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Los países de la OCDE protegen a las multinacionales ocultando datos de una evasión fiscal de 312.000 millones anuales

El papel de la OCDE, un club de miembros de los países ricos y el principal organismo mundial de elaboración de normas sobre la fiscalidad mundial es clave en la ingeniería que ha debilitado la medida de transparencia en cuestión. En un momento en que las personas y las economías de todo el mundo sienten la presión de la crisis mundial de inflación, los gobiernos deben dejar de encubrir a los evasores y elusores del impuesto de sociedades y recuperar el dinero público que se necesitan con urgencia

José Antonio Gómez
José Antonio Gómez
Director de Diario16. Escritor y analista político. Autor de los ensayos políticos "Gobernar es repartir dolor", "Regeneración", "El líder que marchitó a la Rosa", "IRPH: Operación de Estado" y de las novelas "Josaphat" y "El futuro nos espera".
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análisis

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Los países más desarrollados del mundo están sometidos a los intereses de las multinacionales y están dispuestos a perder cientos de miles de millones de euros para mantenerlas en su territorio.

Al menos un 25% del total de impuestos que las multinacionales han dejado de pagar a través del uso de paraísos fiscales podrían recuperarse si se publicaran datos que los gobiernos mantienen ocultos al pueblo desde al menos 2016.

Han sido las propias grandes corporaciones las que han presionado para que se mantenga la restricción a unas medidas de transparencia fiscal, adoptadas hace un tiempo, y a mantener en el anonimato las identidades de las empresas multinacionales que confiesan haber trasladado sus beneficios a los paraísos fiscales.

Esto está provocando que los gobiernos renuncien cada año a una recaudación de, al menos, 89.000 millones de dólares anuales que las multinacionales deberían haber pagado por concepto del impuesto de sociedades.

En un momento en que las personas y las economías de todo el mundo sienten la presión de la crisis mundial de inflación, los gobiernos deben dejar de encubrir a los evasores y elusores del impuesto de sociedades y recuperar el dinero público que se necesitan con urgencia.

El papel de la OCDE, un club de miembros de los países ricos y el principal organismo mundial de elaboración de normas sobre la fiscalidad mundial es clave en la ingeniería que ha debilitado la medida de transparencia en cuestión.

Esta medida fue acogida por el G20 quien encargó a la OCDE en 2013 la elaboración de una norma internacional para la presentación de informes país por país. Sin embargo, en lugar de exigir a las empresas multinacionales que hicieran públicos esos informes, como pedían los defensores de la medida de transparencia, la OCDE permitió a las empresas multinacionales revelar sus informes de forma privada a sus gobiernos que, a su vez, debían anonimizar los documentos antes de compartirlos con la OCDE, quien luego agregaría y haría públicos esos datos.

Cerca de 50 países han recogido de forma privada más de 15.000 informes por país de empresas multinacionales. Hasta ahora, la OCDE solo ha publicado agregados anonimizados de estos documentos en dos ocasiones, en 2020 para los datos recogidos en 2016 y en 2021 para los de 2017. La OCDE no publicó la última serie de datos anonimizados en julio de este año, que habría comprendido datos recogidos en 2018.

El análisis de los datos anónimos de la OCDE genera cifras interesantes a la hora de calcular cuántos impuestos pierde cada país del mundo por el traslado de los beneficios de las empresas multinacionales a los paraísos fiscales.

Los gobiernos de todo el mundo perdieron 312.000 millones de dólares en impuestos en un solo año por culpa de las empresas multinacionales que trasladaron sus beneficios a los paraísos fiscales. Sin embargo, el carácter anónimo de los datos impide identificar a las grandes corporaciones que trasladaban sus beneficios y, por tanto, pagaban menos impuestos.

Si la OCDE no hubiera negado el propósito de la medida de transparencia al exigir a los gobiernos que concedieran el anonimato a las empresas multinacionales, se podrían haber reducido sus pérdidas anuales de impuestos de sociedades a los paraísos fiscales en, al menos, un 28%. Esta reducción habría supuesto la recaudación mínima de 89.000 millones de dólares de los 312.000 millones en impuestos de sociedades que los gobiernos pierden anualmente.

Los datos demuestran que la introducción de requisitos de información país por país ha aumentado los impuestos pagados por las empresas declarantes, pero el impacto de la medida disuasoria es más del doble de eficaz cuando se exige que la información se haga pública.

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