El informe Guerras Fiscales que ha presentado esta mañana Oxfam Intermón pone a 15 paraísos fiscales en el epicentro de una tendencia cada vez más peligrosa, donde las rebajas tributarias a grandes empresas arrastran a todos los países a ofrecer condiciones fiscales cada vez más ventajosas sólo para una minoría de empresas.
Esta lista según Oxfam Intermón la encabezan, por orden de importancia: (1) Islas Bermudas, (2) Islas Caimán, (3) Países Bajos, (4) Suiza, (5) Singapur, (6) Irlanda, (7) Luxemburgo, (8) Curazao, (9) Hong Kong, (10) Chipre, (11) Las Bahamas, (12) Jersey, (13) Barbados, (14) Mauricio e (15) Islas Vírgenes Británicas. Cuatro de los territorios identificados –Islas Caimán, Jersey, Bermudas e Islas Vírgenes Británicas– son, además, responsabilidad del Reino Unido, país que, sin embargo, no figura en la lista.
Los paraísos fiscales ya no son sólo lejanas y exóticas islas, están en pleno corazón de la Unión Europea.
Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, señala que “los paraísos fiscales se han convertido en una vía de escape para grandes empresas que consiguen reducir su contribución fiscal al mínimo, pero priva a los países en los que operan de recursos vitales que legítimamente les corresponden”. La competitividad de las grandes empresas no se puede construir, añade, “a costa de hacer pagar la factura a la ciudadanía. Se está fomentando un sistema económico peligrosamente desigual que arrebata a millones de personas la posibilidad de aspirar a una vida mejor».
Muchos de los países incluidos en la lista se han visto implicados en escándalos fiscales. Por ejemplo, Irlanda acaparó los titulares de la prensa internacional cuando se descubrió un acuerdo fiscal entre el Estado irlandés y Apple que ha permitido al gigante tecnológico pagar durante años un tipo impositivo efectivo del 0,005% en el impuesto de sociedades en el país. Asimismo, las Islas Vírgenes Británicas acogen a más de la mitad de las 200.000 empresas offshore creadas por Mossack Fonseca, el bufete de abogados en el centro del escándalo de los papeles de Panamá.
“La competitividad de las grandes empresas no se puede construir a costa de hacer pagar la factura a la ciudadanía”
Precisamente hoy comienza el juicio de apelación por el escándalo Luxleaks en Luxemburgo. Antoine Deltour y el resto de los acusados sacaron a la luz acuerdos negociados por las autoridades fiscales luxemburguesas que permitieron a empresas multinacionales eludir el pago de millones de dólares en impuestos. Oxfam exige que se proteja y no se persiga a los acusados. Luxemburgo es el séptimo paraíso fiscal más agresivo del mundo.
Las repercusiones en la ciudadanía
La evasión y elusión fiscal por parte de las grandes multinacionales a través de paraísos fiscales cuesta a los países pobres al menos 100.000 millones de dólares cada año en ingresos fiscales, dinero suficiente para garantizar el acceso a una educación para los 124 millones de niños y niñas sin escolarizar o servicios sanitarios que podrían evitar la muerte de al menos seis millones de niños y niñas cada año.
El déficit anual total de financiación nacional para lograr la universalización de la educación preescolar, primaria y secundaria en países de renta baja y media es, según la UNESCO, de 39.000 millones de dólares al año. Con 32.000 millones de dólares se podrían financiar servicios sanitarios básicos que podrían salvar la vida de seis millones de niños y niñas en todo el mundo cada año
Además, las bases fiscales también se estrechan hasta hacerse irrelevantes en algunos países. Se ha disparado la aplicación de ventajas fiscales ineficientes y nocivas, especialmente en los países en desarrollo, como las patent box o innovation box: un gran agujero fiscal que realmente no genera innovación sino que desvía únicamente beneficios y activan una competencia desleal e imprudente. Por ejemplo, en un país como República Dominicana, estas prácticas llegan a representar hasta el 70% del presupuesto de salud.
