Suiza ha sido un centro de secreto financiero desde al menos la década de 1930. El profesor Mark Pieth, catedrático de derecho penal de la Universidad de Basilea, definió a la perfección la situación actual de la Confederación Helvética: «Suiza es un puerto de piratas. Encuentras todo lo que necesitas para esconder dinero».
La crisis financiera mundial de 2008 puso el secreto suizo en el centro de atención. Las autoridades estadounidenses descubrieron que UBS, el banco más grande de Suiza, había ayudado a unos 52.000 estadounidenses a ocultar miles de millones de activos libres de impuestos en cuentas suizas. El país comenzó a reformar su sector bancario y exigió a los bancos que verificaran la identidad de los propietarios de las empresas y señalaran las transacciones sospechosas. Eso sólo fue posible gracias a la presión de Estados Unidos y de varios países de la OCDE.
En 2016, los Papeles de Panamá expusieron el papel que desempeñaron los asesores suizos en la creación de empresas offshore. En respuesta a estas revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el Grupo de Acción Financiera, un organismo de control internacional anticorrupción, recomendó exigir que los abogados, notarios, asesores y contables siguieran las mismas reglas que los bancos. La propuesta formaba parte de un esfuerzo más amplio para mejorar las reglamentaciones de Suiza contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.
El escándalo era de tal calibre que fue presentado un proyecto de ley para endurecer esas reglas y provocó una polémica inmediata. En septiembre de 2018, un grupo de abogados, consultores y lobistas suizos argumentó, en agresivas cartas a Ueli Maurer, ministro de Finanzas, que los requisitos propuestos eran innecesarios y socavarían el privilegio abogado-cliente.
La propuesta «dañaría a toda la industria de planificación patrimonial y es inútil», escribió un portavoz de la Sociedad de Operadores de Fideicomisos y Bienes Raíces, una asociación profesional que tiene alrededor de 1.500 asociados suizos, incluidos ejecutivos que tuvieron protagonismo tanto en los Papeles de Panamá como en los Pandora Papers.
Los partidarios de la legislación insistieron en que la reforma impulsaría la reputación de Suiza. La parlamentaria suiza Florence Brenzikofer, en un pleno de la Asamblea Federal, afirmó que «los únicos que se benefician de nuestras lagunas legales son los clanes de la mafia, dictadores y otros delincuentes que quieren seguir utilizando la ubicación comercial suiza para sus actividades delictivas».
Los parlamentarios pasaron más de dos años debatiendo esta legislación. En marzo de este año, la Asamblea Federal Suiza acordó endurecer partes de su ley contra el blanqueo de capitales, pero rechazó los requisitos adicionales de diligencia debida para los asesores, abogados, lobistas y notarios.
Esto fue una oportunidad perdida para tomar medidas enérgicas contra el blanqueo de capitales porque este grupo de profesionales se convierten en facilitadores que rara vez rinden cuentas y que abren puertas a las grandes fortunas a seguir ocultando dinero a Hacienda y para que miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico, el tráfico de armas, las mafias de todo tipo e, incluso, el tráfico de personas, entren en el canal legal.
