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Los que se dedicaron a desestabilizar el país en la pandemia vuelven a hacerlo ahora con la guerra

El Gobierno acusa a la extrema derecha de paralizar España con la huelga de transportistas

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La producción de leche se paraliza, el aceite de girasol y el pescado empiezan a escasear, la gasolina alcanza precios prohibitivos mientras algunos sindicatos del transporte –no mayoritarios pero sí bulliciosos y capaces de bloquear las carreteras–, se declaran en huelga. Son las primeras consecuencias en España de la guerra ucraniana mientras la OCDE prevé que la economía mundial caerá un punto y la inflación seguirá disparada en los próximos días. Si alguno pensaba que España podría librarse del efecto bumerán de las durísimas sanciones impuestas a Putin se equivocaba. Vivimos en un mundo globalizado en el que si se hunde un país importante (y Rusia lo es) todos pagamos las consecuencias.

Conviene que vayamos aceptando que estamos en guerra (de momento una guerra solo económica, pero guerra al fin y al cabo) y que eso se paga. Los occidentales hemos arruinado a una superpotencia nuclear, ahí es nada, un acontecimiento histórico que no saldrá gratis. Las durísimas sanciones contra el sátrapa de Moscú están perfectamente justificadas desde el punto de vista ético, político y filosófico. Las democracias liberales no podían asistir impasibles al genocidio que a diario se perpetra en Ucrania, donde los drones y misiles del tirano mataniños están atacando, sin compasión, escuelas infantiles, hospitales de maternidad y edificios civiles. La última masacre perpetrada en el teatro de Mariúpol, donde las tropas rusas ni siquiera han respetado a los menores que allí se ocultaban junto a cientos de refugiados, es una prueba definitiva de que con su oposición frontal a Putin Occidente está en el lado bueno de la historia.

La razón nos asiste, así que ninguna de las medidas económicas coercitivas que ha adoptado la Unión Europea está fuera de lugar. Hacemos simplemente lo que ordena la justicia y la razón humanitaria. Lo contrario sería mirar para otro lado o incluso algo peor: nos convertiría en cómplices de crímenes contra la humanidad en las entrañas de Europa. Ninguna sociedad que se considere a sí misma decente puede tragar con semejante barbarie de un nazi enloquecido. Pero defender la libertad y la democracia, ponerse de lado de un pueblo machacado cruelmente, tiene un coste. Y ya estamos empezando a pagar.

La guerra ha comenzado y Putin sabe que tiene un as en la manga con la que puede asfixiarnos: el petróleo, la energía, el combustible esencial para mantener las economías capitalistas. Occidente ataca retirando sus multinacionales de Moscú, hundiendo el rublo y expropiando los yates de los oligarcas rusos y el sátrapa y sus secuaces del petróleo disparan el precio de la gasolina y amenazan con cerrar el grifo del gas para que millones de occidentales pasen frío y carestía. El casus belli está servido. La estrategia de Putin ha sido meridianamente clara desde el principio. Ucrania es solo el pretexto, lo que realmente pretende el exagente del KGB es lanzarle un desafío a Europa del calibre del que Hitler realizó en los años treinta del pasado siglo. Con el dictador ruso va un nacionalismo fraguado en el victimismo, en el odio a la democracia liberal y a su modo de vida, en el complejo freudiano de un imperialista nostálgico y decadente que no se resiste a entender que los años del zarismo y de la Gran Rusia ya pasaron a la historia.