“Para contrarrestar la caída en la contribución fiscal a las empresas, los Gobiernos optan por pasar la factura a los trabajadores y familias. Para equilibrar las cuentas solo queda como opción recortar el gasto público o subir impuestos como el IVA, que recaen más desproporcionadamente sobre las personas más pobres”, añade Ruiz. Así, mientras el tipo nominal en el impuesto de sociedades ha caído 0,8 puntos porcentuales en los países de la OCDE entre 2007 y 2014, se compensó en parte con un aumento medio de 1,5 puntos en IVA general entre 2008 y 2015.
España
En España en lo que va de año estos 15 territorios representan ya el 67% de la inversión bruta que llega y han multiplicado prácticamente por tres los flujos de destino con respecto a 2015. La inversión desde Países Bajos es 46 veces superior a la que llega desde Estados Unidos. Sin embargo, tan solo 3 de estos territorios (Islas Bermuda, Islas Vírgenes Británicas y Mauricio) permanecen en la lista oficial española de paraísos fiscales. El resto de territorios nunca han estado en ella (Suiza) o han ido saliendo con apenas firmar un convenio de intercambio de información fiscal del que no hay evidencias de su efectividad. Sin embargo, casi la mitad de las filiales de empresas del IBEX35 en paraísos fiscales también han optado por localizarse en alguno de estos 15 territorios fiscalmente más agresivos. La legislación española es claramente insuficiente a la hora de abordar la lucha contra los paraísos fiscales.
La evasión a paraísos fiscales supondría el dinero suficiente para garantizar el acceso a la educación para los 124 millones de niños y niñas sin escolarizar
Oxfam Intermón hace un llamamiento a todos los gobiernos para que trabajen juntos con el fin de combatir la evasión y elusión fiscal y la carrera a la baja en el impuesto de sociedades. En España, la organización pide en su campaña No al Escaqueo una Ley contra la Evasión y Elusión Fiscal como prioridad de todos los grupos políticos que obligue con urgencia al Gobierno a recuperar mayor equidad en el sistema tributario español al cerrar todos los resquicios de la elusión fiscal, deshacer privilegios, incrementar la transparencia y la rendición de cuentas, dotar de recursos urgentes a la administración, impulsar una contratación pública fiscalmente más justa y, de manera urgente, revisar la definición de los paraísos fiscales. El Gobierno español acaba de anunciar medidas encaminadas a que las grandes empresas contribuyan más a los ingresos fiscales pero son medidas aún insuficientes porque siguen dejando de lado la lucha contra los paraísos fiscales.
Tanto la Unión Europea como el G20 se han comprometido a elaborar «listas negras» de paraísos fiscales para restringir la evasión y elusión fiscal corporativa. Sin embargo, no utilizar criterios objetivos y exhaustivos para la elaboración de estas listas podría dejar fuera a algunos de los paraísos fiscales más agresivos del mundo. La Unión Europea está planteando no incluir la aplicación de tipos del 0% en el impuesto de sociedades como uno de los criterios a tener en cuenta, lo que podría excluir de la lista a las Bermudas, el paraíso fiscal más agresivo del mundo. Asimismo, está claro que no se incluirá en esta lista a ningún país europeo, a pesar de que el análisis de Oxfam indica que Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo y Chipre están entre los paraísos fiscales más agresivos del mundo. Los criterios del G20 para elaborar su «lista negra» serán aún más endebles puesto que solamente hacen referencia a la transparencia financiera.
Nota:
El documento sobre la metodología que Oxfam Intermón ha utilizado para elaborar la lista de los paraísos fiscales más agresivos del mundo está disponible aquí. Estos territorios son los peores paraísos fiscales del mundo porque cuentan con legislaciones que permiten a grandes empresas rebajar al mínimo su contribución fiscal. Para elaborar esta lista, Oxfam Intermón ha identificado 22 criterios bajo 6 indicadores principales: la escala de su participación en la optimización fiscal mundial; un impuesto nulo o muy bajo en el impuesto de sociedades, en particular cuando llega al 0%; la agresividad de la oferta de ventajas fiscales como las patent box o deducciones de intereses nacionales; la aplicación de una tributación en fuente (sobre dividendos, intereses o royalties) o el compromiso por asumir las iniciativas internacionales contra la evasión y elusión fiscal (incrementar la transparencia financiera, por ejemplo).
