La ONU cree que en España todo está por hacer para superar las heridas de la Guerra Civil. El informe del Relator Especial Pablo de Greiff sobre memoria histórica instó a las instituciones del Estado español, ya en 2014, a “implementar más decididamente las medidas establecidas en la ley para recuperar y restaurar los derechos de los represaliados por la dictadura franquista y sus familiares”. Esa sería una forma de aumentar y fortalecer la confianza de los “ciudadanos entre sí y en sus instituciones”, argumenta el documento.

Entre otras propuestas, Greiff aconseja a nuestro país “sistematizar las iniciativas en relación con símbolos y monumentos franquistas, de conformidad con la legislación vigente, promoviendo intervenciones diferenciadas, la contextualización y ‘resignificación’ de símbolos y monumentos cuando no se recomiende la remoción de los mismos”. En esa línea de “resignificación” entraría el futuro del Valle de los Caídos. Precisamente ayer la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, anunciaba que el Gobierno de coalición ha decidido acometer la conversión del mausoleo franquista de Cuelgamuros en centro de interpretación o museo de la memoria. Con esta medida, y pese a las críticas furibundas de las derechas, el gabinete socialista no estaría haciendo otra cosa que seguir las recomendaciones de Naciones Unidas para homologarse con otros países europeos que sufrieron la lacra del fascismo como Alemania o Italia.

Entre las medidas que propuso el Relator de la ONU está “implementar las recomendaciones formuladas por la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos en su informe de 2011, en particular en favor de la ‘resignificación’ del sitio, programas de investigación y divulgación y la restauración y conservación, incluyendo la dignificación del cementerio y el resguardo respetuoso de los restos de todas las personas ahí inhumadas”. Además, propuso “aportar mayor claridad a la legislación sobre la condición jurídica de las diferentes partes del sitio, sobre las competencias y responsabilidades del Estado y de la Iglesia. Atender las denuncias de quienes exigen recuperar los restos de sus familiares inhumados ahí sin su consentimiento. Cuando no sea materialmente posible, diseñar e implementar, con la participación de los familiares, medidas adecuadas de reparación, incluyendo medidas simbólicas o de dignificación”.

Entre las recomendaciones del informe de la ONU está también “continuar consolidando los esfuerzos realizados en materia de educación histórica y en derechos humanos y establecer mecanismos de evaluación sobre la implementación de estos programas, con miras a asegurar consistencia y efectiva implementación”. Es decir, incluir en los colegios e institutos de todo el país asignaturas que expliquen el fascismo y el holocausto que supuso en el siglo XX.

Además, Greiff insta a “fortalecer los programas de formación de funcionarios públicos, incluidos el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad, en materia de derechos humanos e incorporar materias relacionadas con la historia de la Guerra Civil y el franquismo, en línea con los planes de estudio nacionales, incluyendo el estudio de las responsabilidades de las instituciones del Estado en las violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario durante este período, como una medida de educación, sensibilización y para promover la no repetición. Centrar este estudio en los derechos de todas las víctimas”.

En cuanto a la reparación de las víctimas, el Relator de la ONU recomienda ampliar “el reconocimiento y la cobertura de los programas de reparación para incluir todas las categorías de víctimas que hayan quedado fuera de los programas existentes. Tomar medidas para atender los pedidos relacionados con la restitución de las propiedades y documentos incautados a particulares. Y realizar mayores esfuerzos para establecer medidas de reparación no materiales y simbólicas”

También aconseja “ampliar los estudios existentes sobre las violaciones de los derechos de las mujeres durante la contienda civil y la dictadura y desarrollar medidas de reparación y reconocimiento especial del daño que sufrieron como consecuencia del franquismo, incluyendo la violencia sexual, agresiones, humillaciones y discriminación en represalia por su afiliación real o supuesta o la de sus familias o parejas”.

Por otra parte, Greiff recomienda “identificar mecanismos idóneos para hacer efectiva la nulidad de las sentencias adoptadas en violación de los principios fundamentales del derecho y del debido proceso durante la Guerra Civil y el franquismo. Estudios comparados de otras experiencias de países que han enfrentado retos similares, incluyendo muchos en el contexto europeo, pueden resultar sumamente provechosos”. En ese punto se recogería, por tanto, la necesidad de acometer la anulación de los juicios sumarísimos del franquismo.

Entre otras medidas, la ONU apuesta por “valorar las alternativas y privar de efecto las disposiciones de la Ley de Amnistía que obstaculizan todas las investigaciones y el acceso a la justicia sobre violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante la dictadura; promover una mayor conciencia acerca de las obligaciones internacionales en materia de acceso a la justicia, el derecho a la verdad y las garantías del debido proceso y darle expresión institucional adecuada a esas obligaciones; asegurar la colaboración de la justicia española con procedimientos judiciales en el exterior y tomar medidas contra el debilitamiento del ejercicio de la jurisdicción universal por parte de tribunales españoles”.

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