Observo con extrema precaución un virar de las ideas que me resulta angustiante. Yo vivo donde vivo sin plan, quiero decir que soy consciente de lo aleatorio que tiene decir eso de “mi tierra”; nunca he considerado más patria que el legado cultural del que soy heredero y no voluntariamente. Si alguien me acusare de “pro…” lo que sea, creo que no estaría entendiendo lo que digo… o no me explico con claridad.
El independentismo catalán ha conseguido algo muy grande, creo que una mayoría del personal sensato de esta península sabe que no sólo es nacionalismo sino hartazgo cabal y que quien quiera tiene derecho a defender su idea de cómo ha de ser su país, es decir que si independencia antes sonaba a teología ahora es una posibilidad, difícil, de remota solución pero visible en un horizonte discutible y real.
Cosa distinta es si existe una mayoría que considere la pragmática de este deseo cuando se sitúa fuera de nuestro marco legal actual, la hipóstasis de Catalunya será legal o no será: y esto lo sabe todo en el mundo en España y fuera de España, y lo saben los políticos catalanes perfectamente, por una cuestión muy sencilla: por encima del respeto a la autodeterminación (sea ésta lo que fuere) el Estado español tiene la obligación de garantizar los derechos individuales de toda su ciudadanía y de la población transeúnte y eso incluye el uso legal de la fuerza; el cómo vendrá determinado por la prudencia de quienes estén al cargo.
Empiezo a tener la impresión de que nuestra estupidez política, después de pagar con impuestos los sueldos y los materiales de las instituciones públicas armadas, nos está llevando a descubrir que las porras de la policía o las armas de los militares hacen daño. Precisamente es por ello que sólo el Estado, la Ley, tiene la prerrogativa de usar la coerción, no porque eso garantice una exactitud quirúrgica sino para evitar que la calle sea el “Wild Wild West” del cine cutre estadounidense. “Hobbes dixit”.
Pude y puedo tener toda la antipatía contra el PSOE y el PP, los partidos que han gestionado la mayor parte de nuestra reciente democracia; puedo y pude tener toda la simpatía con la idiosincrasia vasca, pero jamás pude, puedo ni podré atisbar una mínima justificación para secuestrar o dar un tiro en la nuca a nadie, a nadie. Yo asumo los defectos de la democracia, es un sistema esencialmente corrupto, pero permite la expresión libre o pelear por ella, de hecho usted que se ofusca y no se cree lo que le digo me está leyendo con total independencia de su entorno: esto es la libertad política.
Oigo estupefacto entrevistas, declaraciones, discursos, encuestas, opiniones… y se deslizan en el fragor de las respuestas calientes el mismo tipo de argumentos calculadamente ambiguos que me repugnaban en los tiempos de ETA: las condenas a la violencia “venga de dónde venga”; la petición de valoración del contexto para entender la virulencia de la protesta; la construcción del Gran Opresor para justificar una rebelión justa; la exaltación de un ideario que (“esto no gusta a nadie”, dicen) ejerce el “sacrificio” de estar por encima del valor de la dignidad y la seguridad individuales; la actividad de personalidades y partidos que sin apoyar explícitamente la violencia dan a entender la misma como inevitable, como una herramienta no buscada pero que demuestra la razón que se tiene (en un alambicado razonamiento que parte de: “Fíjate cómo estaré de jodido que yo, un pacifista de toda la vida, te voy a tener partir la cara y no quiero”); políticas que más allá del sentido común de asumir la protesta y sus consecuencias de forma esporádica y legal (como impedir la movilidad o los derechos de quien no quiere participar) apoyan su conversión en un sistema de desgaste permanente; o peor aún: comprender los ánimos de venganza de una juventud que ha visto la violencia del Estado “ilegítimo” contra sus mayores y, heroica toda, ahora encuentra su momento de venganza que nadie quiere pero…
El Estado español-catalán actual tiene la obligación de investigar los excesos sus cuerpos de seguridad a la hora de usar legalmente la fuerza como garantía de la legalidad, sin duda. Pero violencia sólo puede ser la de quien está fuera de la Ley, porque si no llamamos exclusivamente a esto “violencia”: estamos deslegitimando todo cuanto constituye el marco de convivencia que disfrutamos, el menos cruento de cuantos se han sufrido en esta península (y los archipiélagos asociados) en todos los tiempos de los que tenemos algún tipo de noticia histórica, sin que signifique esto eludir sus defectos y miserias.
Lo digo de otra forma más bestia y para que se entienda, sin ánimo de encender más sino de adquirir consciencia del fuego con el que estamos jugando: o paramos y nos reducimos a las palabras, o estamos declarando un Estado de Guerra que justificará a quien quiera justificarse a sí mismo: cualquier cosa, incluidas las conocidas barbaridades por las que el ser humano es susceptible de la repulsa más indecorosa. Si el Estado no es legítimo, si la Ley es injusta y no se tiene por qué cumplir y la policía trabaja para la opresión: ¿qué nos falta para legitimar el enfrentamiento en las calles e, incluso, convertirlo en ardor guerrero-ético para los héroes de la liberación de la nueva patria?
Insisto, si usted puede leer esto: no está en una dictadura. La cabeza es para pensar, no para dar cabezazos. La mortecina, cuando no interesada, intelectualidad catalano-hispana deber saber que si no ponemos esto sobre blanco, y es nuestro compromiso humanístico por la Paz: será (seremos) cómplices de un crimen ahora mismo incalculable. Los colaboracionistas siempre creen estar en el “bando”, en el lado acertado de la construcción de los muros… A debatir. Paz.
