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Los pensionistas perderán 2.363 millones al año si no se revalorizan las pensiones conforme al IPC

El sindicato UGT critica duramente el informe publicado por FEDEA, que pretende dar la impresión de que el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es imposible porque su coste es descomunal

Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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Cada año los pensionistas actuales perderán 2.363 millones de euros si no se revalorizan sus pensiones conforme al IPC. Estos datos se desprenden del informe ¿Cuánto cuesta actualizar las pensiones con la inflación? publicado por FEDEA. El informe pretende dar la impresión de que el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es imposible porque su coste es descomunal, y quiere ser un nuevo intento de presionar al Gobierno para que no revalorice las pensiones según el IPC.

Pérdida a lo largo de la vida del pensionista

Esta pérdida se arrastraría a lo largo de la vida de cada pensionista. Si se diera el caso de que se suspendiera definitivamente la revalorización con el IPC (y se volviera al 0,25% del IRP), los pensionistas actuales perderían 327.000 millones de euros de renta real en 30 años. O, dicho de otra forma, esa sería la pérdida acumulada de poder adquisitivo de sus pensiones (según los cálculos de FEDEA). A esto hay que añadir los efectos sobre los nuevos pensionistas que se jubilan cada año y que no han sido sumados en el cálculo.

Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma de 2013 del sistema público de pensiones español ha sido la introducción de un índice de revalorización (el llamado IRP) que ligaba la actualización de las pensiones, una vez causadas, a la situación financiera de la Seguridad Social, abandonando así la referencia tradicional a la inflación medida por el índice de precios al consumo (IPC).

Dada la impopularidad de la medida, una vez la inflación comenzó a repuntar tras el fin de la crisis, no se tardó demasiado en suspenderla provisionalmente. En la actualidad, parece existir un amplio consenso entre los principales partidos para derogarla definitivamente, volviendo a la indexación general de las pensiones al IPC.

FEDEA, con su informe, pretende ser un nuevo intento de presionar al Gobierno para que no revalorice las pensiones al IPC

A juicio del sindicato UGT, el Informe ¿Cuánto cuesta actualizar las pensiones con la inflación?, firmado por Ángel de la Fuente y publicado por FEDEA, pretende dar la impresión de que el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es imposible porque su coste es descomunal. Para ello utiliza un mecanismo tan simple (y manipulador) como carente de significación económica: acumular a lo largo de muchos años una determinada cifra de gasto para que dé como resultado una cifra enorme. Lo cual produce un efecto de ‘ilusión monetaria’ totalmente engañoso. Tanto como la falsa sensación de riqueza que se obtendría de sumar durante 30 años magnitudes como el valor de la producción total del país (el PIB) o la renta nacional. Se trata, por lo tanto, de un subterfugio un tanto pueril.

Tiene, además, una clara falla: son todas las magnitudes, y no solo el gasto en pensiones, las que crecerán a lo largo de los próximos 30 años, por tanto, lo que cuenta es la relación entre ellas.

El gasto total sería del 13,4% del PIB, según AIREF

Según cálculos de la AIREF, en realidad, mantener el 0,25% del IRP en lugar del IPC (con una inflación del 1,8% anual) supondría recortar el poder adquisitivo de los pensionistas, su renta real, en el equivalente a 2,1 puntos del PIB de forma creciente de aquí a 2048.

En términos de gasto en pensiones sobre el PIB, mantener el poder adquisitivo de todas las pensiones durante todos los años no es en absoluto inasumible. El gasto total previsto por la AIREF (Opinión 1/19, remitida al Gobierno, sobre la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social) para el año 2048 (momento del máximo nivel de jubilados), incluyendo la revalorización con el IPC, sería del 13,4% del PIB y estaría por debajo de al menos 10 países de la UE. La AIREF, además, en lugar de realizar cálculos que inducen a una sensación catastrofista acerca de una imaginaria insostenibilidad del sistema de pensiones, propone medidas de corto y medio plazo que podrían reducir incluso esos niveles de gasto sin dañar el poder adquisitivo de las pensiones.

Por último, aparte de las tremendas consecuencias para los pensionistas, el recorte continuado de poder adquisitivo tendría unas repercusiones extremadamente negativas sobre la economía (informe AFI, autor José Antonio Herce):

Las medidas de recorte de las pensiones, como el 0,25% y el Factor de Sostenibilidad ocasionarían que en el año 2035 hubiera:

Un 3,7% menos de empleo en el conjunto de España.

Un PIB un 3% inferior al que se tendría sin recortes.

Y en el periodo de aquí a 2035:

Se perderían 20.000 millones de euros de renta y de producción anual.

El PIB en cada uno de esos casi veinte años sería en promedio un 1,5% inferior al que se obtendría sin los recortes.

El empleo, asimismo, caería un 1,6% anual.

Y se perderían como media anual 330.000 empleos.

Para el sindicato, “estamos ante un nuevo intento de presionar al Gobierno, a las fuerzas políticas, a las organizaciones sindicales y a los propios pensionistas para evitar que se garantice el poder adquisitivo”. UGT hace un llamamiento “al Gobierno para que adopte medidas como las propuestas por la AIREF, en línea con las reiteradas durante 2 años por los sindicatos, y asegure, con cifras claras, que el sistema público de pensiones no tiene problemas de sostenibilidad, ni ahora ni en el futuro, cuando aumente el número de pensionistas por la jubilación de la generación del baby boom. Se impediría así que informes como este produzcan una deplorable e injustificada inquietud de los pensionistas presentes y de los actuales trabajadores −jóvenes y mayores− que serán los jubilados de las próximas décadas”, han señalado en una nota.

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