La Unión de Jubilados y Pensionistas del sindicato (UJP-UGT) y la Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Prejubilados y Jubilados de Telefónica (CONFEDETEL), han enviado una carta al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Reclaman “una reforma legislativa que incorpore a la Ley General de la Seguridad Social una solución justa. Y repare la injusticia que venimos sufriendo los jubilados y jubiladas anticipadas (pasados y presentes), por lo injusto y excesivo de los coeficientes reductores aplicados”.
No pueden esperar y reclaman al Gobierno eliminar las reducciones a las pensiones de más de 40 años de cotización. Ambas organizaciones reclaman una modificación de la ley para la actualización de las pensiones de jubilación de los afectados por ERE’s y despidos masivos.
Un agravio comparativo
En la carta señalan que “esta situación supone un agravio comparativo, ya que el mayor esfuerzo de cotización de las largas carreras no se vio recompensado a la hora de la jubilación. Muy al contrario, en los casos de anticipar la jubilación en contra de la voluntad de la persona pensionista. A sus pensiones contributivas se les aplica elevados coeficientes reductores que van desde el 6% al 8% por año de adelanto. Esto supuso un recorte de hasta el 40% en la pensión de por vida para los jubilados y jubiladas afectadas”.
Todo empezó a partir de mitad de los 90. Telefónica y otras muchas empresas con importantes beneficios en su cuenta de resultados, pusieron en marcha ajustes de plantilla con el fin de hacer frente, según su versión, a la liberalización de los distintos sectores, que un nuevo marco competencial establecía.
Hace meses trasladaron al Gobierno, y a la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, la exigencia de “que las carreras de cotización por encima de los 40 años generen una pensión digna y sin recortes”.
Mayores de 55 años
La reducción de empleo se tradujo en reestructuraciones de plantilla, mediante numerosos despidos colectivos con extinción de contratos por “causas económicas, técnicas, organizativas o de producción”.
Consecuencia de ello fueron decenas de miles de trabajadores afectados que se jubilaron o se jubilarán de forma anticipada con coeficientes reductores injustos. Estos son impuestos a trabajadores con largas carreras de cotización, procedentes de dichos despidos colectivos y sucesivos Expedientes de Regulación de Empleo, “ERE´s”, siempre a iniciativas de las empresas de sectores como la naval, la siderúrgica, la banca, etc.
Estos trabajadores pasaban a situación de prejubilados con una edad que iba desde los 52 a los 61 años. Son obligados a extinguir su relación contractual con la empresa, sin expectativas de ingresar de nuevo en la vida laboral activa. Quedando a la espera de percibir una pensión de jubilación a la edad reglamentaria.
Esta penalización fue del 8% por cada año adelantado, para aquellos mutualistas que se tuvieron que jubilar con 60 años de edad. Una reducción total de su pensión de un 40% sin que se tuvieran en cuenta sus largas carreras de cotización. Mientras que varía entre un 7,5% y un 6% anual para los que fueron despedidos por ERE’s, según sea su cotización acreditada menor de 38,5 años o mayor de 44,5 años.
El informe
El tan esperado informe, que había pedio la recomendación 12 de los acuerdos del Pacto de Toledo, y que ha sido enviado a dicha comisión el 30 de julio, con seis meses de retraso, les “parece una farsa”. Deja todo igual, ya que en las conclusiones finales se les sigue ignorando, haciendo caso omiso a susdemandas. “Antes al contrario, está enfocado para llegar a las susodichas conclusiones de dejar sin solución una vez más nuestras justas demandas”, han señalado en la misiva.
CONFEDETEL, junto con la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT defienden que se tenga en cuenta “que son trabajadores que en la mayoría de los casos han cotizado más de 40 años. Estamos hablando de una gran injusticia”.
La injusticia
Ante esta injusticia, “piden que se realicen las modificaciones necesarias en la Ley de la Seguridad Social con el fin de que a todos los trabajadores ya jubilados anticipadamente, procedentes de despidos colectivos por ERE’s, despidos involuntarios masivos a iniciativa e instancias de las empresas, y no por voluntad ni libre demanda de los afectados, y que ya han cumplido 65 años con cotizaciones iguales o superiores a 40 años, se le actualice la pensión sin coeficientes reductores. Y que se contemple una reducción progresiva de los mismos cuando los años cotizados sean entre 35 y 40 años”.
Ambas organizaciones quieren subrayar que en ningún caso piden “la retroactividad de atrasos”. Lo que sí exigen “es que se actualice la nueva pensión de jubilación de los afectados a partir de la promulgación de la modificación de la normativa”. Será un acto de justicia largamente reclamado.
Cláusula de Salvaguarda
Por último, piden también “la eliminación definitiva de la limitación temporal para el acceso a la jubilación involuntaria de la Cláusula de Salvaguarda. Esta está referida en la Disposición Transitoria 4ª, punto 5 de la Ley General de la Seguridad Social. Y la reclaman para los trabajadores despedidos por Expedientes de Regulación de Empleo o acuerdos colectivos aprobados antes del 1 de abril de 2013. Dicha Cláusula de Salvaguarda, contemplada en la ley 27/2011, se le puso fecha de caducidad 31/12/2018 por RDL 05/2013 de 15 de marzo, y que tras dos prórrogas anuales sucesivas por el gobierno actual sigue estando dicho límite en el 1 de enero de 2021”, señalan ambas organizaciones.
Tienen la esperanza “de que en los trámites parlamentarios que tendrán lugar en el Pacto de Toledo y en el Congreso de los Diputados”. Además esperan que los grupos parlamentarios “sigan apoyando nuestras reivindicaciones y presenten las enmiendas necesarias a fin de enmendar tal injusticia”.
Desde la unión de jubilados y pensionistas de UGT (UJP-UGT) y desde Confedetel, no van a permitir ¡que se nos siga ignorando. Son muchos años ya esperando la solución. Muchos compañeros nos van dejando año tras año, después de vivir con una pensión injusta e insuficiente y sin ver reconocidos sus derechos”.
Ambas organizaciones no están dispuestas a seguir esperando. Queremos una solución YA.
