, indican que las balizas de localización utilizadas para conocer el paradero de Carles Puigdemont en los momentos previos a su detención en Alemania en el año 2018 apuntaban a números de teléfono correspondientes a una organización estatal del Reino Unido que, habitualmente, es el MI6, es decir, los servicios de inteligencias de Gran Bretaña. Según el informe, la numeración estaba asignada al proveedor JT Limited, de Guernsey. «Al intentar llamar desde aplicaciones especializadas y herramientas de análisis propias recibimos esta “Alerta” que nos indica que el número es un número restringido, alerta que habitualmente arrojan los números reservados», indica el informe pericial. Además, se señala que varios de esos números pudieran haber tenido un sistema de ocultación.

Guernsey es una isla del Canal de la Mancha frente a la costa de Normandía, uno de los paraísos fiscales que tienen a la reina de Inglaterra como jefa de Estado.

Por otro lado, otro de los números hacia donde apuntaban las balizas que se colocaron en el coche de Carles Puigdemont fue localizado en la ciudad finlandesa de Vassa, lugar por donde pasó el ex presidente de la Generalitat de Catalunya, un número al que no se ha podido encontrar relación con organismos públicos o personas privadas ni constaba dirección alguna de registro pero que estaba activo en la fecha en la que se realizó el informe.

El segundo documento al que ha accedido Diario16 lo realizó Annonymous. En el informe se facilitan datos de las balizas y de los datos de los números de teléfono (Call ID y SIM) hacia los que apuntaban los dispositivos de localización:

El primer objetivo del informe es la localización e identificación de los compradores de las balizas y si en algún momento los cuerpos de seguridad del Estado español se hicieron con este tipo de dispositivos. El segundo, era la localización de los titulares de los teléfonos relacionados con las balizas en base al MEID, ya que este identificador es único para cualquier número registrado.

Respecto a los compradores de dichos dispositivos, un elemento clave para determinar quién realizó esta operación encubierta, el informe señala que, en base a distintas fuentes consultadas por Annonymous, «nunca figurarán como compradores ninguno de los es­tamentos de los cuerpos de seguridad salvo que haya sido una compra «autorizada» por estructuras gubernamentales. Más si van a utilizarse en operaciones encubiertas en el extranjero. La gente del CNI sabe proteger esos aspectos y siempre se adquieren con documentación falsa. Del segundo, también complejo por las razones. […] creemos que hace referencia no a números de tlf, sino a dispositivos de recepción de las balizas a través del chip LISA-U200 del fabricante U-Blox y que muy utilizado en el trackeo de vehículos tanto comerciales como de otro tipo. Eso guarda alguna relación con la empresa GSl que, entre sus actividades, tiene la de transporte y logística. Sus vehículos irán dotados con ese chip LISA-U200 y pueden ser traceados. Ahora supón que colocadas las balizas, quienes realizan el seguimiento, y posiblemente desde una aplicación local en España, sea esa empresa y no agentes desplazados». Casualmente, Miguel Ángel Lopera, CEO de la empresa GSI, tiene su residencia en Bruselas.

Por otra parte, el informe, citando fuentes policiales, indica que ese sistema no es el utilizado por «Guardia Civil, Policía Nacional o CNI. Aun así también se utilizarían muchos tipos de balizas diferentes y que las estándares sólo se utilizan con seguimientos autorizados por un juez». Sin embargo, sí que había una relación entre la Administración del Estado española con la empresa U-Blox, según se puede confirmar en el Boletín de Observación Tecnológica del Ministerio de Defensa (página 17 del número 58 de dicha publicación). En concreto, el informe cita NEO/LEA-M8T series, un receptor GPS de señales de satélite.

En aquellos días previos a la detención de Carles Puigdemont, se juntaron en Bruselas, ciudad donde se colocaron las balizas en el coche del ex presidente de la Generalitat, tres expertos informáticos, el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista Samaniego y un secretario judicial. Casualmente, todos se alojaron en el Hotel Thon, el mismo desde el que se detectó actividad en las tarjetas vinculadas a las balizas.  

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