El pasado mes de abril, la Fiscalía de Delitos de Odio denunció a nueve profesores del INS El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) “por sus comentarios en clase criticando la actuación policial el 1-O, pese a la humillación que sabían que podían causar a alumnos hijos de agentes de la Guardia Civil”. Los profesores, a través de un comunicado al que ha tenido acceso Diario16, reivindican solidaridad con los docentes encausados .
El lunes de Sant Jordi se hacía pública a través de los medios de comunicación “la denuncia de la Fiscalía especializada en odio y discriminación de nuevo hacia nosotros, los docentes del INS El Palau de San Andrés de la Barca”. Según esta, los días 2 y 20 de octubre de 2017 algunos profesores del centro habían vejado a los hijos de guardias civiles por razón de su nacionalidad y denostado a los cuerpos de seguridad del Estado. Ni en la denuncia ni en la divulgación oficial que se hizo se tomó en consideración las declaraciones del profesorado realizadas en el mes de enero ante la Guardia Civil, que negaban tajantemente aquellas infundadas acusaciones, afirman.
Continua el comunicado en el que los profesores describen que los hechos del 1 de octubre dieron la vuelta al mundo y golpearon el país, y de ahí que el regreso a las clases el día 2 de octubre no fue un retorno convencional: en el instituto El Palau, como en muchos otros centros de Cataluña, los debates surgidos en las aulas sobre este tema se hacen partiendo de los valores que promueve y reivindica la escuela pública catalana y que el INS El Palau siempre ha hecho suyos: respeto, empatía, diversidad y espíritu crítico. Las expresiones que atribuye la denuncia a algunos docentes del centro no son ciertas y tergiversan varias intervenciones en las clases.
Además, afirman, “el día 2 de octubre, el profesorado del Palau que así lo deseó se sumó a la Convocatoria de parada de 15 minutos a las 12 horas ante las puertas del Instituto, por la Paz y la no violencia. Antes de las 12 horas, el profesorado acompañó el alumnado de la ESO al patio (que queda al otro extremo de la puerta de salida, sin comunicación visual con ésta), donde se encontraban unos docentes de guardia para efectuar la vigilancia del patio durante los 15 minutos. Los alumnos que se encontraban allí, permanecieron estos 15 minutos sin realizar ninguna actividad específica”.
El día 3 de octubre, continúan, el diario ABC publicó una primera noticia que hacía referencia a la supuesta gestión que el Instituto había hecho de las situaciones del día anterior. A partir del día siguiente, 4 de octubre, hicieron acto de presencia en la puerta del centro diferentes medios de comunicación, y empezó a difundirse un relato según el cual habría herido la sensibilidad de algunos alumnos.
“Aunque hasta el día de hoy no se ha registrado ninguna queja formal, ni en el centro ni a los servicios de inspección, el mismo 3 de octubre ya se activaron los mecanismos docentes habituales para generar espacios de encuentro entre alumnos, docentes, institución educativa y AMPA, con el objetivo de abordar la situación, contrarrestar el relato sesgado que se estaba proyectando y garantizar la intimidad del alumnado”.
“El día 27 de octubre, los Servicios Territoriales del Baix Llobregat respondían a los representantes sindicales en la Junta de Personal que la Inspección había llevado a cabo las pertinentes indagaciones y que no se había encontrado ningún indicio de actuación indebida”. “Asimismo, el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca convocaba las familias implicadas y el Director del Instituto a un encuentro al que las familias afectadas no se presentaron. El día 6 de noviembre, el Consejo Escolar – máximo órgano responsable del cuidado de la convivencia en el centro y en el que tienen representación el profesorado, las familias, los alumnos y el Ayuntamiento- aprobaba por asentimiento unánime un comunicado en el que se rechazaban las graves acusaciones contra el profesorado y se defendía la profesionalidad de los docentes”. “Nuestra indefensión, sin embargo, era total, aún más cuando se cita a declarar los primeros días de enero a los profesores del Palau ante la Guardia Civil”, denuncian.
Durante estos meses, “la presión comunicativa ha hecho mucho daño tanto al alumnado como a los docentes, que habíamos optado por no incentivar el debate público para dejar espacio a la dinámica educativa, priorizando por encima de la defensa hacia las críticas y la hostilidad que hemos recibido y continuamos recibiendo. Sin embargo, en lugar de archivar el caso, la Fiscalía ha impulsado el inicio de un procedimiento judicial tan desorbitado como inadecuado – utilizando los calificativos del Síndic de Greuges en su informe del 2 de mayo de 2018. Así, el día 24 de abril, tras la aparición en prensa de la denuncia de la Fiscalía, la asamblea de profesores decidió romper el silencio, manteniendo siempre la intimidad y el respeto de unos y otros”. “Tenemos derecho y es urgente defendernos de las críticas injustificadas, del cuestionamiento de nuestra profesionalidad y de la atribución de delitos que no han cometido”, reclaman.
“Pero, como era previsible, la divulgación de la denuncia y la posterior publicación de los nombres, apellidos y fotografías del profesorado afectado -(El Mundo 29/04/18)- se hizo eco en algunos medios de comunicación en clave de escarnio y de instrumentalización política, causante del señalamiento del profesorado implicado, pero también de los alumnos que se citan, dañando a toda la comunidad educativa. Aquella malintencionada divulgación ha desatendido a toda ética, al no respetar la presunción de inocencia y limitarse a una reproducción mecánica de la denuncia”, reprochan.
“Nos sentimos las víctimas de una campaña que pretende desacreditar el modelo educativo público catalán, atribuyéndole una función adoctrinadora y promotora de una división inexistente. Nuestro encausamiento, aparte de atemorizar a toda la comunidad educativa, busca convertirnos en símbolo de un supuesto quebrantamiento de la convivencia en Cataluña”, aseveran.
“A pesar de la energía y los medios desplegados para construir una acusación sin fundamento, las muestras de apoyo se multiplican, como en la concentración del 1 de Mayo convocada por ex alumnos a las puertas del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca y el acto con la lectura el día 10 de Mayo del comunicado de apoyo de padres y madres”, celebran. Concluyen el comunicado afirmando que “este procedimiento nos afecta a todos y todas y por eso os pedimos”:
– Que os solidaricéis con el profesorado de El Palau encausado.
– Que mostréis vuestro rechazo a la judicialización del problema.
– Que alcéis vuestra voz contra la presión y la criminalización de los y las docentes.
– Que reclaméis a las instituciones educativas y políticas la protección de nuestro profesorado.
– Que os suméis a detener la ofensiva contra la escuela pública catalana.
