El centro más veraz del verdadero acuerdo entre Rajoy y Rivera ha sido consensuar la aceptación de la corrupción. Entre la “mala praxis”, el “meter la pata” o la exclusión de Bárcenas del acuerdo, se nos han quedado los recortes en el AVE, del que el accidente de Santiago es una consecuencia, o los muertos por desatención médica en el conjunto del Estado, o de todos los “sobres” y “sobrecostes” que hemos terminado pagando los españolitos en las obras públicas o, para englobar, el consolidar el próximo avance en los recortes que taparán su ineficacia en el gobierno. Recortes que no son sólo económicos, también en derechos, libertades y cambios en la arquitectura de las instituciones que nos rigen. Si eso no es construir una distopía democrática, más cercana a la “Metrópolis” de Lang, le pido a usted, estimada persona que lees esto, que me demuestres que falto a la verdad.
Por tanto, establezcamos que por distopía o antiutopía, debemos entender a una sociedad ficticia indeseable en sí misma. Esta sociedad distópica suele ser introducida mediante una novela, ensayo, comic, producto audiovisual, video juego… o, en nuestro caso, un pacto de gobierno.
A los desmemoriados, a los desinformados, o a los que contribuyen a sostener que permitir que gobierne Rajoy es por el bien de España, les pregunto: ¿sinceramente lo creen, o les interesa que se prosiga profundizando en este modelo empobrecedor? No creo que nadie, excepto que sea un ingenuo o un imbécil, lo asuma por convicción.
Para un Estado el crecimiento no es suficiente. Se requiere el desarrollo y la compensación justa por los esfuerzos realizados por todos los que lo configuran. El conocer que el número de horas trabajadas y no cobradas, alcanzó en 2015 su máximo desde 2008, fecha en la que los síntomas del estallido de la crisis se hicieron notables, es una prueba del despojo. Cada semana de ese año se trabajaron una media de 3,5 millones de horas, todas fuera de la jornada laboral que no se retribuyeron. Esto implica que se contrata por menos horas de las realmente trabajadas. Más de la mitad de todas las horas extraordinarias no fueron abonadas. Estos son los datos de una Encuesta de Población Activa (EPA) de principios de 2016. Lo más trágico, distópico diría yo, fue que se hizo posible por el texto de la denominada reforma laboral. Además, es que esto ocurrió con menos horas trabajadas y menos personas ocupadas que siete años atrás. Todo este panorama no habla a favor de aquellos que se dicen preocupados por “crear empleo”. La servidumbre ha regresado y la derecha de siempre está muy satisfecha con ello. Mientras, seguimos sumidos en una situación objetiva conocida como “deflación”. Tenemos a la economía española en un estado de hipotermia, en cuanto a su actividad y creación de riqueza. Nos están consumiendo.
La función reguladora del Estado fracasa cuando se obtienen estas mediciones. De aquí, el aceptar esta micro corrupción como el mal menor de no tener empleo, nos lleva a concebir el consenso de la macro corrupción que parece llenar cientos de miles de folios de los procesos judiciales correspondientes, y buena parte de la deuda que nos han atribuido. Circunstancia que los firmantes del acuerdo consiguen que sea sólo otra distopía. Estos, parecen desconocer que es la Justicia como institución la que debe sentar jurisprudencia, que ya existe, y aplicar la ley en materia de corrupción. En modo alguno es atribución de los políticos el definir el significado y alcance de la actividad corruptora.
Tampoco podríamos decir que los liberales sean reales. Mucho menos cuando reclaman que el Estado, es decir todos, y en contradicción con el propio concepto de liberalismo, siga transfiriéndoles los recursos del conjunto de nuestros impuestos del trabajo, para que sigan incrementando sus beneficios empresariales, generalmente en régimen de monopolio o con las penalizaciones que estamos sufriendo en los diferentes rescates que se han querido aplicar a los contratistas de ese Estado. Por la misma senda transitan las aseguradoras y constructoras en materia de jubilaciones privadas y contratación privada de los servicios de la salud y la dependencia.
Tampoco se exime la educación. Según el estudio Cuentas de la Educación en España 2000-2013 elaborado por la Fundación BBVA y el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones económicas.), la financiación del Estado a la educación pública por cada alumno se ha resentido tanto desde el inicio de la crisis que, entre 2008 y 2013, se destruyeron todos los avances conseguidos desde el año 2000. Por el contrario, como es lógico, los gestores del modelo liberan fondos para la educación privada. La financiación ha seguido aumentando pese a la crisis.
Es obvio que quieren “profundizar” en los recortes y en el empobrecimiento de España. Esto lo defienden desde las entrañas de FAES y de la línea más dura de nuestro neoliberalismo “panameño”. Eso es lo que representan los 170 diputados del acuerdo. No son mayoría. La realidad, es que la mayoría, por una razón o por otra, suma una opción que está más cerca de la utopía. Concepto este que supone tender a una expectativa que, aún cuando jamás se realice, nos hará mejores.
Entre la variedad de enunciados del pacto, me llama la atención cuando los cachorros del Ibex llaman “ayuda” salarial a una consolidación de la pobreza.
¿Tú qué prefieres, apoyar utopías o distopías?