La guerra de Putin va contra la libertad, de ahí que lleve años instigando, patrocinando y financiando movimientos ultraderechistas, populistas y antisistema en todos los países europeos. Hoy tenemos al enemigo en casa, dentro de nuestras fronteras, grupos subversivos dispuestos a desestabilizar y a convulsionar a las sociedades democráticas desde dentro. Lo vimos durante los peores días del procés en Cataluña, cuando un sector del independentismo, el encabezado por Carles Puigdemont, mantuvo estrechos contactos con el Kremlin. Periódicos como El País llegaron a publicar que el Gobierno de Vladímir Putin barajó enviar 10.000 soldados rusos a Cataluña, además de armas de guerra, para alentar una insurrección popular separatista que sería tanto como prender la llama de una segunda guerra civil en España. Hoy Gabriel Rufián llama a los putinianos catalanes “señoritos” que han jugado “a James Bond” con sus clandestinas idas y venidas al Kremlin. Al fin se da cuenta de que la izquierda democrática, y Esquerra lo es, debe estar lejos de esta gente. Más vale tarde que nunca.

Después, ya en plena pandemia, algunos grupos políticos extremistas simpatizantes con el trumpismo y el putinismo (las dos caras del nuevo totalitarismo globalizante del siglo XXI) se dedicaron a agitar las calles para tratar de derribar al Gobierno de Pedro Sánchez. Todo el país pudo verlo en directo. Una vez más, las siniestras fuerzas interiores se conjuraban para erosionar la democracia e instaurar movimientos autoritarios. Fueron los días de las revueltas callejeras de los “cayetanos” del barrio de Salamanca, protestas de clases acomodadas que con la excusa de que la libertad estaba amenazada por los decretos de confinamiento contra el coronavirus no buscaban más que deslegitimar al Gobierno de coalición para intentar derrocarlo súbitamente dándole un golpe blando. La fracasada moción de censura de Vox fue la escenificación definitiva de la convulsión en las calles.   

Hoy estamos asistiendo a un nuevo episodio de lo que el historiador y sociólogo estadounidense Christopher Lasch definió en su libro La rebelión de las élites y la traición a la democracia como una revolución de las clases adineradas y las jerarquías empeñadas en romper el pacto social y el consenso democrático. Espeluzna escuchar cómo uno de los portavoces autorizados de la Plataforma Nacional del transporte asegura que el presidente ucraniano Zelenski es un “nazi”, que Biden es un “baboso” reponsable del “sionismo satánico” y que la guerra en Ucrania es poco menos que un “cuento chino”. Ese mismo discurso de que Putin no tiene nada que ver con la inflación y la crisis en el precio de los combustibles es el que esgrimió Santiago Abascal en la pasada sesión de control en la Cortes, donde descargó sobre Sánchez, y no sobre el líder ruso, la nueva recesión que planea ya sobre nuestras cabezas.

Lo que vemos estos días, el llamamiento a “parar España” de un sector minoritario de los camioneros que bajo una protesta legítima como puede ser el aumento del precio del combustible y del gasóleo pretende bloquear el país entero –provocando el caos en sectores estratégicos como el lechero, el ganadero y el pesquero, rompiendo la cadena alimentaria y culminando el desabastecimiento de productos de primera necesidad en los supermercados– culmina un nuevo movimiento desestabilizador. Lo acaba de decir la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que ve la mano de la extrema derecha en estas agrias protestas, un chantaje calcado al que se llevó a cabo durante las manifestaciones de los “chalecos amarillos” en Francia, un ataque en toda regla contra el derecho elemental a la alimentación del pueblo orquestado por las oscuras fuerzas ultras y sus piquetes violentos.

A las puertas de una conflagración nuclear y con la población española traumatizada por una pandemia, este tipo de violenta agitación callejera despide un claro tufillo a Putin y a sus cómplices políticos en España. La guerra empieza a ganarse cuando el enemigo se divide, cuando se resquebraja la unidad y empiezan las disensiones. A río revuelto ganancia de populismos. O Sánchez se pone las pilas ya y apacigua los conflictos sociales, los fuegos que vayan surgiendo con la crisis internacional, o esto acabará mal. Que deje ya de dar vueltas con el Falcon por la frontera lituana de la OTAN y preste atención a estas otras guerras interiores, sociales, mucho más peligrosas para nosotros que la que se libra estos días en Ucrania.   

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