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Los poderes económicos empiezan a exigir ajustes y recortes: para empezar, la mochila austríaca

La medida tendría un efecto inmediato: una nueva rebaja en el coste de la indemnización por despido

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El Gobierno de coalición va a tener que hacer frente a una dura ofensiva neoliberal en las próximas semanas. El déficit público se ha disparado como consecuencia del gasto social para hacer frente a los estragos de la crisis (la deuda total de España supera los 3 billones de euros por primera vez en la historia y roza el 270 por ciento del PIB) y a medio plazo nos tocará decidir qué hacemos con los 70.000 millones en créditos que nos proporciona Bruselas como Fondos Covid para la reconstrucción.

Recuérdese que a nuestro país le corresponden 140.000 millones en ayudas y subvenciones para reflotar la maltrecha economía. Más de 70.000 millones serán a fondo perdido y se van a adjudicar de forma inmediata a los diferentes proyectos (2021-2023), mientras que otra partida idéntica en créditos y préstamos se utilizará o no en función de que lo decida el Gobierno de turno en la próxima legislatura. La decisión aún no está tomada.

Pese a que el presidente, Pedro Sánchez, considera estas ayudas como una “gran oportunidad que solo sucede dos veces en un siglo” es evidente que entre gastos sociales y sanitarios el país se ha endeudado hasta los dientes y está al borde de la bancarrota. En ese contexto empiezan a surgir los primeros profetas del austericidio que ya aparecieron con la crisis del 2008 y que exigieron recortes drásticos en servicios públicos fundamentales como pueden ser la Sanidad y la Educación. Y ya sabemos cómo acabó aquello: con un daño irreversible al Estado de bienestar.

Hoy mismo, el Banco de España lanza un globo sonda sobre lo que nos espera. La institución destaca en su informe anual del año 2020 la “elevada desigualdad” que existe en las indemnizaciones por despido de los contratos temporales y los indefinidos, un problema que, a su juicio, se mitigaría si se reformara el coste el despido en España y se implantara la llamada “mochila austriaca”, lo que propone financiar con parte de los fondos europeos que recibirá España. La propuesta, recogida por la agencia de noticias Europa Press, es un serio toque de atención al Gobierno para que se vaya planteando las reformas estructurales que exige Bruselas para contener el gasto.

Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, ya ha anunciado la oposición de su sindicato a la medida.

España es un país con un mercado laboral obsoleto que está lastrando a más de una generación de jóvenes que no encuentran trabajo. Y ahora toca apretarse el cinturón. Entre las distintas opciones a considerar para reducir esa situación, el Banco de España señala los contratos con costes de despido crecientes o un sistema mixto que combine una reforma de los costes de despido con el establecimiento de la “mochila austriaca”.

Ésta consiste en un fondo en el que las empresas realizan periódicamente una contribución a nombre de cada uno de sus trabajadores, a los que se permite recuperar estas contribuciones en caso de pérdida involuntaria del empleo (despido o finalización de contrato) o, si no lo han hecho antes, en el momento de la jubilación. En caso de baja voluntaria del puesto de trabajo, el trabajador no perdería el importe acumulado en el fondo: se lo llevaría de “mochila” para seguir ampliándolo.

Como contraprestación a las contribuciones de los empleadores, la indemnización por despido se vería reducida. Y ahí es donde viene un nuevo recorte o tijeretazo a las conquistas laborales de los españoles en las últimas décadas.

Con el esquema actual, los ajustes de empleo recaen principalmente en los trabajadores temporales porque su despido es más barato. Además, la indemnización solo puede percibirse si el trabajador ha sido despedido, limitando su movilidad laboral, ya que si abandona voluntariamente el empleo, pierde la indemnización.

Así, el Banco de España subraya que la implantación de este fondo tendría ventajas a medio y largo plazo respecto a la regulación actual. En primer lugar, argumentan los expertos del banco, todos los trabajadores, sin excepción, acabarían recibiendo en algún momento de su vida el importe acumulado en su “mochila”, lo que supondría a su vez un incentivo a la movilidad laboral.

¿Quién paga la mochila?

Desde el punto de vista de las empresas, al tener que hacer aportaciones periódicas en lugar de pagar de golpe una indemnización por despido, la implantación de este fondo “permitiría suavizar en el tiempo posibles tensiones de liquidez”, apunta el Banco de España, que añade que, con este sistema, los despidos podrían fundamentarse en mayor medida sobre consideraciones de productividad y eficiencia que sobre sus costes.

Pero la propuesta puede tener truco. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, ya ha anunciado la oposición de su sindicato a la medida. “Si la mochila austríaca conlleva una reducción de la indemnización por despido, ya adelanto que nos opondremos. ¿Va a suponer que las empresas hagan una sobrecotización para, en vez de tener que pagar cada vez que despiden a alguien una indemnización, se vaya dotando un fondo para que ese gasto no se haga de golpe? Esto se puede hablar. El quid de la cuestión es quién pagaría la mochila. Porque el dinero no puede salir de más cotizaciones sociales, ni se puede detraer de la Seguridad Social, que acumula un déficit de 19.000 millones de euros”, asegura.

Pese a sus ventajas a medio y largo plazo, el Banco de España reconoce que la creación de un fondo que financie una parte de la indemnización en caso de despido puede resultar costosa, pues si se financiara con cotizaciones empresariales, como sucede con el fondo austriaco, las empresas soportarían un sobrecoste durante los primeros de vigencia del sistema al tener que abonar, simultáneamente, las nuevas cotizaciones y las indemnizaciones por despido. Tampoco la patronal parece estar por la labor.

Por ello, el Banco de España afirma que los recursos del programa Next Generation EU podrían ser utilizados para mitigar parcialmente el sobrecoste que asumirían las empresas durante la transición hacia el nuevo esquema y que cifra en unos 8.000 millones de euros tomando como referencia el periodo 2013-2016. El problema es que esos 8.000 millones se antojan fundamentales para otros sectores del Estado de bienestar, como que la Sanidad siga funcionando, se dote de recursos a la escuela pública y se pueda acometer la transición ecológica.

“Un uso de los fondos de este programa europeo para este fin estaría en línea con las condiciones establecidas en el reglamento de la Comisión Europea, que indica que las reformas financiables con estos fondos deben ayudar a potenciar el crecimiento o a mejorar la sostenibilidad económica o medioambiental”, apunta el Banco de España, que recuerda que en dicho reglamento se citan expresamente, como ejemplos admisibles, las reformas en el sistema de pensiones o en el mercado de trabajo. Vienen tiempos difíciles para la clase trabajadora.

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